Son muchas las voces unidas que desde hace años piden a los gobiernos de Colombia acabar con la aspersión de glifosato sobre los campos donde crece la hoja de coca: desde los activistas ambientales hasta los organismos multilaterales, desde los expertos académicos hasta, como hace poco, el Ministerio de Salud de Alejandro Gaviria.
Muchos. Su petición, por demás, está respaldada por hechos concretos y elocuentes: Colombia se ha quedado muy solo en eso de rociar veneno sobre hectáreas enteras donde viven personas; en tiempos del gobierno de Álvaro Uribe, el Estado colombiano tuvo que indemnizar a Ecuador con US$15 millones para resolver una demanda que ese país había radicado en la Corte Internacional de La Haya: fumigamos en la zona fronteriza cuando habíamos pactado no hacerlo. Podríamos continuar.
Si bien los que reclaman por el uso del glifosato se apartan los unos de los otros —no solamente en cuanto a la dimensión de la petición (el espectro está entre suspender la política o acabarla de forma permanente), sino también en la calidad de los argumentos—, lo cierto es que hay hechos concretos que apuntan hacia una sola salida: hace poco la Organización Mundial de la Salud dijo, en una nueva reclasificación, que el glifosato era “posiblemente cancerígeno”. Vaya alerta.
Esta es la configuración inequívoca que da pie para aplicar el principio de precaución que opera en nuestro ordenamiento: en estas circunstancias (como cuando una autoridad mundial en salud dice que algo es “posiblemente cancerígeno”), el Estado no debe tener certeza total del nexo causal que ocasiona el daño, sino tomar medidas concretas para evitarlo. Esto es, y hasta que no haya una prueba científica contundente de que el glifosato es inofensivo, suspender por precaución el uso extendido que se le da. Justamente lo que pidió el Ministerio de Salud en un concepto enviado al Consejo Nacional de Estupefacientes: algo así como un resumen de las quejas que desde hace 16 años se pusieron sobre la mesa del debate y que han sido guardadas en un cajón del olvido gobierno tras gobierno.
Las fumigaciones siguen, por supuesto, como ha ordenado el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. El orden público por encima, como parece implementarse, por demás, en todas las políticas de gobierno que tienen que ver con las drogas: tanto la despenalización de las mismas como la erradicación de los lugares donde se cultiva su materia prima. Pero hay que pensar más allá del orden público, buscando alternativas, como estrategias antinarcóticos fortalecidas en el área manual y no en el de la aspersión de químicos. Y esa responsabilidad está en el lado exclusivo del Gobierno, acompañada por una responsabilidad ética ineludible. La última noticia fue la citación a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes, que tiene la última palabra en todo esto.
Ojalá en este caso las instituciones actúen de forma armónica y conforme a los principios y herramientas jurídicas a la mano. No podemos tener, en medio de la aplicación de una política tan delicada, a unos y otros aferrándose a argumentos distintos para que ella perviva: lo conveniente es suspender las aspersiones. Y hacerlo hasta que haya una serie de estudios contundentes (como los que ha habido denunciando sus perjuicios, vaya paradoja) que nos saquen de dudas sobre la inconveniencia del uso del glifosato. Ojalá, más pronto que tarde, esto sea una política del pasado. Ojalá las autoridades sean capaces de concretar, de forma razonable, la suspensión de su uso. Ese es el paso siguiente apenas obvio.
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