La reciente masacre del 21 de agosto por parte de las «Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá» de la que fueron víctimas varias decenas de personas civiles indefensas en la inspección de La Gabarra, se suma a una serie de atentados colectivos ocurridos desde la entrada de este grupo armado en la región, a finales del mes de mayo, provocando un desplazamiento masivo de la población. Esta información fue recogida y señalada por los órganos de control del Estado sin que fuese seguida de acciones efectivas por parte del Gobierno.
En el mes de julio, la Oficina se hizo presente en el área mencionada, en calidad de observadora, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y una comisión de verificación integrada por representantes del Gobierno, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría, así como por ONGs colombianas. Esto le permitió conocer directamente por anuncio del jefe de las ACCU que operan en la zona, de la inminencia de nuevos hechos que amenazaban la vida de los habitantes de varias localidades, entre ellas Tibú, El Tarra, La Gabarra, Campo Dos y Filo Gringo. Esta información fue transmitida de manera pronta y oportuna, a la espera de que el Gobierno tomara una acción eficaz para evitar y prevenir los nuevos actos de agresión así anunciados.
La Oficina hace notar que los subsiguientes hechos de violencia revelan que, a pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno en relación con dichas amenazas, éste no ha tomado las medidas y acciones necesarias para garantizar y proteger la vida y seguridad de los habitantes de esta región.
La Oficina exhorta a las autoridades nacionales a que asuman responsabilidades al mas alto nivel para prevenir que hechos de esta naturaleza continúen repitiéndose en este Departamento e insta a que de manera urgente se destinen los recursos necesarios y se adopten medidas inmediatas para amparar a los pobladores del Departamento de Norte de Santander.
Así mismo, la Oficina recuerda al Estado colombiano sus obligaciones internacionales relativas al deber de investigar exhaustivamente estos graves hechos, así como las eventuales acciones como también las omisiones de sus funcionarios públicos y de sancionar a los responsables de los mismos.
Finalmente, la Oficina reitera su exigencia a las ACCU y al resto de los actores armados, a cumplir con su obligación de respeto y protección de las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades y ajustar su comportamiento y acciones a los principios humanitarios.
Santafé de Bogotá, 24 de agosto de 1999.La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace pública su más enérgica condena por los graves hechos de violencia que azotan a las poblaciones del Departamento de Norte de Santander.
La reciente masacre del 21 de agosto por parte de las «Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá» de la que fueron víctimas varias decenas de personas civiles indefensas en la inspección de La Gabarra, se suma a una serie de atentados colectivos ocurridos desde la entrada de este grupo armado en la región, a finales del mes de mayo, provocando un desplazamiento masivo de la población. Esta información fue recogida y señalada por los órganos de control del Estado sin que fuese seguida de acciones efectivas por parte del Gobierno.
En el mes de julio, la Oficina se hizo presente en el área mencionada, en calidad de observadora, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y una comisión de verificación integrada por representantes del Gobierno, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría, así como por ONGs colombianas. Esto le permitió conocer directamente por anuncio del jefe de las ACCU que operan en la zona, de la inminencia de nuevos hechos que amenazaban la vida de los habitantes de varias localidades, entre ellas Tibú, El Tarra, La Gabarra, Campo Dos y Filo Gringo. Esta información fue transmitida de manera pronta y oportuna, a la espera de que el Gobierno tomara una acción eficaz para evitar y prevenir los nuevos actos de agresión así anunciados.
La Oficina hace notar que los subsiguientes hechos de violencia revelan que, a pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno en relación con dichas amenazas, éste no ha tomado las medidas y acciones necesarias para garantizar y proteger la vida y seguridad de los habitantes de esta región.
La Oficina exhorta a las autoridades nacionales a que asuman responsabilidades al mas alto nivel para prevenir que hechos de esta naturaleza continúen repitiéndose en este Departamento e insta a que de manera urgente se destinen los recursos necesarios y se adopten medidas inmediatas para amparar a los pobladores del Departamento de Norte de Santander.
Así mismo, la Oficina recuerda al Estado colombiano sus obligaciones internacionales relativas al deber de investigar exhaustivamente estos graves hechos, así como las eventuales acciones como también las omisiones de sus funcionarios públicos y de sancionar a los responsables de los mismos.
Finalmente, la Oficina reitera su exigencia a las ACCU y al resto de los actores armados, a cumplir con su obligación de respeto y protección de las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades y ajustar su comportamiento y acciones a los principios humanitarios.
