Estimadas señoras y señores:
Es un gran honor para mí presentarles el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia durante el año 2010.
En general, el panorama de los derechos humanos se caracterizó por una serie de iniciativas políticas y legislativas prometedoras por parte del Gobierno nacional que contrastan con la persistencia de serias violaciones de los derechos humanos en el país.
Para comenzar me gustaría valorar el clima político y resaltar que el “desarme de la palabra” impulsado por el nuevo Gobierno se ha traducido en una mejora significativa de las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial y con las organizaciones de derechos humanos. Un resultado importante de esta despolarización fue, por ejemplo, la elección de una nueva Fiscal General después de un impasse de 16 meses.
Nuestro informe también saluda una serie de proyectos de ley que el Presidente Juan Manuel Santos sancionó o inició, destacándose sobre todo el proyecto de “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. Este proyecto, una vez aprobado, puede convertirse en una pieza fundamental de la justicia transicional existente.
En este contexto nos pareció un mensaje importante de compromiso político que el Presidente Santos radicó la ley personalmente en el Congreso de la República y que el gobierno mantuvo firme su posición de no excluir a víctimas de agentes del Estado del proyecto de ley. Más adelante me referiré con más detalle a esta importante iniciativa.
Otras medidas positivas adoptadas por el nuevo Gobierno son la sanción de la llamada “Ley de Homenaje” a las víctimas de desaparición forzada y del nuevo Código Penal Militar que hace explícita la exclusión de las violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar.
Reconocemos también el fuerte compromiso de altos funcionarios del nuevo gobierno con la mesa de garantías para defensores y defensoras de derechos humanos aunque seguimos esperando que los compromisos adquiridos se cumplan en la práctica.
En este contexto quisiera añadir que los rechazos públicos de altos funcionarios del gobierno a actos de violencia y violaciones de derechos humanos fueron oportunos y reconocemos el seguimiento que la Vicepresidencia está dando a las investigaciones penales de varios casos.
Esperamos que en 2011 se adopten las decisiones que permitan la plena implementación de los cambios anunciados.
Cabe destacar también, que el Congreso aprobó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El informe señala que recientemente se empieza a conocer la dimensión real del fenómeno.
A noviembre del 2010, el total acumulado de personas desparecidas anotadas en el Registro Nacional de Desaparecidos sumaba más de 51.300, de las cuales más de 12.600 podrían ser consideradas como desapariciones forzadas.
Aunque la impunidad sigue siendo uno de los problemas principales del país en materia de justicia y garantía de derechos, nuestro informe reconoce algunos esfuerzos realizados por los organismos judiciales para esclarecer las violaciones. Como ejemplo quiero mencionar las condenas a los responsables de la muerte de Edwin Legarda y de la masacre de 12 indígenas Awá ocurrida en agosto de 2009. También hemos calificado de “histórico” el fallo emitido en el caso de la toma del Palacio de Justicia contra miembros del Ejército.
Sin entrar en detalle sobre el contenido del informe, que los invito a estudiar en su totalidad, me gustaría referirme en esta presentación sólo a algunos temas y recomendaciones.
Violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y grupos en situación de especial vulnerabilidad
El informe recoge los continuos homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones así como ataques y asesinatos de personas que pertenecen a grupos en situación de especial vulnerabilidad.
Seguimos registrando casos de judicialización y de detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de derechos humanos que se fundamentan principalmente en declaraciones de informantes, desmovilizados o en informes de inteligencia militar, sin contrastar debidamente con otras fuentes.
El informe recoge la gran preocupación de la Oficina por el alto número de homicidios contra personas desplazadas. Según el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), entre 2007 y marzo de 2010, 1.499 personas desplazadas fueron asesinadas, con una tendencia creciente cada año.
Los homicidios, amenazas y acosos contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, especialmente lideresas de grupos de mujeres, y por la restitución de tierras, en particular en Cauca, Sucre y Urabá provocaron varios pronunciamientos públicos de nuestra Oficina.
