Las medidas que anunció el Gobierno para enfrentar la minería ilegal son fundamentales.
De trascendental importancia para el país es el anuncio que hizo el presidente Santos, la semana pasada, sobre el propósito del Gobierno de meterle la maquinaria pesada de la justicia al criminal negocio de la minería ilegal.
La alerta lanzada por el Jefe de Estado sobre los alcances de este flagelo pone el dedo en la llaga, pues desde las selvas de Guainía hasta las costas del Pacífico, y de Nariño a la costa atlántica, la depredación que genera está llenando de desiertos el territorio nacional. La Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (UNODC) señala que solo en los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Bolívar fueron deforestadas para esta actividad 16.784 hectáreas de bosque primario el año pasado. Un crimen ecológico irreparable.
Y no se trata solo de los miles de colombianos que cada día sacan su sustento de una labor por lo demás riesgosa, sino de la utilización estratégica que de ella están haciendo, cada vez más, las guerrillas de las Farc, el Eln y las bandas criminales, en 123 municipios de la nación, a la que le contaminan sus aguas.
Un solo frente guerrillero en el oriente del país, según investigaciones de la Policía, estaba recibiendo 20.000 millones de pesos al mes por ‘vacunas’ a los mineros ilegales. Así mismo, en esa cadena están no solo los que arriesgan su vida en ríos y socavones, muchos de ellos menores de edad, y por lo general sin seguridad social, sino oscuros inversionistas y funcionarios públicos, sin cuya colaboración no sería posible el negocio.
Es una actividad que maneja cifras impresionantes. Los cálculos de las autoridades son de al menos 7 billones de pesos al año. Incluso, en algunas regiones se ha detectado la caída de los cultivos de coca, ligada al aumento de la explotación, por una ecuación simple: un kilo de oro cuesta hoy cerca de 90 millones de pesos, mientras que uno de cocaína se puede vender en las grandes ciudades por poco más de 4,5 millones. Con la ventaja de que el tráfico de drogas está severamente penalizado y perseguido, mientras que el de oro es objeto apenas de sanciones administrativas.
Aquí hay muchos cabos sueltos. ¿Cómo llegan las grandes dragas y maquinaria pesada, valoradas en centenares de millones de pesos, a esas zonas inaccesibles, sin que sean detectadas en el camino? ¿Qué autoridad ha logrado determinar por qué Colombia viene exportando en los últimos años mucho más oro que el reportado como producido en las minas? Es un frente que, por culpa de otros graves enemigos, no había recibido los recursos suficientes.
Ese es el cuadro que en buena hora el Gobierno procura cambiar hoy, mediante un proyecto de ley que busca incrementar las penas, hasta de 20 años, para la minería criminal en todas sus escalas de producción, así como endurecer los controles sobre las sustancias químicas utilizadas y dar herramientas para que la Fuerza Pública pueda suspender esas actividades ilegales. Pero también ofrecerles oportunidad a quienes quieran formalizarse.
Claro, se requiere una intervención social de fondo, ya que, como ocurre con los narcocultivos, la mano de obra sale de los sectores más olvidados de la población. Ojalá pronto veamos luz al final del túnel, pues este crimen no puede seguir campante, causando tanto daño al país.
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