Quince días completa hoy miércoles el campo Caño Limón, en Arauca, sin poder bombear, a través del oleoducto que lo comunica con el puerto de Coveñas (Sucre), los más de 30.000 barriles de crudo liviano que produce cada día porque no ha sido posible reparar los daños que dejó un atentado desde el 25 de marzo en la vereda La China, jurisdicción del municipio de Toledo, en Norte de Santander.
Aunque normalmente, cuando ocurren estas acciones delictivas contra la infraestructura petrolera, las empresas, en este caso Cenit –filial de transporte y logística de Ecopetrol– usan técnicas desarrolladas para superar la contingencia en cerca de tres días, en esta ocasión no ha sido posible llegar al sitio porque una comunidad indígena uwa se opone a que los equipos técnicos ingresen al sitio.
La oposición de los indígenas se suma a los ataques que en los primeros días de abril se han registrado, pues, según datos consolidados por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en los primeros siete días del mes hubo seis atentados, de los cuales cuatro fueron voladuras y dos, abolladuras.
La situación, que se hizo visible esta semana a raíz de la suspensión de cerca de 500 contratos laborales de firmas contratistas de la petrolera Occidental de Colombia (OXY), encargadas de la producción en el campo petrolero, se tornó más compleja luego de que Ecopetrol declaró la fuerza mayor para unos contratos denominados Vasconia Norte, que corresponden al petróleo que se extrae de este campo.
La medida se tomó para justificar con argumentos la no entrega de petróleo a los clientes y quitarse presión por posibles multas derivadas del incumplimiento en dichos contratos.
Fuentes consultadas revelaron que la situación también tiene detenido el bombeo de crudo por el oleoducto Bicentenario, entre Casanare y Arauca, que inició operaciones a comienzos de año con una capacidad de 110.000 barriles por día.
Las empresas petroleras que usan esta nueva línea de transporte han tenido que volver a contratar carrotanques para movilizar el crudo por tierra. Además, parte de la producción se está movilizando por el oleoducto Central (Ocensa), pero a costos mayores.
Fuerte preocupación
El viceministro de Energía, Orlando Cabrales Segovia, afirmó que pese a que entidades como Ecopetrol, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se han dirigido a la zona, no ha sido posible hacer la reparación necesaria, no solo desde el punto de vista económico, sino porque hay que mitigar cualquier derrame y asegurar que no exista ninguna fuga que pueda afectar la vida de la comunidad en caso de presentarse un chispa, por ejemplo.
Señaló que aunque la comunidad indígena sostiene que el área afectada está dentro de un resguardo, para el Gobierno es claro que no, pues hace parte de un lote que adquirieron los uwas, pero que está por fuera de su zona ancestral.
Cabrales insistió en que no se puede esperar a que los indígenas hagan una reunión a finales de abril para discutir el tema, por los elevados riesgos sobre la comunidad y el medioambiente.
Advirtió que hay que restablecer el servicio, no solo de bombeo de petróleo, sino porque también se está viendo afectado el flujo de gas que surte a cuatro municipios de Norte de Santander y a Bucaramanga.
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