El decreto 2734, que busca proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género, anunciado con gran entusiasmo la semana pasada por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, tomó por sorpresa a las organizaciones civiles. Linda Cabrera, coordinadora de acceso a la justicia y no violencias de la organización Sisma, afirma que “el Gobierno negoció directa y exclusivamente con las EPS”.
De haber sido advertidas, se hubieran percatado de que los beneficios que establece el decreto (hospedaje, alimentación y transporte a mujeres víctimas del maltrato cuya vida e integridad se encuentren en riesgo), no estarán incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como lo estipula el artículo 19 de la Ley 1257 y lo reitera la Sentencia 776 de 2010 de la Corte Constitucional: “El Ministerio de la Protección Social tiene el deber de reglamentar el Plan Obligatorio de Salud incluyendo las actividades de atención relacionadas con alojamiento y alimentación a las víctimas”.
En cambio, el Ministerio de Salud les transferirá $11.000 millones a las secretarías de Salud, para que a su vez se los giren a las EPS y éstas presten los servicios. Los recursos provendrán de una subcuenta de promoción y solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Lo anterior significa que, aunque se está garantizando la prestación de estos servicios por una vía diferente, se les está quitando esta obligación a las EPS.
Esta nueva norma tiene como antecedente la Ley 1257 de 2008, que fue construida con participación de las mujeres, lo que, según ellas, explica el éxito de la misma. Por eso les llama la atención que en la última reglamentación ni siquiera recibieran un borrador del decreto.
Marlene Alfonso, directora de Mujeres Rurales, miembro de la mesa que hace seguimiento a la implementación de la Ley 1257, se enteró de los nuevos decretos por medios de comunicación. Lo mismo sucedió con Claudia Ramírez, de la Red Nacional de Mujeres.
Cristina Plazas, alta consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, reconoce que no hubo una socialización final del decreto, ya que los tiempos de vacaciones del Gobierno y las organizaciones no coincidieron y fue difícil ponerse en contacto, como sí se hizo para los cuatro decretos anteriores que buscaban reglamentar las leyes (4796, 4798, 4799 y 4463 de 2011). Sin embargo, destaca que “el éxito de mi gestión depende del acompañamiento de ellas”.
Aunque las organizaciones de mujeres reconocen que el Decreto 2734 es un importante avance para garantizar la protección contra el maltrato, Linda Cabrera también lo califica de “regresivo en términos de atención y protección a las mujeres víctimas”.
Por un lado, la norma estipula que para que un comisario de familia o juez de garantías pueda otorgar las medidas de atención, la mujer debe encontrarse en una situación de riesgo, la cual es determinada por un policía.
Al respecto, Viviana Rodríguez, investigadora de Sisma, dice que la policía se puede convertir en un obstáculo más para que las mujeres sean protegidas: “En la práctica, ellas sienten que la policía percibe que el maltrato es un asunto de celos, de malos entendidos. Si no se muestran golpes es muy difícil que les crean”.
Janeth Tineo, psicóloga que ha trabajado con mujeres maltratadas, asegura que lo que más le preocupa del decreto es que puede haber una revictimización: “Contar de forma reiterativa el duelo a diferentes personas y tener que destapar la historia frente a desconocidos genera más daño para la recuperación. Si bien es importante que se haga una adecuada valoración, esa no puede ser para poner en duda lo vivido”.
Por su parte, Claudia Mejía, directora de Sima, afirma que los puntos críticos del decreto podrían ser un obstáculo tan grande al acceso de las medidas, que existe el riesgo de que no se cumplan. “Queremos proponer al Gobierno que dé unos meses de plazo a la implementación de este decreto para que puedan evaluar las sugerencias de la sociedad”, agregó.
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