En una verdadera maraña jurídica se ha convertido la defensa del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso que estudia la toma del M-19 y la posterior retoma que hizo el Ejército, en dos días que dejaron en llamas el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.
Aún las preguntas —y las heridas— están abiertas. La defensa fue presentada por parte del representante del Gobierno, el abogado Rafael Nieto Loaiza, quien entró al ojo del huracán por sus argumentos sobre el tema de los desaparecidos: no hay pruebas de que los haya habido, sostiene en su contestación. ¿No hubo desaparecidos? Pensábamos que lo confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado, desde el año 1993, en 10 sentencias seguidas, aseguraba todo lo contrario.
Nieto Loaiza le respondió a W Radio que la responsabilidad internacional es distinta a lo que definió el contencioso administrativo (es decir, el tribunal y la corte precitados) y que las causas no son las mismas. ¿Y la realidad? ¿La judicial, la real? ¿Hubo o no hubo desaparecidos? Claridad, por favor. Porque si decimos blanco aquí, deberíamos decir blanco allá y no perdernos en el marasmo de los tecnicismos legales. La verdad, con las explicaciones de juristas muy prestantes que han salido a defender la posición, no hemos entendido cuál es esa diferenciación de causas.
Ahora que el alboroto se ha armado en la opinión, el Gobierno, a través de su directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Adriana Guillén, ha salido a decir cosas diferentes: “Estamos llamando al agente para que se adecúe a las líneas de defensa del Estado”, asegura. Y afirma también que no puede desconocerse lo avanzado por la justicia interna respecto de este difícil caso. El abogado responde a esto —casi como si su vocación se lo mandara— diciendo que ella misma aprobó las líneas estratégicas de dicha contestación. En la cual se usan y dicen cosas como las siguientes: citas del libro del confeso narcoterrorista alias Popeye, del de la diva de los carteles Virginia Vallejo, o que a Guillermo Cano lo mataron por haber acusado al narcotráfico del asalto al Palacio de Justicia. Bastante creativa aquí también la defensa en términos de precisión histórica.
Por si fuera poco, ahora nos venimos a enterar de que Nieto Loaiza fue contratado para preparar la defensa unos pocos días antes del plazo para contestar. Dice el abogado que le ofrecieron en varias ocasiones el trabajo y que no aceptó, pero una especie de deber patriótico lo llevó a asumir ese encargo. ¿Para semejante improvisación fue que se creó una Agencia Jurídica de Defensa del Estado? ¿Por qué, nos preguntamos, no hay un abogado defensor disponible dentro de la Agencia? La improvisación que ilustra este caso desdice de todo lo que se nos dijo cuando se creó dicha agencia: que el Estado iba a estar más protegido porque tendría una defensa más profesional y cuidadosa de los casos.
Hay una luz al final del túnel. Una luz que, claro, tiene que ver con más tecnicismos jurídicos: en los alegatos de conclusión y la audiencia pública que se celebrará entre mayo y junio se pueden presentar modificaciones a los ojos de Guillén. Ojalá así sea y se enmiende este episodio, que brilla por su improvisación.
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