600.000 personas están coladas en el Sisbén, situación que incrementa la crisis de la salud.
El Sisbén, valga aclararlo, no es un generador de subsidios como cree la gente. Es una encuesta, creada hace 20 años, que sirve para contar y saber dónde están las personas más vulnerables y focalizar en ellas programas sociales del Estado para compensar iniquidades. De ahí su nombre: Sistema de Identificación de Beneficiarios (Sisbén).
Pero la sigla parece haberse convertido en la mampara tras la que se esconden politiqueros, corruptos, malos administradores y avivatos de toda índole, que han desvirtuado la verdadera esencia de una herramienta que debe conservarse y protegerse a toda costa.
Aunque hay que aceptar que es instrumento perfectible, sus falencias no pueden ser la excusa para dejar pasar el sinnúmero de artimañas de las que son objeto por parte de miles de personas que buscan ser clasificadas como pobres, sin serlo, y sacar provecho fraudulento de los recursos públicos. Y mucho menos, cuando se sabe –desde siempre– que detrás de esas prácticas hay políticos inescrupulosos que fungen como dueños de la encuesta en muchas regiones con fines electoreros.
Planeación Nacional divulgó la semana pasada los resultados de un estudio hecho sobre los 19 programas sociales canalizados a través del Sisbén y ejecutados por una decena de entidades públicas que evidenciaron una situación que desde el mismo Gobierno fue calificada como crítica y preocupante.
El problema radica en que muchos usuarios del Sisbén han remontado su pobreza, pero no lo reconocen porque eso implica dejar de recibir ayuda. A lo que se le suma el aprovechamiento de gamonales regionales, especialmente concejales y candidatos que, en busca de votos, no solo le prometen a la gente incluirla en la lista, sino impedir que los ya inscritos salgan de ella.
Inaceptable resulta saber que 600.000 personas están coladas en el Sistema y que las trampas son, prácticamente, la constante, al punto de que es “normal” encontrar núcleos familiares con más de 20 integrantes y con los mismos menores de edad registrados hace más de 15 años; hogares inscritos en varios lugares; y bases de datos enteras de beneficiarios repetidas en más de una población.
Pero el adjetivo cambia al profundizar las pesquisas por sectores. En salud, por ejemplo, las cifras de Planeación se quedan cortas y el asunto pasa a ser francamente pérfido. No hay derecho a que de los 27,6 millones de afiliados al régimen subsidiado, pagados con dineros públicos, al menos 1,5 millones (según cálculos optimistas) reciban este beneficio teniendo capacidad de pago. Situación que incrementa, de manera dolosa, la crisis de recursos en este campo.
Revisar la situación en las otras áreas es, así mismo, urgente. Los subsidios de vivienda, salud, niñez, educación, adultos mayores y jóvenes, entre otros, son una verdadera inversión en el horizonte de remontar la pobreza, y deben conservarse.
Sin embargo, esto también impone a las autoridades y a sus ciudadanos el deber de salvaguardar estos programas. El revolcón anunciado por el director de Planeación a las bases del Sisbén, que hoy alberga al 75 por ciento de la población colombiana, es un paso acertado. Mantener en ellas a buena cantidad de infractores es profundizar las brechas que con esfuerzos el país entero trata de cerrar.
