El periodista Hernando Corral analiza por qué algunos sectores aún no confían en el proceso.
Si la lógica no llega a fallar y salvo imprevistos insuperables, el año 2015 debería terminar con el acuerdo final de paz, en cuanto a lo que a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc– se refiere. Y es claro que hago alusión a la firma de los acuerdos, ya que una paz sólida y duradera se tomará varios años para su consolidación. Sin embargo, preocupa el evidente escepticismo de un importante sector de colombianos sobre el futuro de las negociaciones y sobre el contenido de los acuerdos. Señalo algunas consideraciones sobre la falta de confianza y la necesidad de superar las deficiencias de esta negociación:
Primera, es indiscutible que las negociaciones de paz se iniciaron en el momento de mayor desprestigio político y de credibilidad de las Farc, producto de la convicción de los colombianos de que esa organización guerrillera había venido engañando al país con mentirosas negociaciones de paz, cuando en realidad se preparaba para elevar el nivel militar de la guerra. A los colombianos no les ha faltado razón.
Hasta el propio dirigente revolucionario cubano, Fidel Castro, en su libro La paz en Colombia, escribió que había recibido un informe del entonces jefe de las Farc, Manuel Marulanda, donde le manifestaba que las negociaciones del Caguán con el Gobierno las estaban utilizando para prepararse militarmente ante una supuesta invasión norteamericana contra ellos. En otras palabras, Marulanda le decía a Fidel que estaban ganando tiempo para lograr una mayor cualificación militar de sus tropas.
A pesar de que la dirigencia de las Farc responsabiliza a los medios de comunicación de crear un ambiente contrario a ese grupo subversivo, lo cierto es que en los últimos 15 años, como consecuencia de la degradación del conflicto, las Farc se ganaron un profundo odio no solo de parte de sus víctimas, sino en general de un pueblo hastiado de tantos crímenes, secuestros y tanta violencia, en nombre de una supuesta revolución proletaria, en la que las víctimas precisamente corresponden al proletariado y a los sectores sociales más paupérrimos del país.
Segunda, el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha reconocido que ha faltado una estrategia pedagógica para explicar con mayor amplitud y convicción las bondades de una negociación de paz. Es verdad que el exagerado secretismo que se manejó hasta hace poco, no solo no permitió romper la desconfianza, sino aumentarla.
Cualquier indagación que se haga por las distintas regiones del país muestra que los ciudadanos dudan mucho de la guerrilla y miden su sinceridad según las frecuentes acciones militares en las que mueren soldados, policías o ciudadanos del común. En poblaciones del Cauca, por ejemplo, las comunidades negras, indígenas y campesinas no tienen la menor idea de cómo podrían beneficiarse de esos acuerdos en materia agraria; tampoco se explican por qué, mientras se habla de paz, se hace la guerra.
Tercera, como periodista, me han tocado de cerca los anteriores y fallidos intentos de paz, y de buenas fuentes he sabido que el gobierno de Santos ha mantenido informados a los altos mandos de las Fuerzas Armadas sobre todos los aspectos de la negociación, y ha dado un paso, para algunos osado, de vincular directamente a las Fuerzas Armadas en las propias negociaciones.
Desde el intento de paz en el gobierno de Belisario Betancur hasta el otro fracasado intento de paz del Caguán, siempre se oyeron quejas en las Fuerzas Armadas acerca de cómo los presidentes actuaban en la mayoría de casos a espaldas de la cúpula militar. Sin embargo, creo que este gobierno tiene que hacer muchos más esfuerzos de comunicación directa con todas las Fuerzas Armadas, incluyendo a los generales de cuatro soles y de cuatro estrellas hasta los soldados profesionales o al policía raso. Ahí también existen desconfianzas muy válidas, inquietudes que solo serán superadas con una cercana y convincente información.
