La granada lanzada en la noche del lunes contra un centro odontológico, ubicado en el barrio Patio Bonito, de Kennedy, dejó al descubierto un nuevo caso de presunta extorsión en Bogotá, donde este año se han reportado 180 episodios, frente a 203 que iban el año pasado. (Lea: Una granada explotó en el sur de Bogotá).
Ese mismo lugar había sido escenario de un atentado con explosivos en octubre del 2011 que, al igual que el último acto de intimidación, solo dejó daños materiales. Por este caso, el Gaula de la Policía capturó el año pasado a tres personas, integrantes de una banda delincuencial que había sido contratada por las Farc para ejecutar la extorsión. Los mismos investigadores tratan de establecer el origen del hecho terrorista ocurrido el lunes.
Justamente, Kennedy es la localidad más afectada por la extorsión en Bogotá. Barrios como El Amparo, María Paz y El Tintal son azotados por bandas delincuenciales, algunas de ellas impulsadas por las Farc. Igualmente, Suba (La Gaitana y Tibabuyes), Puente Aranda, San Cristóbal y Ciudad Bolívar son las zonas que concentran una buena parte de las extorsiones, dirigidas en su mayoría contra pequeños comerciantes y empresas.
¿Cómo operan?
El Gaula de la Policía, que este año ha desmantelado nueve bandas de extorsionistas (en el 2011 iban cuatro), ha identificado seis modalidades de este delito (ver gráfico), por el que hay penas mínimas de entre 16 y 19 años de prisión.
La mayor parte de los casos se da mediante la extorsión clásica, la cual afecta principalmente a personas del común, comerciantes y pequeños empresarios. Los montos exigidos, mediante intimidación telefónica, pueden oscilar entre 700.000 pesos y 30 millones de pesos al mes.
Otra modalidad, que es la que mayor temor genera entre la ciudadanía, es la microextorsión (desde mil pesos hasta un salario mínimo al mes), pues los autores se ven cara a cara con sus víctimas, en especial tenderos y transportadores.
«Insistimos a las empresas, a los dueños de negocios y a las personas que sean víctimas de extorsión que denuncien en las URI, en la línea 165 o directamente en la sede del Gaula (transversal 23 No. 96-13).
Seguimos con la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’, que nos ha dado buenos resultados», dijo el coronel Javier Barrera Blanco, comandante del Gaula de la Policía en Bogotá, y añadió que por cada ciudadano que denuncia una extorsión hay cuatro que no lo hacen, por temor a represalias.
‘Si yo no pagaba, me atracaban’
Una víctima de extorsión, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, contó a EL TIEMPO cómo actuaba una banda delincuencial que operaba contra conductores de servicio público en el sector de Santa Librada, localidad de Usme: «La banda, integrada por unas 10 personas, nos azotó por más de 10 años. Se ubicaban en los paraderos o en el sector de La Playa, de Santa Librada, y nos cobraban entre 5.000 y 10.000 pesos diarios.
Además, al mes teníamos que pagar una ‘vacuna’ de 150.000 pesos, que los propietarios de los buses nos reconocían porque sabían que nos estaban extorsionando. A veces los que cobraban eran menores de edad. Uno se cansaba de eso, pero si yo no pagaba, me atracaban: seis veces se subieron al bus y me robaron el producido. Varios de nosotros -entre 80 y 90 conductores eran víctimas de la banda- denunciamos el caso ante el Gaula, y capturaron a la mayoría. Ahora trabajamos más tranquilos».
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