El mandato y las funciones a cargo de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se establecieron en el Acuerdo de 29 de noviembre de 1996, suscrito en Ginebra por el Gobierno colombiano y la Organizacion de las Naciones Unidas.
En el Acuerdo se estipula que compete a la Oficina velar «porque todo proyecto de ley en materia de derechos humanos sea respetuoso de los instrumentos internacionales en la materia» y «porque las recomendaciones y decisiones formuladas por los organos de derechos humanos de la Organizacion de las Naciones Unidas sean consideradas por las entidades publicas que tienen atribuciones y responsabilidades al respecto…».
Tambien preve el Acuerdo que la Oficina se pronuncie publicamente mediante los informes y declaraciones de su Director.
En los informes sobre Colombia presentados por la Alta Comisionada ante la Comision de Derechos Humanos (el primero en 1998 y el segundo en 1999), se recomendo al Estado colombiano no continuar postergando la abolicion del sistema de justicia regional y restablecer las condiciones de independencia e imparcialidad, las garantias del debido proceso y el reconocimiento efectivo del derecho de defensa y del derecho de presuncion de inocencia, condiciones, garantias y derechos no preservados por tal sistema. En su reciente Informe del pasado mes de abril, la Alta Comisionada advirtio tambien que cualquier prolongacion de las normas hoy aplicadas en la jurisdiccion regional (como la de ocultar la identidad de fiscales y testigos) implicara «la inobservancia de enunciados de los instrumentos internacionales a cuyo cumplimiento se ha obligado el Estado colombiano por la ratificacion de los mismos».
En el caso del proyecto de ley en curso mediante el cual se introducen reformas en el Codigo de Procedimiento Penal y se adoptan normas relacionadas con las garantias de independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales, con el derecho al debido proceso y con el derecho a la libertad personal, la Oficina de la Alta Comisionada ha cumplido su mision al poner de presente, primero ante las autoridades del Estado colombiano y luego ante la opinion publica que las disposiciones contenidas en dicho proyecto no se ajustan plenamente a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
