La condena a Ríos Montt es de una justicia inusitada. Nunca se había llevado a cabo un juicio por genocidio en el mismo país donde ocurrieron los hechos, a un hombre tan poderoso y con una sentencia que hiciera un esfuerzo , con perspectiva de género, para reparar a las víctimas.
La sentencia habla de crímenes ordenados por el Estado, estigmatización de una etnia acusada de aliarse con la guerrilla y a la que el Ejército asumió como su enemiga, y de ataques sistemáticos a las mujeres, incluyendo torturas y violaciones que “contribuyeron a la destrucción del tejido social”, como afirmó la abogada Paloma Soria, de Women’s Link, que fue perito en el juicio. “Se produjo la destrucción del entorno social y cultural de los ixiles, a los que se consideró como rebeldes: un pueblo difícil que no se sometía a los ladinos”, dice la sentencia. ¿Suena familiar?
Si bien en Colombia no podemos hablar de genocidio (una afirmación así exige un juicio), podemos hablar de una jugosa lista de masacres: Segovia, El Salado, Mapiripán. El pasado lunes 29 de abril, los indígenas del norte del Cauca enviaron una carta a la guerrilla señalándola como responsable de un plan destinado a asesinar de manera selectiva a varios de los comuneros indígenas. La Oficina Colombiana del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH.
reportó 48 asesinatos selectivos a miembros del pueblo nasa en el Cauca, y entre enero y abril de 2013, ocho homicidios más. Medicina Legal reportó haber conocido 665 hechos de violencia sexual cuyas causas están asociadas al conflicto armado, entre 2004 y 2009, y todos sabemos que esa cifra es un subregistro. A pesar de estos hechos, en Colombia aún entendemos la violencia sexual en medio del conflicto como un daño colateral y no como una estrategia de guerra. No dimensionamos cuánto les sirve a los grupos armados destruir el tejido social de las comunidades.
En cuanto a los crímenes de Estado, ¿se nos olvidó que Santos era ministro de Defensa cuando ocurrió el escándalo de los falsos positivos? ¿Cómo es que nadie nunca lo hizo responsable por los crímenes de un ejército estaba bajo su mando y el de Uribe, y en cambio lo premiamos con la Presidencia? La sentencia enfatiza la responsabilidad del general Ríos Montt como jefe de Estado por todos los horrores que se cometieron en su nombre. ¿Dejaremos que nuestros mandatarios se laven las manos, argumentando que todo ocurre a sus espaldas?
Hace poco el abogado Fernando Vargas, presidente del Comité de Víctimas de la guerrilla, dijo que los falsos positivos “son una gran campaña propagandística que la izquierda logró montarle al Ejército”. El procurador Ordóñez, por su parte, dice que los falsos positivos son crímenes de guerra y no de lesa humanidad. Es impensable el posconflicto si esos crímenes no se reconocen. Ese tipo de negaciones son un irrespeto a las víctimas, un gran obstáculo para cualquier tipo de reconciliación. Por eso bien dice la sentencia contra Ríos Montt: “Creemos firmemente que al reconocer la verdad, ayuda a sanar las heridas del pasado, y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el Estado de derecho en nuestro país”. Estas palabras desvisten la arrogancia con la que miramos a los países vecinos. Aquí nos ufanamos de tener la democracia más antigua de América, mientras aguantamos los abusos del poder; miramos con displicencia las instituciones supuestamente débiles de los países vecinos, mientras Guatemala nos da sopa y seco en justicia y reparación. Si de verdad queremos la paz, hay que comenzar por seguir su ejemplo.
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