¿Un Puma suelto?

Como era de esperarse, la noticia de que muy pronto la Policía Nacional contará con una moderna plataforma de monitoreo y análisis que le permitirá interceptar los canales cada vez más utilizados en la comunicación cotidiana, como las redes sociales y los servicios de telefonía IP, ha generado cierta controversia.

Así, mientras en una orilla están quienes han advertido sobre los riesgos que entraña un eventual uso inadecuado de dicha tecnología y para ello se apoyan en las recientes revelaciones del exempleado de la CIA Edward Snowden sobre el acceso con el que cuenta esta agencia a cuanto perfil y cuenta de correo electrónico ponga en su mira, otros se atienen al “quien nada debe nada teme” y consideran que el estar sometidos al ojo vigilante de las autoridades es un precio que se debe pagar a cambio de mayor tranquilidad.
 

Frente a este choque de visiones cabe el adagio popular: ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre. Sobre todo cuando, en el caso colombiano, la Policía ha sido enfática en que la nueva plataforma solo se utilizará en el marco de procesos judiciales y no en labores de inteligencia.

Polémicas aparte, hay algo inocultable y es que no se puede ignorar que la vida de las personas se desarrolla crecientemente en estos ámbitos. Y tan cierto como que Internet tiene una faceta en la que abundan las virtudes y los usos para mejorar la vida de las personas, lo es también que en un país como este, donde la delincuencia es cada vez más audaz, múltiples delitos hoy se fraguan y se concretan en ambientes virtuales.
 

Ocurre, entonces, que un cambio en los escenarios y en la forma en que se delinque o se gestan las violaciones de la ley no puede menoscabar la obligación del Estado de perseguir a los maleantes en cualquier terreno. De ahí que sea necesario contar con recursos como este, que permitirán perseguir el crimen en los nuevos meandros en que hoy se oculta.
 

Pero todo lo anterior no impide ser enfáticos en que los derechos fundamentales, las bases del Estado de derecho, se deben mantener inalterados.

Esto implica decir con vehemencia que el hecho de que la intimidad de las personas hoy esté más expuesta que nunca no puede ser excusa para que el Estado husmee en ella sin orden judicial. En este orden de ideas, se puede afirmar que la herramienta –denominada Puma– es necesaria en el combate contra quienes permanecen al margen de la ley y no sería justo satanizarla. La clave está en el uso que se le dé, que tiene que ser transparente, apegado en todo momento a la legalidad. Aquí, desafortunadamente, hay que reconocer que las prevenciones existentes tienen razón de ser, pues se fundan en casos recientes, y bastante sonados, hoy motivo de investigación, de uso inapropiado que entidades estatales les han dado a tecnologías similares, y que no pueden, por ningún motivo, repetirse.
 

Recursos como la plataforma mencionada son necesarios y deben ser fuente de menor impunidad y mayores índices de éxito sobre la delincuencia y de prevención del delito, que se traducirán en un fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones, antes que en motivo de escándalos a causa de quienes los operan.
 

El que la tecnología hoy permita rastrear con un impresionante nivel de detalle los pasos de los ciudadanos solo aumenta la responsabilidad de las instituciones de no salirse de los cauces constitucionales, por mayor que sea la tentación.