La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) exigió el martes a una empresa chilena de explotación forestal salir de Colombia después de acusarla de comprar fraudulentamente miles de hectáreas, una posición que podría dificultar el inicio de un proceso de paz con el Gobierno.
El ELN, el segundo mayor grupo rebelde colombiano, no ha suspendido los secuestros ni los ataques a la infraestructura petrolera y energética, pese a que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos le pidió suspenderlos como condición para iniciar un diálogo de paz separado al que celebra en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«La empresa extranjera de origen y capital chileno, Compañía Agrícola La Sierra, con artimañas se hizo a los títulos de 22.000 hectáreas de tierra de campesinos pobres (…), 6.800 están sembradas con pino, árbol no nativo, generando un gran impacto ambiental y social en el territorio», dijo el grupo rebelde en un comunicado publicado en Internet.
«Teniendo en cuenta, primero, que a lo largo de más un año la empresa no ha mostrado voluntad para resarcir los perjuicios ocasionados al ambiente y a las comunidades de la región (…) debe abandonar el país, tal como la empresa minera canadiense Braeval Mining lo anunció y debe cumplir», agregó.
La empresa, filial de Maderas El Cóndor de Chile, no se pronunció de inmediato sobre la exigencia del grupo rebelde, considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.
Tampoco estuvo disponible información sobre los activos con los que cuenta la Compañía Agrícola de La Sierra ni detalles sobre sus operaciones en Colombia.
En el mismo comunicado el ELN, que cuenta con menos de 2.000 combatientes tras más de una década de ofensiva militar, se comprometió a liberar a un ingeniero colombiano contratista de la Compañía Agrícola La Sierra, secuestrado desde hace más de 15 meses y quien según el grupo rebelde goza de buena salud.
La minera canadiense Braeval Mining comunicó en julio al Gobierno de Colombia su decisión de renunciar a sus proyectos de exploración y explotación aurífera en el norte del país, al no ejercer sus derechos sobre unos títulos mineros después de recibir presiones del mismo grupo rebelde.
Un ingeniero canadiense de esa empresa estuvo secuestrado durante más de siete meses y fue liberado por la guerrilla en agosto, una condición demandada por el Gobierno de Santos para un eventual diálogo de paz.
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