Siete concejales de Medellín que han tocado delicados temas de seguridad y corrupción denunciaron que han recibido amenazas contra sus vidas.
Los concejales que dicen haber recibido mensajes intimidantes son Bernardo Alejandro Guerra, del partido Liberal y actual presidente de la Corporación; Yefferson Miranda, del Partido Verde y vicepresidente primero del Concejo de Medellín. También dijeron haber recibido intimidaciones Jesús Aníbal Echeverri y Juan Felipe Campuzano, del partido de la U; Robert Bohórquez y Carlos Mario Uribe, de Cambio Radical, y Nicolás Albeiro Echeverri, del partido Conservador.
En una carta dirigida al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, estos concejales advirtieron que «dichas amenazas se han presentado luego del tratamiento de diferentes temas que seguramente han afectado los intereses de personas que actúan ilícitamente al interior del Estado y por fuera de él».
Algunos de estos concejales tienen en común haber puesto en relieve una situación que en los barrios es un secreto a voces. Se trata de denuncias que dicen que los combos de jóvenes armados que obedecen órdenes de la Oficina de Envigado están captando recursos del presupuesto participativo y cobran extorsiones por el uso de lugares públicos, como las canchas sintéticas construidas por la Alcaldía en algunos sectores.
Otros han tomado como bandera la denuncia de la corrupción. Este es el caso puntual del concejal Bernardo Guerra, que en su trayectoria política ha sido diputado de Antioquia, Senador y Concejal de Medellín. Él ha sido reconocido por sus denuncias en el sector de la salud. De hecho, fue el primero en hablar del desfalco de Saludcoop.
Recientemente, se ha concentrado en hablar de las irregularidades en clínicas que en Medellín prestan servicios de cirugía plástica y de algunos médicos que sin tener credenciales suficientes para aplicar estos procedimientos los hacen en horas de la madrugada. Además, Guerra ha cuestionado los manejos de recursos en programas que atienden la alimentación de los niños más pobres de la ciudad y en una reconocida empresas de servicios públicos. Ahora, él denuncia que a su correo electrónico y a su celular han llegado mensajes proclamando la «muerte a Guerra».
Pero él no es el único que ha promovido debates para denunciar situaciones en la ciudad. El concejal Jesús Aníbal Echeverri ha sido insistente en los últimos meses en denunciar que en los barrios los grupos ilegales se están quedando con altos porcentajes de dinero del Estado por cuenta de su participación en Juntas de Acción Comunal.
El mecanismo que él denuncia consiste en que estas personas, fungiendo como líderes, terminan decidiendo el destino de los recursos del presupuesto participativo y buena parte de la plata se destina a financiera organizaciones ilegales. Además, él ha dicho que en aquellos lugares los jóvenes armados cobran una vacuna para usar las canchas sintéticas y que en las noches arman fiestas en la calle, cobran la entrada y adentro hacen su negocio vendiendo drogas.
En respuesta, algunos líderes de los barrios le han cancelado reuniones en varias comunas argumentando que es mejor que no vaya porque su vida está en peligro. «Yo no acostumbro hacer públicas estas situaciones. Pero recientemente me enteré de que le estaban tomando fotografías a mi casa y ahí fue cuando decidí denunciar esta situación», dice el concejal.
Similares denuncias ha hecho Robert Bohórquez, de Cambio Radical. Este joven acaba de llegar por primera vez al Concejo y ya ha hecho varias denuncias. Además de compartir las versiones denunciadas por sus compañeros sobre el desvío de recursos del presupuesto participativo y del cobro de extorsiones para usar espacios públicos, Bohórquez denunció que en algunos barrios hay personas que cobran los formularios para acceder a subsidios de vivienda. La semana pasada, un pariente suyo fue abordado por un policía que le dijo que la banda Los Mondongueros quería matarlo por haber hecho esta denuncia.
Esta banda era una de las más fuertes que operaba bajo órdenes del narcotraficante Maximiliano Bonilla, alias ‘Valenciano’, capturado en Venezuela a finales del año pasado. Tras la caída del capo, algunos de sus hombres se sometieron a las órdenes de su enemigo ‘Sebastián’ y otros decidieron seguir financiándose por su cuenta.
Por su parte, el concejal Juan Felipe Campuzano, del partido de la U, es reconocido por sus pensamientos de derecha y tiene como bandera el discurso de la seguridad. Él ha denunciado el control criminal en Medellín por parte de 15 bandas ilegales que mueven alrededor de 2.500 millones de pesos diarios por cuenta del negocio de la droga.
En los últimos meses también ha recibido mensajes de texto en su celular en el que personas que él desconoce lo invitan a negociar y le advierten que no es invulnerable. «Concejal, hemos intentado comunicarnos con usted, pero no responde. La cosa no es como cree. Aquí hay una organización. No somos gamines. Sus comentarios ya pasaron a ser hostigantes. Aquí estamos es defendiendo lo que ustedes no pueden. No se crea invulnerable porque sí lo es. Si usted no sabe cómo es esto acá, le enseñamos cómo es la vuelta. Tranquilice esa pujadera. Si quiere hablamos para que sepa que no estamos pintados en la pared», dice uno de los mensajes.
Otro que recibió amenaza de muerte por escrito es el concejal Nicolás Albeiro Echeverri. Él gestionó el dinero para construir una cancha en el barrio El Playón de los Comuneros, en el nororiente de Medellín. Cuando fueron a iniciar la obra, se encontraron con que el lote había sido invadido. El concejal, junto con un líder de la zona, han hecho las gestiones para que el lote quede libre y poder así construir la cancha.
En respuesta, el líder recibió una comunicación escrita la semana pasada en la que le dicen: «… poné mucha atención y leé con cuidado. Te damos ocho días para que abandonés el playón. De lo contrario, te sacaremos. Ojo. Te estaremos vigilando a partir del momento en que recibas esta información y dile a tu concejal que venga para ensañarle que aquí no somos lo que él cree. Le enseñaremos que a él también le entra. Te contamos que te vamos a hacer una cancha muy grande en el cementerio. Allá te queda bonita y estaremos pendientes».
Al concejal Carlos Mario Uribe le llegó la amenaza por medio de su esposa. La semana pasada, después de una reunión donde los concejales estaban hablando de su seguridad, ella lo llamó y le dijo que alguien la había buscado para decirle que a su esposo, el concejal, le estaban haciendo seguimientos.
Y Yefferson Miranda, del partido Verde, si bien no ha recibido amenazas este año, reiteró que tiene un esquema de seguridad reforzado porque el año pasado denunció en la Fiscalía a un candidato a la Alcaldía que al parecer recibió apoyo de la Corporación Democracia, creada por los paramilitares desmovilicados, en las elecciones de 2007. Ese mismo candidato que él denunció participó en la contienda del año pasado y perdió. Según Miranda, después de su denuncia, personas que trabajaban en su campaña recibieron intimidaciones y en una ocasión dos hombres cogieron a golpes su carro.
Estos casos son analizados por la Policía para identificar el riesgo de cada concejal.