Además, en 2010 se registraron 26 muertes de sindicalistas, frente a 25 en 2009, y aumentaron significativamente las muertes de maestros no afiliados a sindicatos de 4 a 11 personas.
Organizaciones no gubernamentales reportaron 50 homicidios y numerosas amenazas contra personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas.
Las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen figurando entre los grupos de población más vulnerables y el Estado colombiano continúa enfrentando retos enormes para asegurar sus derechos y su protección. El Programa Presidencial de Derechos Humanos reportó 51 asesinatos de indígenas entre enero y octubre de 2010. Esto representa una disminución del 48%.
Sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que 122 indígenas habían sido asesinados en 2010.
Un reto principal del Estado colombiano es garantizar el derecho de los pueblos y de las comunidades a ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier acción que los afecte directa y diferenciadamente.
La legislación nacional actual no prevé adelantar el derecho a la consulta previa para la prospección y exploración minera, cuando se ha considerado a la minería como una de las “locomotoras” del desarrollo económico. En este contexto, es necesario adoptar un marco legislativo adecuado y un procedimiento de implementación garantista, construidos participativamente con los pueblos y comunidades.
Violencia sexual
En 2010, el informe da cuenta de casos de violencia sexual atribuidos a miembros de grupos armados ilegales, y a miembros de la fuerza pública conocidos por la Oficina en Colombia. En la mayoría de estos casos las víctimas eran niñas.
En cuanto a la fuerza pública, se reconoce que su reacción ante casos de violencia sexual ha sido más adecuada que en años anteriores. Sin embargo, casos gravísimos exigen mejorar la respuesta.
El caso más dramático ocurrió en Arauca en octubre, en el que se atribuyó a un mismo miembro del Ejército la violación de dos niñas en un intervalo aproximado de 2 semanas; una de las niñas, junto con dos de sus hermanitos, fueron posteriormente asesinados.
La oficina en Colombia realizó una observación detallada del caso y compartió los resultados con el Ministerio de Defensa y el Comandante del Ejército.
Ni el Ejército ni la Fiscalía reaccionaron inmediata y apropiadamente ante las denuncias del primer acto de violencia sexual.
Aunque la reacción de la Fiscalía y del Ejército ante el segundo caso de asesinatos fue más efectiva, las omisiones en el primer caso fueron frustrantes y con graves consecuencias: una adecuada reacción de las autoridades colombianas ante la primera violación sexual quizás hubiera podido evitar la violación sexual de la otra niña y los asesinatos.
Los asesinatos de niñas y niños y las violaciones sexuales en casos como los ocurridos en Arauca no sólo ponen de manifiesto la negligente conducta en casos particulares, sino fallas estructurales en las dos instituciones.
Urgimos al Ministerio de Defensa a elaborar un reglamento o instrucción clara y detallada sobre las medidas necesarias de prevención y sanción, incluidas de disciplina militar, ante este tipo de violaciones a los derechos humanos –tal como lo ha recomendado la Alta Comisionada en su Informe del año 2009-.
Accionar de grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares
Una preocupación principal de la Oficina en Colombia es el aumento de la violencia generada por grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares. Miembros de estos grupos cometieron homicidios, amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados, individuales y colectivos, y actos de violencia sexual y explotación de niños y niñas.
En ese contexto, el fuerte aumento de masacres en un 40% durante el año 2010 es particularmente preocupante. En Córdoba, por ejemplo, se registraron 10 masacres en 8 meses, de las cuales cinco ocurrieron en octubre y noviembre. Es alarmante que la Defensoría del Pueblo advierta a tiempo sobre el riesgo de masacres y otras violaciones de los derechos humanos, por ejemplo en Córdoba, sin que las autoridades tomen las previsiones correspondientes.
La heterogeneidad de la estructura y el comportamiento de esos grupos dificultan una categorización general e inequívoca del fenómeno.
