Muchísima plata gastada en esto. Sí, suena paradójico que coincidan en un mismo año la creación de la Agencia encargada de defender al Estado y la plata que ha tenido que pagar la Nación por cuenta de las mismas causas judiciales. Sin embargo, ¿qué podemos pedirle en un año a una institución recién creada? Primero debía diseñarse toda una compilación de las demandas, analizar las principales que adelanta la ciudadanía, las causas, las fórmulas en las que el Estado, tan sólo a un nivel de litigio, está fallando. Y esa tarea no es fácil, ni mucho menos. Más cuando en Colombia existe —por parte y parte— una cultura jurídica tan particular, sumada a eventos como los desfalcos de las pirámides, que en muchos casos se dieron en contra de personas ignorantes que no conocían el alcance de sus actos.
La Agencia, en suma, no tiene la culpa. En primera medida, la que informa acerca de esta realidad nada alentadora (el Estado se defiende por demandas que ascienden a la bicoca de 214 billones de pesos) es la Agencia misma, probablemente haciendo un ejercicio de autocrítica y conciencia que dentro de la gestión pública resulta ser muy provechoso para poder avanzar en los otros procesos. Las demandas se pierden más que antes y, al mismo tiempo, la Nación debe pagar cada día más plata. ¿Qué pasa?
Lo primero, según Adriana Guillén, directora de la Agencia, es que en Colombia se tiene hoy en día una mayor conciencia de los derechos que asisten a la ciudadanía y de los mecanismos que se tienen a la mano para conseguirlos por las vías legales. De esa forma, existen más causas por las cuales luchar y resulta positivo que la ciudadanía despierte. Sin embargo, no podemos olvidar que muchas de esas demandas se hacen por parte de lo que la sociología del derecho ha llamado “litigantes frecuentes”, cuyas acciones muchas veces sólo logran congestionar el sistema.
En segunda medida, está el Estado. Su responsabilidad. No solamente se trata de conformar a un grupo de abogados para que “ganen” todas las demandas que se hacen contra la Nación, o intimidar a los litigantes con el nuevo Código Contencioso Administrativo, que los obliga, si pierden, a pagar la diferencia entre lo que pretendían obtener y lo que estuvieron en capacidad de probar. No. Se trata más bien de que el Estado se ponga las pilas a garantizar los derechos, los servicios públicos que la Constitución ordena, a contestar (gran dolor de cabeza en materia de tutelas) los derechos de petición que se levantan como pregunta. Estamos hablando de esos pequeños detalles que nos ahorrarían mucho. No sólo en términos de administración de justicia, sino de plata.
La invención de la Agencia, así como las otras medidas legales que se han tomado, son respuestas necesarias pero insuficientes. En materia de litigios contra el Estado, se nos va la plata más por la cultura jurídica: 19 billones se van, por ejemplo, en privaciones injustas de la libertad, debidas al abuso que hay en la aplicación de la detención preventiva por parte de los jueces. ¿Hasta cuándo, entonces?
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