Recurriendo a mis años de experiencia en estas lides periodísticas, considero que las Farc, por primera vez y por distintas circunstancias objetivas y subjetivas, están buscando ponerle fin al conflicto armado por las siguientes razones: es indiscutible que los contundentes golpes militares dados a las Farc durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y de su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, siendo comandante de las Fuerzas Militares el General Freddy Padilla de León, acabaron con el mito de que las Farc eran intocables. Esta labor la continuaron Santos, como presidente, y Juan Carlos Pinzón, como ministro de Defensa, con generales, militares y policías experimentados y curtidos en la guerra.
La muerte de jefes guerrilleros como Jacobo Arenas, Manuel Marulanda, Raúl Reyes y el Mono Jojoy permitió llegar a la jefatura de las Farc a Alfonso Cano y al secretariado a personas provenientes de la Juventud Comunista, quienes con realismo aceptaron, así fuese a regañadientes, la derrota y a punta de golpes han concluido que la vía armada no tiene futuro. Esta nueva dirección de las Farc está integrada por personas que superan los 60 años y que no lograron el sueño juvenil de la revolución que con los años se desvaneció, y en buena medida se fue desdibujando cuando se confundieron los fines con los medios.
Recuerdo que con ocasión de los diálogos del Caguán, Raúl Reyes y Alfonso Cano me llamaron al periódico EL TIEMPO para decirme que por qué no iba a la zona de despeje. A ambos les contesté que lo haría cuando se firmara verdaderamente el acuerdo de paz y ambos me respondieron que no fuera irónico. La verdad es que me negué a ir. Es más, con Enrique Santos intentamos en forma fallida poner en alerta a algunos de los negociadores del Gobierno sobre la falsa voluntad de paz de las Farc en ese entonces, pero no nos escucharon.
Cuarta, en donde existe mayor dificultad para lograr el acuerdo final entre Gobierno y Farc es en materia de justicia transicional. Si es bien cierto que el Congreso aprobó una ley en este sentido, hoy vemos que se quedó corta y se trata de improvisar con temas como el del narcotráfico o el de establecer la dosis de impunidad que se puede pactar en los acuerdos. Estas improvisaciones, que han dado pie a declaraciones erráticas y a que funcionarios metan baza públicamente en forma irresponsable, han creado un clima de incertidumbre que el Gobierno debe superar con anuncios precisos y acordados previamente con su contraparte y consensuados con las instancias que, a nivel nacional e internacional, tengan que ver con el tema. Si es bien cierto que hay que actuar con un espíritu nacionalista, el país no puede ser sometido a sorpresas de órganos como la Corte Penal Internacional, que nos vigila en materia de impunidad.
A pesar de la prudente posición de la Corte, organizaciones como Human Rights Watch, a la cabeza de José Miguel Vivanco, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presionan a dicha Corte para que condene a la propia guerrilla por sus crímenes y a las Fuerzas Militares con temas como el de los llamados falsos positivos, entre otros. A esto se suman las presiones a que está sometida esta Corte para que ‘desafricanice’ sus fallos y sancione a quienes promuevan la impunidad y hayan cometido crímenes de lesa humanidad en otras latitudes del planeta.
Quinta, es necesario que, con la continuación de las negociaciones a partir de este mes, se dé un salto cualitativo, en el que Gobierno y guerrilla envíen mensajes de verdadera reconciliación, sin prepotencia, con modestia y con un alto sentido autocrítico, que implique pedir verdadero perdón a todas las víctimas, el desarme, y que unos y otros, llámense guerrilleros o agentes del Estado, acepten los abusos y tropelías cometidas en el conflicto armado.
El país espera menos ideología y más pragmatismo, menos discursos y más hechos, más acciones de paz y menos actos de violencia, así se podrá ganar la confianza de todos los colombianos, incluidos a los críticos y a los incrédulos. Este es un país cansado de la violencia armada, pero también de la violencia verbal. Tenemos que entender que la paz es con todos y para todos, sin excepción.
El país le debe exigir a la clase política seriedad en la construcción de una nueva sociedad, sin olvidar que los largos años de violencia a la que Colombia ha sido sometida podrían reeditarse, si nuestra clase dirigente no entiende el momento y la oportunidad que nos brinda hoy la historia.
