Amargas lecciones de una muerte

Conocí a Luis Carlos Cervantes en Tarazá, Antioquia, hace poco menos de dos años, en una misión de observación que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa en el bajo Cauca. Tuve la sensación de que era un periodista acorralado al que cada día se le cerraban los espacios en una región dominada por fuerzas oscuras. Para entonces, andaba protegido por una escolta que le había puesto el Gobierno, y su labor periodística se había reducido a leer los periódicos por los micrófonos de la emisora comunitaria que dirigía. Lo estaban silenciando con amenazas.

El amargo desenlace de su caso lo supimos esta semana. Fue asesinado en su pueblo, cuando andaba solo y sin protección oficial. Aunque había denunciado nuevas amenazas en su contra, fue acribillado antes de que se le actualizara su estudio de seguridad. Estudio que a lo mejor habría dado como conclusión que su riesgo era bajo, como había ocurrido en el pasado. Como suelen dar muchos de los estudios que se les hacen a periodistas o líderes que viven en regiones conflictivas y que tienen que hacer ingentes esfuerzos por demostrar, ellos mismos, por sus medios, que tienen enemigos al acecho. Esta vez, como en otros casos, la lentitud, la incredulidad, o la mentalidad burocrática conspiraron contra Cervantes.

Decir que se cometieron errores en la valoración de su situación es llover sobre mojado. Dado que Cervantes fue asesinado, está claro que no mentía acerca del nivel de riesgo en el que estaba, que sus temores no eran infundados y que el estudio que se le hizo, por técnico que parezca en el papel, estaba pifiado. La discusión sobre si era o no periodista en el momento de ser asesinado me parece irrelevante. El Gobierno debe proteger a los ciudadanos sea cual sea su profesión. Máxime si ellos mismos se han tomado el trabajo de denunciar sistemáticamente y con nombres propios a quienes les persiguen.

Este caso les deja muchas lecciones a la Unidad Nacional de Protección; a su director, Andrés Villamizar; a las organizaciones que hacen parte de los sistemas de protección. Más que para estar a la defensiva, la muerte de Cervantes debería servirles para revisar los criterios y procedimientos con los que se están quitando o asignando escoltas. También amerita una respuesta de la Fiscalía, que aún no ha dicho nada sobre las denuncias que múltiples veces interpuso Cervantes.

Pero el debate no se puede quedar allí. El problema de los periodistas no se resuelve con chalecos antibalas, rondas policiales o carros blindados. Ya de por sí andar haciendo reportajes con dos policías al lado es síntoma de que algo anda muy mal en el país. El problema de fondo es que hay regiones de Colombia donde la libertad de prensa no existe. Donde las libertades políticas, en general, están fuertemente constreñidas. Son esas regiones en las que, como bien dijo Rudolf Hommes en un foro esta semana, el Estado es fallido.

Tal como lo ha documentado la FLIP, el bajo Cauca es una de ellas. A lo largo del río Cauca, de Yarumal a Caucasia, el poder se lo reparten entre las guerrillas y los Urabeños. En la ribera del río Nechí, el ELN domina la actividad minera. Cauca adentro, las FARC controlan los cultivos de coca. Y en los bordes de la troncal que une Medellín con la costa, los paramilitares, Macaco y Cuco Vanoy especialmente, siguen mandando desde donde quiera que estén. Piamonte, Barro Blanco, Jardín, Cáceres son territorios bajo la ley criminal de las tropas nunca desmovilizadas de las AUC, de los mandos medios y testaferros cuyos bienes están intactos. La Policía y Ejército parecen estar perdiendo la batalla contra la minería criminal y la coca. Y la restitución de tierras ha sido pírrica y compleja: la gente todavía no se atreve a denunciar a los señores de la guerra.

Crímenes como el de Cervantes les dan la razón: no cuentan con un Estado que los proteja. Claro, excepto el día de su muerte. Porque, como bien se dijo en redes sociales, la paradoja es que féretro del periodista estuvo rigurosamente custodiado por la Policía. Al parecer, para cuidar su cadáver no se requirió mucho papeleo.

La libertad de expresión es una condición básica para la democracia. Y sin esta libertad, la paz no es más que una palabra hueca. Por eso, señor presidente ¿A qué paz puede aspirar la gente que vive en estas regiones? ¿Acaso a la que le impusieron a Cervantes?

Coletilla: A propósito: nada que la Fiscalía cuenta en qué van las investigaciones sobre el atentado al periodista de SEMANA Ricardo Calderón. De eso hace ya 15 meses.