Por Joaquín Robles Zabala
De ser ciertos los correos de la señora Clinton sobre los “falsos positivos” y las “chuzadas” del DAS, podrían constituirse en otra prueba de lo que la justicia parece ignorar.
¿Por qué habiendo tanta evidencia y tantos testigos de su participación en delitos de lesa humanidad como los mal llamados “falsos positivos”, desplazamiento forzado de campesinos y persecución sistemática por motivos políticos, “el gran colombiano” sigue tan campante y feliz ejerciendo como senador? ¿Por qué Perú logró con Fujimori lo que los colombianos apenas sueñan y la justicia guatemalteca sí pudo bajar del sillón presidencial al exmilitar Otto Pérez Molina por un delito menor si se le compara con las 242 investigaciones que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene contra el expresidente colombiano y las tantas otras investigaciones que les sigue la Corte Suprema de Justicia?
Las preguntas me las han formulado en varias oportunidades los lectores de la Revista Semana a partir de la aparición de Los buenos muchachos del expresidente [2015], un libro publicado por Ediciones B Colombia que ayuda a entender por qué muchos de los funcionarios de la administración Uribe están hoy presos, juzgados o huyendo de la justicia.
Las respuestas a estos y otros interrogantes no son fáciles de responder. En parte porque según la Constitución Nacional de Colombia el único organismo encargado de realizar semejante tarea de investigar a un presidente en ejercicio, o expresidente como Uribe, es, precisamente el mismo organismo que no encontró mérito alguno en el publicitado Proceso 8000 que dejó en evidencia los vínculos cercanos de Ernesto Samper con las mafias de la droga que operaban en Cali y el Valle del Cauca. El mismo que el representante Germán Olano tildó en alguna ocasión de “colchón de impunidad” y ha echado en saco roto las declaraciones de Salvatore Mancuso y otros miembros del proyecto que pretendía refundar el país y que vinculan directamente “al mejor presidente de Colombia” con la ejecución de cientos de masacres en el territorio nacional y el desplazamiento de sus tierras de varios millones de campesinos acusados de ser colaboradores de las FARC y ELN.
Es tan oscura esta Comisión que cuando en mayo de 2010 la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le solicitó formalmente los datos sobre la conformación de este organismo, el estado de las investigaciones, la lista de los procesos, los nombres de los acusados y los presuntos delitos, la Secretaría General se negó a suministrarle cualquier información bajo la premisa de que esta se encontraba sometida a la reserva del sumario. Sin embargo, la verdadera razón de esa negativa parecía estar en el hecho de que hasta esa fecha la Comisión tenía 900 procesos, de los cuales un 90% venía de mediados de los noventas y aún estaban en lo que se denomina “estado preliminar”, lo que en lenguaje común se traduce en desconocimiento de la clase del delitos que se va a investigar y la no individualización del acusado.
En este momento, 242 procesos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez reposan en ese organismo y solo 9 han sido abiertos formalmente y se han clasificados como “de carácter penal”. De los restantes 233 se desconoce totalmente todo. No se sabe si están en la categoría penal o disciplinaria, o en ambas. Lo curioso del asunto es que desde 2003, momento en que el “gran colombiano” llegó a la Casa de Nariño, solo tres procesos se le habían dado curso normal. El resto duermen engavetados. Las razones de este desinterés quizá lo pueda explicar el hecho de que más de la mitad de los 15 representantes que conforman la Comisión tienen alguna afinidad ideológica con el expresidente, pertenecen a su cuerda política o le deben algún favor.
Muchos detalles de estas investigaciones, repito, se desconocen. La Comisión parece tener más interés por ocultar las investigaciones que en darles luz verde. Los pocos trámites consignados, como lo dejó ver un informe de la La Silla Vacía, se limitan a recusaciones o a reasignaciones de representantes investigadores. Estos hechos, que hablan por sí mismos, han llevado a algunos legisladores de la “verdadera oposición” a calificarla como un organismo “inoperante” que hay que modificar o desaparecer.
La tranquilidad que transmite el expresidente ante las cámaras de los noticieros, el poco interés que le da a los señalamientos y acusaciones de Mancuso y otros jefes paramilitares, incluso el temor que manifiesta Yidis Medina ante una posible retaliación del “jefe supremo” por su posible testimonio ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es una muestra más de que en Colombia los códigos penales son aplicables solo a los de ruana.
Lo repito una vez más: si los magistrados de nuestras Cortes tuvieran pelotas y los miembros de esa Comisión macondiana cumplieran con su deber, lo más seguro es que el expresidente estaría preso, como lo está hoy Fujimori y Otto Pérez Molina, y yo, al igual que muchos otros columnistas, no tendría argumento alguno para escribir esta nota.
