Antes de entrar en pormenores, cabe la pregunta respecto a si el parlamento es el escenario idóneo para un ejercicio de este corte, que más parece propio de los tribunales. Es cierto que, a la luz del que debe ser el rol del Legislativo en la democracia, lo de ayer ha sentado un precedente cuya conveniencia merece un análisis aparte.
Lo que sí no admite discusión es que lo ocurrido tiene que dar paso a una investigación rigurosa, y de cara a la ciudadanía, de las relaciones que puedan haber tenido todos los políticos colombianos con la criminalidad en la historia reciente del país. Eso sí, hay que ser muy claros en que tal esfuerzo tiene que venir con pruebas ante las instancias que la Constitución indica y en el entendido de que no puede convertirse en una guerra de versiones que le den la razón a la desconfianza de nuestros compatriotas. Tampoco es bueno para la democracia el que su desarrollo, como se vio ayer, parezca por momentos un diálogo de sordos.
Porque las intervenciones vistas no dejaron duda sobre el daño que le ha hecho a la nación el que la posible relación de cualquier político con los grupos criminales no se resuelva en los terrenos de la justicia, sino en el de las peleas personales entre los contendientes o en las discusiones de café plagadas de rumores.
Y es que, entre las críticas que le formularon los congresistas de la Unidad Nacional a la confusa e irresponsable reacción del expresidente Uribe de abandonar el recinto, y la defensa acérrima que los miembros del Centro Democrático hicieron de la figura de su líder natural, fue quedando claro que para que el debate público no se siga reduciendo a la palabra de los unos contra la palabra de los otros aún faltan muchas pruebas y controversia para que todas las acusaciones de los últimos 30 años puedan convertirse en hechos, en un acervo de verdad que dé alivio a las víctimas.
Todo lo anterior apunta a la necesidad de contar con una arquitectura institucional con plena capacidad, además de suficiente credibilidad y recursos para asumir dichas responsabilidades. La Carta Política ya establece unas instancias, pero en el camino han surgido alternativas –el tribunal de aforados que ha promovido el Gobierno como parte de la reforma del Estado– que, con los ajustes que deriven de su discusión, cada vez parecen más necesarias.
En suma, más que vencedores o vencidos, el esperado debate dejó muy claro que la anhelada paz estable y duradera necesitará de un esfuerzo de reconciliación que trasciende el que puedan emprender el Gobierno y las guerrillas. Ya no hay duda respecto a que este objetivo exige involucrar a muchos más sectores de una sociedad fuertemente polarizada, y a que la verdad que surja de La Habana es determinante, pero que servirá de poco si no se complementa con la de otros tantos capítulos de nuestra historia reciente, todavía en penumbras.
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