Los países garantes de los diálogos en La Habana -Noruega y Cuba- tendrían que recordarles a las Farc lo que suscribieron en el «acuerdo general», para cumplir con el objetivo de un proceso efectivo hacia una paz pronta y duradera.
El “acuerdo general” que hoy sirve de marco para las negociaciones en La Habana tiene una agenda acotada de seis puntos. “Participación política” es el segundo. Su temario limitado, en tres numerales, incluye referencias a las “garantías para ejercer la oposición” y a “mecanismos democráticos de participación ciudadana”.
Al iniciarse la nueva ronda de diálogos, las Farc divulgaron las propuestas que quieren discutir ahora en la mesa negociadora. Los tres numerales del segundo punto de la agenda se convirtieron en diez. Este no es el problema. El problema es que muchas de aquellas desbordan el temario de la agenda acordada, hasta transformar la naturaleza y los fines de los diálogos.
Tales demandas no deben quizás sorprender. Enrarecen, sin embargo, el clima para la paz, al alimentar las dudas sobre los propósitos de las Farc en este nuevo proceso. Confunden el debate público. Y contradicen el espíritu y la letra del “acuerdo general”: “Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre un pronto acuerdo”.
Importa subrayar lo obvio y advertir con insistencia que el “acuerdo general”, firmado por las mismas Farc, incluye solo una agenda limitada. No se contempla allí “la reestructuración democrática del Estado”, ni la “redefinición de los poderes públicos”, ni la eliminación del “carácter presidencialista” del sistema político.
De la lectura del “acuerdo general” tampoco se desprende la posibilidad de negociar en La Habana la elección popular de Procurador, Contralor, Fiscal General o Defensor del Pueblo. Ni cambios en la conformación de los organismos gubernamentales encargados de trazar las políticas económicas del país. Ni reformas de los “procesos de integración de nuestra América”.
Mucho menos tiene cabida allí la “convocatoria de una asamblea nacional constituyente”. Este, el último punto del decálogo de propuestas de las Farc, dejaría, además, sin sentido la discusión de todo lo propuesto. Hay aquí un doble desafío lógico, pues no solo iría contra el espíritu y la letra del “acuerdo general”, sino contra la nueva agenda maximalista de las Farc, que tendría que volver a ser revisada por la tal constituyente.
Existe otra advertencia obvia que es oportuno también subrayar. El tema de la “participación política” contemplado en la agenda debe entenderse en referencia sobre todo a las Farc. Ningún partido de oposición les ha dado la vocería. Mucho menos el pueblo. Los representantes de la ciudadanía en La Habana son los delegados del Estado. Las Farc harían mejor en confinar la discusión a las posibles condiciones de su futura participación política en vez de seguir arrogándose la representación del pueblo. No hay objeciones a que anuncien sus planes de reforma. Pero, al no caber en la agenda ya acordada, tratar de imponerlos en estos momentos parece una estrategia dilatoria contra la paz.
Lo que sí sorprende es la confusión que a ratos pareciera apoderarse del debate tras los pronunciamientos de las Farc. En vez de su simple rechazo, una aturdida opinión pública se deja llevar hacia alegatos sobre las bondades y hasta el significado revolucionario de tan desbordadas propuestas. No ayuda, claro, la continua polarización. La guerrilla busca pescar en río revuelto.
Los países garantes de los diálogos en La Habana –Noruega y Cuba– tendrían que recordarles a las Farc lo que suscribieron en el “acuerdo general”, para cumplir con el objetivo de un proceso efectivo hacia una paz pronta y duradera.
