Con las 328 personas muertas y heridas este año por las minas que instalan las guerrillas (y antes también las Auc) para frenar a las tropas y proteger campamentos y cultivos de coca y marihuana, Colombia sumó desde 1990 un total de 10.001 víctimas.
La deshonrosa cifra que consolida al país como la segunda nación con más afectados en el mundo, después de Afganistán, fue revelada por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (Paicma).
Sus registros indican que 6.222 militares y 3.779 civiles, entre los que se cuentan 968 niños y jóvenes, resultaron muertos o heridos por estos artefactos usados en el conflicto y prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.
Al ya negativo récord de más de 10 mil víctimas se suma el incremento este año de los accidentes con minas y artefactos explosivos abandonados, en los que las víctimas son niños y adolescentes.
Así lo advierte Daniel Ávila Camacho , director del Paicma, al denunciar que este año 45 menores de edad fueron víctimas: De ellos, 11 murieron y 34 resultaron heridos o mutilados por los artefactos. Los episodios ya superan los 44 casos de niños que ocurrieron en el año 2011.
El accidente más reciente ocurrió el pasado viernes en una vereda de Chaparral (Tolima). Mientras jugaban con un objeto que les pareció un balón, éste explotó y le causó la muerte a una niña de cuatro años. Otros cinco niños, primos entre sí, resultaron heridos por la onda explosiva. El comandante de la Sexta Brigada, coronel Jairo Martín Sandoval , indicó que el “artefacto explosivo fue hallado en zona de presencia del frente 21 de las Farc y era de los que detonan al paso de la tropa”.
El vicepresidente, Angelino Garzón , de cuyo despacho depende el programa de Derechos Humanos del Gobierno, pidió a los grupos armados ilegales cesar el uso de estos elementos: “Solo así podemos despejar de minas las tierras que tanto necesitan los campesinos para el desarrollo de sus comunidades, lo que contribuiría a la paz que anhelamos los colombianos”.
Antioquia, región crítica
Antioquia representa gran parte de esta tragedia. De las 10.001 víctimas conocidas, la región ha puesto la dolorosa cuota de 2.228 víctimas.
La respuesta del Estado y Ong para mitigar el flagelo son campañas de prevención en zonas críticas, programas para las víctimas y el desminado humanitario por parte del Ejército. El municipio antioqueño de San Carlos es el primero declarado como desminado de estas trampas que no distinguen entre un combatiente y un civil inocente.
