La Diócesis de Tumaco se mostró preocupada porque hace más de 10 años el puerto de Tumaco vive una de sus peores crisis en el tema de seguridad. Indicó que en lo corrido del presente año van más de 165 muertes violentas y persisten las extorsiones a comerciantes.
La Diócesis de Tumaco señaló que siente el dolor y el clamor de las personas y comunidades de esta costa Pacífica nariñense en donde la población está enfrentada a vivir y resistir en un conflicto social que agobia a toda la población con nuevos atropellos a una vida digna y tranquila.
La voladura de por lo menos ocho torres de energía dejó sumido en una crisis económica a todo Tumaco, también lespreocupa los campos minados sembrados en el Resguardo Indígena Awá Inda Sabaleta, donde hace unos días perdieron la vida cuatro civiles y un militar; siete personas quedaron gravemente heridas.
La voladura de varios tramos del oleoducto Trasandino en el municipio de Mallama, en el Km. 96 de la carretera Tumaco-Pasto y otro tramo en la vereda Ensillada, municipio de Ricaurte, causó la contaminación de los ríos Güiza, Guelmambí, Ispí y Saundé, que bañan los municipios de Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán y Tumaco.
“Como diócesis queremos poner en conocimiento, además, nuestra gran preocupación por la tasa tan alta de homicidios. En julio se registraron en el municipio de Tumaco 32 muertes violentas. Sin embargo sabemos que solamente en una de las parroquias de la zona los actores armados ilegales asesinaron entre junio y julio a más de 25 personas y tuvieron que desplazarse forzosamente un sinnúmero de pobladores”, señaló.
Sigue la presión sobre pequeños y grandes comerciantes a través de la extorsión generalizada, lo que ha obligado a muchos a abandonar la zona por miedo de que también en su negocio estalle una bomba.
Además, desde el atentado a la estación de Policía de Tumaco sufrido en febrero han continuado lanzando artefactos explosivos contra las instalaciones de la Fuerza Pública (como el 17 de agosto contra la Cuarta Brigada), aumentando la zozobra en sus alrededores.
Por la falta de energía eléctrica se incrementó aún más la inseguridad en los barrios y en las veredas de la zona, donde los actores armados ilegales siguen haciendo su control territorial sangriento.
“Este tipo de hechos no son nuevos, los venimos sufriendo desde gobiernos anteriores. Lo que se evidencia cada vez más es que las soluciones son demasiado ocasionales, inmediatistas y limitadas para salir de las consecutivas emergencias. Este conflicto social y armado no se puede solucionar sólo con respuestas bélicas. Por lo tanto, la diócesis pidió al Gobierno Nacional mayor inversión y promover procesos sostenidos de desarrollo comunitario, teniendo en cuenta la visión de esta población, y que permitan recuperar la esperanza en un futuro posible”, finalizó.
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