El móvil fundamental de estos grupos es la obtención de lucro económico, principalmente de actividades ilícitas. En ese sentido, ejercen “control social” y recrean estructuras similares a la delincuencia organizada. Sin evidenciar una clara y coherente ideología o intencionalidad política, a veces utilizan terminología y parafernalia propia de organizaciones paramilitares, así como su modus operandi.
Entre las víctimas de estos grupos se encuentran líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y funcionarios y funcionarias públicos, que en el ejercicio de su función se oponen a dichos grupos.
En la comisión de esta violencia, estos grupos cuentan en ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia, ya sea por corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública, incluida la Policía Nacional, como demuestran casos observados en Antioquia, Córdoba y Meta.
Al mismo tiempo destacamos algunos éxitos policiales contra los líderes de estos grupos y los recientes esfuerzos del Estado de combatir estos grupos en Córdoba.
Organismos de inteligencia
En 2010 avanzaron las investigaciones y procesos judiciales sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se inició el juicio contra un ex director por homicidio y amenazas, entre otros delitos, y continuaron las investigaciones contra otros ex directores por interceptaciones ilegales entre 2005 y 2008.
Las declaraciones de altos directivos de la entidad involucraron a antiguos altos funcionarios de la Presidencia como beneficiarios de la información obtenida ilegalmente. En octubre, la Procuraduría sancionó como autores de graves faltas disciplinarias a siete ex funcionarios del DAS, un funcionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y otro de la Presidencia de la República, por interceptaciones y seguimientos ilegales.
La Oficina en Colombia continúo recibiendo informaciones sobre interceptaciones de correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información, alteración de páginas web e ingresos ilegales a oficinas y domicilios de distintas organizaciones de la sociedad civil, en ocasiones imputadas a miembros de organismos de inteligencia militar.
Estos hechos, como los denunciados en 2009, permanecen en la impunidad y demuestran que las reformas de inteligencia son urgentes, no sólo para el DAS sino para todas las agencias de inteligencia del Estado colombiano.
Ejecuciones extrajudiciales
En 2010 se confirmó la drástica disminución de la práctica conocida como “falsos positivos”. Consideramos fundamental avanzar en los procesos judiciales por las violaciones ocurridas en el pasado y analizar en profundidad las causas de estas violaciones, como garantía de no repetición de estos hechos.
En este contexto, destacamos la interlocución y cooperación fluida con el Ministerio de Defensa y la Cúpula Militar. En el 2010 iniciamos un proyecto que busca consolidar la realización las “15 medidas” que el Ministerio de Defensa adoptó para asegurar la plena implementación de su Política de DDHH y DIH.
La Fiscalía, por medio de su Unidad Nacional de Derechos Humanos, investiga un total de 1.571 casos (hasta diciembre 2010) con un total de 2.679 víctimas. Por otra parte, más de 400 casos están siendo investigados por otras unidades seccionales de la Fiscalía. A esto hay que añadir 448 casos activos conocidos por la Justicia Penal Militar y aquellos que pudieron haber sido archivados por la Justicia Penal Militar sin una adecuada actuación judicial. En suma, hasta la fecha conocemos un universo total de alrededor de 2.500 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
Con base en los datos existentes sobre casos y víctimas, la Oficina en Colombia estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de estos casos ocurrieron entre los años 2004 y 2008.
Hasta finales del 2010 se registraron un total de 132 sentencias. Las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha confirman que las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales no eran falsas como habían sostenido algunos políticos y militares.
La “verdad judicial” en relación con las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, reclamada e impulsada reiteradamente por el Ministerio de Defensa, es imprescindible, pero insuficiente.
En este contexto el retroceso en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la justicia ordinaria en el traslado de casos de “muertos en combate” con signos de violaciones de derechos humanos es sumamente preocupante. En el año 2008 se trasladaron 414 casos, en el 2009, 267 casos y hasta agosto del 2010 fueron 102 casos.
