El proyecto de fallo pide que el barón electoral reciba 30 años de prisión.
La Sala Penal de la Corte Suprema inició ayer el debate final del caso contra el excongresista César Pérez por la masacre de Segovia (Antioquia), en 1988.
El proyecto de fallo, que aún no ha sido aprobado, condenaría a Pérez, uno de los más poderosos barones electorales de los 80 y 90, a 30 años de prisión.
El apoyo a la condena es mayoritario en la Sala Penal. Sin embargo, aún está en discusión el monto de la pena y el tipo de delito: los magistrados discuten si Pérez fue el autor intelectual de la matanza de militantes de la Unión Patriótica (UP) en Segovia o si fue determinador, es decir, no tenía la facultad de decidir finalmente si se cometía el crimen o no. En el primer caso la responsabilidad penal es mayor.
César Pérez, quien ronda los 80 años, también ha sido mencionado como cercano al grupo de políticos que se aliaron con Pablo Escobar y los paramilitares para cometer los grandes magnicidios de la década de los 80.
La matanza de Segovia, una de las más sangrientas cometidas por los ‘paras’ en sus orígenes, ocurrió el 11 de noviembre de 1988.
Pérez fue capturado en julio del año 2010 en Medellín, 22 años después del asesinato de 43 habitantes de ese pueblo minero. Para la época de los hechos, Pérez García era presidente de la Cámara de Representantes.
La investigación de la Corte, que le da plena credibilidad al testimonio de Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’, demostró que los paramilitares de Fidel Castaño y de Ariel Otero (capo del Magdalena Medio), tenían como objetivo simpatizantes de la Unión Patriótica.
El motivo de la masacre fue el triunfo obtenido por ese movimiento, que nació de los acuerdos de paz con las Farc en 1983-1984, en las primeras elecciones populares de alcalde en Segovia. El pueblo era considerado un feudo electoral del movimiento de César Pérez, quien militaba en el Partido Liberal.
De hecho en la acusación contra Pérez, se considera que el político fue un actor de primera línea en esta trama criminal.
Esa matanza, dicen los magistrados, fue parte de «un plan sistemático, organizado y generalizado de exterminio contra la UP, que se prolongó por varios años y que atentó no solo contra sus integrantes, sino contra simpatizantes y seguidores». Hasta hace tres años, Pérez García seguía vivo en la política, como diputado de Antioquia. Esto a pesar de que había perdido su investidura como congresista en 1993, lo que lo inhabilitaba para volver a ocupar cargos de elección popular.
En la acusación contra Pérez García, la Corte había señalado a las cúpulas militares de los gobiernos de Julio César Turbay Ayala y Belisario Betancur de haber incubado a las bandas paramilitares que perpetraron las peores matanzas y magnicidios en la historia de Colombia.
REDACCIÓN JUSTICIA
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