Hoy, un conglomerado de fundaciones provida busca tumbar la sentencia de la Corte Constitucional, argumentando que el aborto es un delito y que “no es un derecho fundamental”.
Para lograr ese objetivo, las fundaciones, congregadas en el Comité Unidos por la Vida, inscrito en la Registraduría Nacional con 195.972 firmas válidas, buscan convocar un referendo para que el constituyente primario decida en las urnas si apoya o no las IVE.
Para ello, los organizadores de la iniciativa tendrán que recolectar al menos 1’608.410 firmas (equivalentes al 5% del censo electoral), aunque aspiran a recaudar nueve millones. Para esta misión tienen un plazo de seis meses, contados a partir de ayer, fecha en que la Registraduría les entregó el modelo original del formulario en el que los ciudadanos consignarán su apoyo.
Pero este no es el único proyecto antiaborto. Paralelo a éste, 60 congresistas liderados por el senador conservador José Darío Salazar avanzan en la recolección de firmas con la intención de convocar otro referendo. En una primera etapa sumaron 325.000 rúbricas.
Ambas iniciativas tienen como precedente la demanda de la Procuraduría General de la Nación contra dos circulares publicadas por la Superintendencia de Salud, que pretendían reglamentar dicha sentencia basándose en el decreto presidencial 4444 de 2006, que después fue suspendido por el Consejo de Estado porque, a su juicio, ello correspondía al Congreso y no al Ejecutivo. Sin embargo, la Circular 003 de 2013, emitida por la Supersalud en abril, ordena a todas la EPS y hospitales del país prestar este servicio sin interponer barreras a quienes lo soliciten.
Es tal la tensión provocada por las IVE, que en agosto del año pasado la Corte Constitucional —al fallar una tutela interpuesta por 1.280 mujeres— le ordenó al procurador Alejandro Ordóñez rectificarse porque “faltó a la verdad y se extralimitó en sus funciones” al afirmar que las campañas de promoción de los derechos sexuales de las mujeres eran “campañas masivas de promoción del aborto”, cuando lo que buscan es promocionar los derechos sexuales y reproductivos. Debido a que el pronunciamiento fue apoyado por las procuradoras delegadas Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño, ambas renunciaron a sus cargos, pero el jefe del Ministerio Público las ratificó.
Mientras se ahonda la controversia, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog) revela que se han reportado 1.632 abortos legales entre 2006 y 2012, cifra que se queda corta si se la compara con la reportada por entidades ajenas al sistema, las cuales han realizado, entre 2011 y 2012 al menos 13.635 abortos.
Visiones opuestas
Marcela Posada, actriz y vocera del Comité Unidos por la Vida, le dijo a este diario que lo que buscan es que los 32 millones de colombianos que tienen derecho a votar elijan si quieren el aborto o no. Su argumento para justificar la prohibición absoluta del aborto es “la promoción de la vida”. “Somos un país que por años ha tenido que sufrir la violencia, y el aborto es violento”.
Ante expresiones manifestadas desde la otra orilla, como la de Ariadna Tovar Ramírez, abogada y vocera de Women’s Link Worldwide Colombia, en el sentido de que la prohibición total de esta práctica representa un retroceso en materia de garantía de derechos, Posada sostiene que el aborto no es un derecho y sí es un paso atrás hacia la discriminación, pues es una práctica similar a la ejercida por el nazismo. Entonces nos estamos volviendo selectivos: tú vives, tú no tienes derecho a vivir. Cuando una persona acepta las IVE, está renunciando a sus reales derechos”. A su vez denuncia que a pesar de que el aborto está despenalizado únicamente bajo tres causales específicas, las instituciones encargadas de temas sexuales y reproductivos lo ofrecen aun cuando las mujeres no figuren dentro de los casos que estipula la sentencia.
Para Tovar, si se llegara a aprobar un referendo que prohíba el aborto en todas las circunstancias, no solamente no se garantiza el derecho a la vida de las mujeres, tampoco se estaría evitando que se realicen abortos. “Por el contrario, implicará la realización de abortos inseguros, que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres”. Según información de esta organización, en América Latina el riesgo de muerte por abortos inseguros es de 370 por cada 100.000 casos.
Considera, además, que en un Estado democrático la protección de derechos humanos y fundamentales, como los derechos reproductivos de las mujeres, no puede estar supeditada a la opinión de las mayorías. Y concluye que mientras el referendo no sea aprobado, el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo sigue vigente y debe ser asegurado por las autoridades.
Ahora, el reto inmediato de los opositores a las IVE es hacer realidad la convocatoria de referendo para eliminar de la legislación colombiana eso que algunos de ellos han llamado la práctica de un antivalor violatorio del derecho fundamental a la vida. ¿Derrotarán en las urnas a quienes piensan que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo cuando su vida está en riesgo?
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