El presidente Santos reveló planes de las Farc para propiciar la salida de la Fuerza Pública de los municipios de la región.
Delegados del Gobierno y de las comunidades indígenas —con el acompañamiento de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de las Naciones Unidas en Colombia— buscan en Santander de Quilichao concretar acuerdos con el fin de ponerles fin a los violentos choques entre la Guardia Indígena y la Fuerza Pública en el norte del Cauca. Con una premisa expuesta por el presidente Juan Manuel Santos, tras un consejo de seguridad realizado de urgencia en Popayán: “La presencia de militares y policías en cualquier lugar del país no es negociable. No podemos ceder un milímetro”. Previamente, a través de Twitter, el jefe de Estado había dicho que no quería ver un solo indígena en las bases militares caucanas.
Tras insistir en que está dispuesto a conciliar, el primer mandatario reveló que en un operativo realizado en mayo contra el jefe guerrillero conocido con el alias de Pacho Chino, se le incautó un computador en el que se encontraron instrucciones de repartir propaganda en los municipios del norte del Cauca para que la población le exigiera a la Fuerza Pública el retiro de las áreas pobladas. Y aunque aclaró que ello no quiere decir que los indígenas están confabulados con las Farc, dijo que se conoce de vínculos de algunos miembros de esas comunidades con ese grupo subversivo, quienes ya están en proceso de judicialización, según confirmó la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, la recompensa por información que permita la captura de Pacho Chino se subió a $2.500 millones.
Sin embargo, la situación en la región seguía siendo crítica después de la muerte de Fabián Cuetía, campesino de 22 años, a manos de un soldado, en un retén militar en la vereda La Venta, municipio de Caldono, zona del resguardo La Laguna. “Lo mataron a sangre fría”, dijo el consejero mayor del cabildo, Albeiro Calambas, quien explicó que Cuetía volvía de visitar a su novia. “Fue un error”, fue lo que atinó a responder el teniente del Ejército Héctor Segura, comandante del grupo de militares.
El gobernador del resguardo La Laguna informó entonces que los 32 soldados del puesto militar habían sido retenidos por la Guardia Indígena y trasladados hasta el casco urbano de Caldono para ser juzgados y luego entregados en la plaza pública a una comisión de la Defensoría del Pueblo. En la noche fueron liberados y el CTI asumió la cadena de custodia del fúsil desde el cual se hizo el disparo. Mientras tanto, se conoció de la muerte de un policía en Jambaló, al parecer por un francotirador de la guerrilla y del desalojo de una base militar en el sector de Huasanó, en la vía Caloto-Corinto, dentro de la cruzada indígena de sacar de sus territorios a todos los actores armados.
Hechos que terminan de sembrar de caos el norte del Cauca, después de que la Fuerza Pública recuperara, en la madrugada de ayer, posiciones en el cerro Berlín, en Toribío, de donde fue sacada a empujones por la Guardia Indígena. Al menos tres aborígenes heridos y una veintena más contusos o afectados por gases lacrimógenos dejó la operación realizada por policías antimotines. Pero cuando los indígenas intentaban retomar el cerro, se registró un nuevo hostigamiento de las Farc. La Guardia se dirigió entonces hacia las montañas, para exigirles también a los guerrilleros que abandonaran su territorio.
Cuatro subversivos, entre ellos un menor de edad, fueron retenidos en medio de los matorrales, con fusiles, tatucos (morteros artesanales) y pólvora. “Dicen que nosotros somos cómplices de la guerrilla y que somos sus mandaderos, cuando la verdad es que ellos también nos están haciendo daño y les hemos dejado claro que no vamos a seguir aguantando esos ataques en nuestra tierra. La guerrilla y el Ejército sólo nos han traído miseria y destrucción”, le manifestó a El Espectador María Dominga Mestizo, coordinadora del Proyecto Nasa en Toribío. Los cuatro subversivos serán juzgados bajo la jurisdicción especial indígena, antes de ser entregados a las autoridades nacionales.
Los hechos del Cauca generaron también un remezón en los mandos militares de la región. Ayer se confirmó que el general Miguel Pérez, comandante de la Tercera División del Ejército, había sido relevado de su cargo y que se crearía el Comando Conjunto del Suroccidente, que estará bajo el mando del general Leonardo Barrera. Con cerca de 5.000 hombres de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, el objetivo es continuar con la ofensiva antiguerrillera y contra el narcotráfico en toda la región.
Eso sí, el Gobierno volvió a anunciar planes de inversión social para el Cauca. Pero la realidad muestra que el conflicto se agudiza y tiene dos caras: una guerrilla que lleva 50 años de presencia en el departamento y se mueve hábilmente por sus laberintos, pero nunca se ha ganado a las comunidades indígenas y campesinas, que la ven como una amenaza o una fuerza de ocupación, y un Estado que ha intentado controlar las montañas con sus batallones, convirtiendo la región en un teatro de operaciones, buscando ganar la guerra con el control del territorio y tratando de desalojar a los subversivos. Una estrategia en la que la gente es vista como un telón de fondo o un conglomerado sospechoso de complicidad con el enemigo.
Reacciones a situación del Cauca
Vólmar Pérez, defensor del Pueblo
“La Fuerza Pública está instituida para garantizar los derechos ciudadanos, las libertades públicas, la soberanía nacional y, por tanto, el derecho a la seguridad de todos los habitantes del territorio”.
Clara López, presidenta Polo Democrático Alternativo
“Los inamovibles de forma no pueden ser óbice para sentarse a conversar y dialogar, que no es lo mismo que negociar principios. Exhorto (al presidente Juan M. Santos) a rescatar el valor del diálogo”.
Marco Aníbal Avirama, senador indígena
“Pedimos al Gobierno que tome decisiones que respondan a los anhelos de paz y vida digna de las comunidades, que se cumplan las promesas de inversión social”.
José Darío Salazar, senador del Cauca
“La violencia física con la que se agrede al Ejército colombiano por parte de los indígenas es un delito contra la autoridad que debe ser judicializado y puesto en conocimiento de la Fiscalía General”.
Manuel Virgüez,senador
“No desconocemos la autonomía indígena y sus reclamos por el abandono estatal, pero la autonomía tiene límites; todos los colombianos estamos bajo la jurisdicción de la Constitución Política”.
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