Sin renunciar a la extradición, que es una obligación del derecho internacional, se debería usar de manera más selectiva para que no contribuya a la impunidad.
Una imagen vale más que mil palabras. La imagen, publicada por este diario, de ‘Fritanga’ montándose en el avión de la DEA, lo dice todo. ¡Qué paradoja! Después de treinta años de lucha por preservar la extradición, esta figura se ha convertido en el pasaporte a la felicidad para traficantes, lavadores, paramilitares y asesinos.
La historia de la violencia en Colombia, en los últimos treinta años, la ha escrito la extradición. Un país inerme encontró en dicho vehículo jurídico la única herramienta para defenderse del ascenso incontenible de los carteles de la droga. Los capos lo decían de frente: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.
Ante una justicia local intimidada, sin recursos para enfrentar el poderío de estos criminales, no quedaba otro remedio. Quizás las nuevas generaciones no conozcan el precio infinito que pagó el país por mantener vigente la extradición. A los que nos tocó esa batalla nunca se nos podrá olvidar.
La lista de los héroes caídos en esa guerra representa lo más selecto, lo más honesto y lo más capaz del liderazgo colombiano. Para empezar, las mentes jurídicas más brillantes. Hasta hoy nadie ha aclarado si los guerrilleros del M-19, en la toma del Palacio de Justicia, tenían la agenda oculta de eliminar los expedientes de los narcos. Muchos indicios sugieren que así fue.
El asesinato de Luis Carlos Galán lo inspiró su férrea defensa de la extradición como un mecanismo para desmantelar el poder de los carteles. El homicidio de don Guillermo Cano y la destrucción de la sede de El Espectador solo se explican por su indeclinable respaldo a la extradición. La persecución contra los periodistas amigos de esta herramienta no excluyó a ningún medio de comunicación.
No podemos olvidar la frase desgarradora del ministro de Justicia Enrique Low Murtra cuando dijo que podría temblarle la voz, pero no la moral, al hundir la reforma constitucional de Barco por haber sido envenenada con la prohibición de la extradición. Pagó esa valentía con su vida. El procurador general Carlos Mauro Hoyos fue asesinado por la misma razón. Ambos se sumaron a la larga lista de víctimas anónimas que cayeron en la ofensiva narcoterrorista contra la extradición.
Me correspondió, como asesor presidencial, observar de primera mano la firmeza de Virgilio Barco frente a la amenaza que para la democracia representaba el ascenso del poder mafioso. Su férrea voluntad salvó a Colombia.
La Corte de esa época tumbó, no solo una sino dos veces, el tratado de extradición con los EE. UU. Ante eso, Barco planteó la tesis de que dicho instrumento seguía disponible por la vía administrativa. Tampoco recuerda el país que el respaldo del entonces procurador general, Alfonso Gómez Méndez, fue definitivo. Contra lo que esperaba la mayoría de los juristas, Gómez Méndez avaló la tesis que facultó al Gobierno para enviar, discrecionalmente, a los capos a una cárcel en Estados Unidos.
Ese largo y doloroso camino de sangre y sacrificio nos da autoridad para preguntar si hoy la extradición en vez de contribuir a la justicia sirve, más bien, para que los criminales encuentren la forma de evadir a los fiscales y jueces colombianos. La Constitución de 1991 nos ha dejado una justicia cada vez más eficaz, a pesar de sus debilidades. Ya tenemos con qué defendernos. Sin renunciar a la extradición, que es una obligación del derecho internacional, se debería usar de manera más selectiva para que no contribuya a la impunidad. Hoy, los narcos prefieren una cárcel en EE. UU. Por algo será.
Díctum. Todos nos podemos equivocar. Pero solo los grandes líderes tienen la humildad de reconocer y rectificar.
Gabriel Silva Luján
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