Derecho internacional humanitario
El conflicto armado interno sigue siendo uno de los generadores principales de violencia contra la población civil. Todas las partes del conflicto armado continuaron cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario, especialmente los grupos guerrilleros.
El informe registra con particular preocupación la infracción al principio de distinción en la conducción de hostilidades por los grupos guerrilleros, especialmente las FARC-EP, que resultó en numerosas personas civiles muertas y heridas. Registramos ataques sistemáticos contra la población y bienes civiles, tales como masacres, asesinatos selectivos y reclutamientos atribuidos a las FARC-EP y al ELN.
Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de las acciones de los grupos guerrilleros de forma “generalizada, sistemática y habitual”.
La siembra de minas antipersonal continúa causando grandes daños a la población civil. No obstante, el Programa Presidencial de Derechos Humanos registró una reducción del 51% en el número de incidentes y accidentes relacionados con minas antipersonales en comparación con 2009.
Tanto las FARC-EP como el ELN siguieron tomando rehenes.
Reiteramos con toda firmeza nuestra condena a la práctica de la toma de rehenes, que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.
También expresamos nuestra profunda preocupación por las condiciones, trato inhumano y degradante, a las que se ven sometidas todas las personas secuestradas, en particular aquellas que padecen cautiverio prolongado.
Desde la Oficina en Colombia, extendemos una vez más la plena solidaridad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a las familias que sufren la incertidumbre sobre la suerte de sus seres queridos.
En cuanto a la fuerza pública, la Oficina en Colombia continuó observando la presencia de unidades militares en los alrededores o en el interior de bienes civiles, incluyendo casas y escuelas.
Asimismo, son de preocupación las numerosas denuncias recibidas de comunidades que alegan abusos, especialmente del Ejército. En algunos de estos casos, las víctimas sufrieron tratos crueles o degradantes, e incluso torturas, y sólo fueron liberadas tras ser obligadas a firmar un acta de “buen trato”.
A pesar de las prohibiciones nacionales y de las recomendaciones internacionales, la Oficina continuó recibiendo información sobre utilización de niños y niñas para fines de inteligencia por miembros de la fuerza pública y sobre su participación en campañas cívico-militares.
Justicia transicional
La ley de víctimas y restitución de tierras es la iniciativa más significativa del nuevo gobierno en materia de derechos humanos y justicia transicional. El informe saluda la aprobación del proyecto por la Cámara de Representantes y estará atenta a las deliberaciones y decisiones del Senado.
Siguiendo el principio de no discriminación y el espíritu de reconciliación que guían la ley de víctimas recomendamos que no se excluyan de esta ley a guerrilleros y a sus familias, cuando fueron objeto de una violación de derechos humanos. Al mismo tiempo sugerimos disposiciones que eviten que actores armados ilegales que cometieron atrocidades reciban beneficios o reparaciones.
En cuanto a la Ley Justicia y Paz, el informe sigue sosteniendo que los resultados de la Ley 975 de 2005 son modestos. Como prueba, sólo aproximadamente el 4.5% de todos los desmovilizados se sometieron a la ley y de ellos solamente el 54% -un poco más de la mitad- ha contribuido con el derecho a la verdad por medio de versiones libres.
Existen dos sentencias parciales con tres personas sentenciadas. Estas sentencias fueron apeladas por las víctimas. Ante esto, la Alta Comisionada reitera su recomendación de considerar una profunda revisión de la Ley 975.
Parapolítica
La Oficina en Colombia observa con preocupación que la influencia de la llamada “parapolítica” no ha desaparecido del nuevo Congreso. De los 267 congresistas, 13, que han sido reelegidos, están siendo investigados penalmente por la Corte Suprema.
Además, se han recibido informaciones de posibles casos de “testaferrato político” entre congresistas elegidos por primera vez y personas vinculadas o incluso condenadas en procesos de “parapolítica”.
