La condena retórica a los crímenes contra la humanidad se extiende. El Fiscal General dice una cosa, después dice otra; el Procurador reacciona y dice que se preocupa; el público asiente o disiente, apasionadamente, pero pocos saben de qué hablan. En este mar de opiniones hay muchos errores que se amplifican.
En los debates sobre el proceso de paz, se ha posicionado la noción de que los crímenes de lesa humanidad no son susceptibles de amnistías o indultos. El debate se da sin que se les defina. Todo se mete en el mismo saco; no sé si por conveniencia idiomática o por tergiversación, pero es un error.
Además de los crímenes de lesa humanidad, hay otras conductas que tampoco son susceptibles de amnistía, por ejemplo, las violaciones graves a los derechos humanos, tales como la ejecución extrajudicial, la tortura, la desaparición forzada o la violación sexual.
Igualmente, sorprende que en el debate no se mencionen los crímenes de guerra, otra categoría de crimen internacional que también presenta restricciones en materia de amnistías. Imposible que crean que los atentados contra la vida o la integridad de personas que no participan directamente en las hostilidades no impongan límites en la negociación.
El debate debe desligarse de la discusión miope de si la guerrilla ha cometido o no crímenes de lesa humanidad. El hecho es que han cometido crímenes atroces y estos tienen que ser abordados de manera coherente, considerando todos los valores que están insertos en la noción de lo justo que se quiere promover con el proceso de paz.
La sociedad, las autoridades estatales y las partes en conflicto tienen que debatir abiertamente los mecanismos que se adoptarán para encarar estas conductas, sean o no crímenes de lesa humanidad. El cuerpo social debe emprender el reconocimiento de la atrocidad y afrontar la negación que tiene rasgos individuales, oficiales y culturales. La negación, además, no se ha dado por igual: hay crímenes que son más fácilmente negados, sea por la condición de las víctimas o por quién los perpetró.
Al evaluar los límites y los desafíos que presentan los delitos atroces para las decisiones que deben tomarse en el proceso de paz, se deben considerar cuáles han sido las reacciones sociales e institucionales frente a la perpetración de los mismos. Sobre este punto, enfatizo algo que será impopular, pero que no deja de ser cierto: tanto la sociedad como la administración de justicia reprochan de manera distinta los crímenes perpetrados por guerrilleros que aquellos perpetrados por militares.
No cuestiono la gravedad de ninguno de los dos, ni desestimo el sufrimiento por igual de las víctimas. Pido que, desapasionadamente, se acepte que el arsenal punitivo del Estado se ha enfilado históricamente en contra de los grupos guerrilleros; mientras que la respuesta de la justicia a los crímenes de Estado no ha sido vigorosa. Por incomodo que resulte este dato, acarrea diferencias en la manera cómo deben ser abordados.
La confrontación de la negación de la atrocidad requiere, además de condenar los hechos atroces, reflexionar sobre cuáles han sido las respuestas oficiales a su comisión y cuáles son las nociones de justicia (o injusticia) que queremos promover. Las claves para responder adecuadamente a los crímenes de lesa humanidad (y otros crímenes graves) están en la voluntad que se tenga para afrontar la negación oficial.
