La pelea por las víctimas no da tregua. Como si las víctimas no tuvieran voz propia, los extremos políticos se atribuyen el derecho de hablar en su nombre.
Quienes se opusieron a la ley de víctimas pretenden ahora convertirse en defensores de sus derechos. En este país del olvido se corre el riesgo de que lo logren.
Hagamos memoria. En junio del 2009, el presidente Uribe ordenó a su bancada en el Senado la votación en contra de la conciliación de la ley de víctimas. Poco le importó defraudar las expectativas creadas entre miles y miles de víctimas que habían participado en la construcción de uno de los textos más consultados de la historia legislativa.
«Francisco Santos fue el primero en defender a las víctimas», dijo por estos días Álvaro Uribe de su vicepresidente. Esta aseveración, más que una novedosísima interpretación del pasado, expresa una visión de Colombia. Para el uribismo, las víctimas de las Farc son las víctimas por excelencia: ellas importan más que todas las demás.
El lado opuesto las ignora y hasta las niega y ha llegado incluso a plantear que no existe otro victimario más que el «conflicto», como si los perpetradores de homicidios, desapariciones, torturas, violaciones y despojos fueran fuerzas abstractas y no seres humanos de carne y hueso con nombre y apellido.
Los unos rechazan los diálogos de La Habana y no quieren ceder en nada; los otros quieren entregarlo todo por la paz, hasta las más esenciales demandas de verdad, justicia y reparación.
Ni unos ni otros representan a todas las víctimas.
Reconozcámonos por lo que somos: un país de víctimas. Las hay de extrema derecha, las hay de extrema izquierda y las hay también de fuerzas políticas diferentes.
Estas últimas, que podrían ser mayoría, se ven atrapadas en esta dialéctica mezquina sin poder alzar la voz para dejar sentado que sí apoyan la solución negociada del conflicto sin por ello renunciar a sus derechos.
La mesa de negociación constituye un pulso de fuerzas. De la medición que resulte surgirá el porcentaje de verdad, justicia y reparación negociado. Para obtener el esquema de justicia transicional que garantice el mayor grado posible de cada uno de estos elementos necesitamos un equipo gubernamental respaldado por una mayoría de víctimas de todos los perpetradores, de todos las violaciones, de todas las regiones del país.
Es verdad que quienes esperan penas carcelarias, con casi toda certeza terminarán defraudados, pero no toda esperanza de justicia está perdida. Existe mucho por exigir de reconocimiento, verdad y reparación. Es hora de que las Farc muestren alguna expresión de contrición y algo de voluntad de reparación, si aspiran a obtener beneficios jurídicos y políticos.
La marcha del 9 de abril le mostró a la guerrilla que tiene un espacio político donde operar una vez dejen las armas. Pero el mensaje para las Farc no puede convertirse en uno de solo generosidad y nada de exigencia.
El Presidente no marchó solo; lo hizo acompañado de organizaciones de víctimas de Farc, paramilitares y agentes del Estado que creen que el equipo gubernamental defenderá sus derechos en La Habana.
Si estas víctimas que rodean el proceso de paz no vocean sus requerimientos ante las Farc y hacen claridad sobre lo admisible y lo inadmisible, el Gobierno se quedará solo en sus reclamos.
Si estas víctimas que rodean el proceso de paz dejan que los extremos se roben su voz y si nosotros también nos callamos, en esta batalla campal, la víctima final será el proceso de paz.
No lo podemos permitir. El momento para hablar y el momento para escuchar es ahora.