De cara a las elecciones locales de 2011 será importante para el Estado y la sociedad colombiana así como para la comunidad internacional observar estrechamente los riesgos de la parapolítica local.
Recomendaciones
En su informe, la Alta Comisionada formula una serie de recomendaciones concretas con la convicción de que su implementación contribuirá a una sensible mejora en la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el país.
La Alta Comisionada reitera una vez más el llamado a todos los actores armados a aceptar y acatar plenamente el derecho internacional humanitario.
Exige a los grupos armados ilegales que, de manera inmediata, liberen sin condiciones a todas las personas secuestradas, cesen el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, liberen a todos los que se encuentran en sus filas, y detengan la colocación de minas antipersonal.
En cuanto al tema de protección de defensores y grupos vulnerables, la Alta Comisionada alienta a una revisión exhaustiva de las políticas y programas de protección, tanto gubernamentales como de otras entidades del Estado.
En este contexto, reitera especialmente la necesidad de que el Estado colombiano adopte un programa de protección integral ligado al proceso de restitución de tierras.
La Alta Comisionada insta a desplegar mayores esfuerzos en la lucha contra la corrupción y aquiescencia con los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares en todos los ámbitos del Estado, particularmente en la fuerza pública, autoridades locales, jueces y fiscales.
Además sugiere una respuesta más efectiva por parte del Gobierno y las fuerzas de seguridad a los informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.
Ante las graves dimensiones de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la fuerza pública, la Alta Comisionada considera imperativo que el Estado colombiano avance significativamente en los procesos judiciales sobre dichas ejecuciones.
Ante todo, la Fiscalía General de la Nación debe adoptar las medidas correspondientes y asegurar el personal necesario para esclarecer, en el menor tiempo posible, todas las denuncias presentadas.
El Ministerio de Defensa debería reaccionar ante el preocupante retroceso en la colaboración entre la justica penal militar y la justicia ordinaria, transfiriendo inmediatamente a la justicia ordinaria todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Además, la Alta Comisionada recomienda establecer un mecanismo independiente para analizar y transferir a la justicia ordinaria casos que fueron conocidos y cerrados en el pasado por jueces penales militares sin una adecuada investigación.
Las reformas de inteligencia propuestas desde el año pasado requieren pasos más decididos para asegurar que el comportamiento de las agencias de inteligencia se ajuste a las normas y prácticas de un Estado democrático de derecho. En este campo existe un peligroso vacío de control democrático.
Por lo tanto, la Alta Comisionada insta al Gobierno, a la Procuraduría General de la Nación y al Congreso a establecer mecanismos democráticos robustos de control externo sobre los servicios de inteligencia, avanzar en el establecimiento de los centros de protección de datos con los más altos estándares de control interno y establecer un mecanismo de depuración de archivos.
Asimismo, exhorta a que las investigaciones judiciales avancen para establecer y condenar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes supuestamente cometidos por miembros del servicio de inteligencia civil, DAS.
Termino mi presentación con un agradecimiento a las autoridades colombianas por la renovación del mandato de la Oficina en Colombia por tres años así como por la excelente cooperación que mantienen con nosotros.
Este voto de confianza por parte del Gobierno Colombiano nos permitirá seguir con nuestra observación de la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario y con nuestras actividades de cooperación técnica e información pública.
Además prestaremos asesoría para la creación de un Centro Nacional de Derechos Humanos y apoyaremos las preparativas para una Conferencia Nacional de Derechos Humanos en diciembre 2011. En esto trabajaremos conjuntamente con el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional.
Finalmente, agradezco a la sociedad civil colombiana su apoyo, su solidaridad, su confianza y su colaboración con nosotros y doy las gracias a los países y organizaciones internacionales que continúan creyendo en nuestro mandato, brindándonos su imprescindible apoyo político, técnico y financiero.
Muchas gracias por su atención.
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