Cuando tienen sed, los habitantes de Cisneros, Antioquia, saben que no pueden tomar agua de la llave. Saben que ninguno de los acueductos que abastecen al municipio tiene planta de tratamiento y que la calidad del agua de las quebradas es baja. La hierven antes de tomarla o la compran embotellada, porque no quieren terminar en el hospital por cuenta de una enfermedad gastrointestinal.
No son los únicos: Cisneros es apenas una de las poblaciones del país que reciben agua inviable para el consumo humano, según datos del Instituto Nacional de Salud. Esta crítica situación la confirma un informe de calidad del agua en 2011, en el que avanza la Defensoría del Pueblo y que será publicado a principios del próximo año.
El Espectador revela algunos de los hallazgos preliminares que señalan, por ejemplo, que además de Cisneros, otros 22 municipios están en las mismas condiciones.
La probabilidad de contraer enfermedades al consumir agua se mide a través del índice de riesgo para el consumo de agua potable (IRCA). Esta medición señala que la categoría de “inviable sanitariamente” es la que representa mayor amenaza, seguida por alto, medio, bajo y sin riesgo.
Las cifras recogidas hasta ahora demuestran que aún quedan retos para lograr que los colombianos beban agua de buena calidad. Según la Defensoría, en 322 municipios hay riesgo alto de contraer enfermedades. En 2010, la cifra era de 283. Además, aunque 282 municipios no corrían riesgo en 2010, para 2011, 32 bajaron su calidad, dejando con agua potable a sólo 250 de 1.070 municipios de los 1.122 del país.
En total, 521 municipios recibieron agua sin ningún tratamiento en 2011, lo que se convierte en un cuestionamiento más a los resultados de los planes departamentales de aguas, que se quedaron cortos en sus propósitos de saneamiento básico, como lo reconoció el Ministerio de Vivienda.
Según la Defensoría del Pueblo, es evidente la ausencia de intervenciones estatales efectivas para aumentar el porcentaje de la población que recibe agua sin riesgo para la salud. Desde 2005, esa entidad viene analizando la calidad del agua que beben los colombianos y ha presentado los resultados anualmente. El informe en el que está trabajando será la conclusión de los logros y desafíos de los últimos años. Mirando hacia atrás, Mayibe Ardila, defensora delegada para los derechos colectivos y del ambiente, señala que la situación ha mejorado, pero insiste en que “todavía falta mucho camino por recorrer”.
Pese a los avances en provisión, acceso y mejora de la calidad, todavía quedan muchos obstáculos por superar. Uno de ellos, como señala Ardila, tiene que ver con las dificultades para conseguir agua potable en las zonas rurales. De acuerdo con datos de la Encuesta de Calidad de Vida DANE para 2011, sólo 56,3% de los hogares rurales está conectado a un sistema de acueducto, mientras que en las zonas urbanas la cifra asciende a 96%.
Según el Instituto Nacional de Salud, entre 2007 y 2011, el 58% del agua distribuida en el país no representó un riesgo para la salud. Sin embargo aclara que el 30% registró el riesgo más alto.
Por ahora, aunque el estudio no tiene conclusiones finales para la Defensoría es claro que, en casos como el de Cisneros y los demás municipios en los que el consumo de agua es inviable, “se debe evaluar la posibilidad de una declaratoria de emergencia sanitaria”. Otra de las recomendaciones es que además de las personas que prestan el servicio, las autoridades sanitarias y de salud deben poner en práctica acciones para asegurar que el agua que llegue a las viviendas sea de la mejor calidad.
En Cisneros esperan los recursos para construir una planta de tratamiento, pero mientras eso sucede, reconoce Cristóbal Granda, secretario de Salud del Municipio y casualmente exgerente de su Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, lo único que se puede hacer es “avisarle a la gente por medio de volantes y de la emisora que no tome agua cruda, que la hierva si no quiere terminar con enfermedades”.
