Los fallos que abrieron el boquete para las pensiones millonarias

Cuatro sentencias del Consejo de Estado serán claves este miércoles en la discusión que la Corte Constitucional reanuda para decidir si sepulta la norma que permite a exmagistrados y a excongresistas jubilarse con pensiones millonarias.

Esos fallos, según el Ministerio de Hacienda, contribuyeron a extender los beneficios de jubilación, lo que podría incrementar la obligación pensional a cargo del Estado entre 31,3 y 37 billones de pesos. Esa plata es adicional a lo que ya cuestan las pensiones. (Lea: Corte seguirá deliberación sobre pensiones millonarias).

En dos de las sentencias, los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado aprobaron ponencias de su colega Víctor Alvarado. En ambas apela a la Ley 33 de 1985, que regía las pensiones de los empleados del Estado antes de la Ley 100, y desecha jurisprudencia Constitucional. (Lea:‘Dos veces demandé pensiones millonarias, hoy sabré si valió la pena’).

Una de ellas, emitida el primero de diciembre del 2009, favoreció a Luis Mario Velandia, un auxiliar de la Aerocivil, a quien le reconoció, aparte de su sueldo y primas legales, factores como auxilio de alimentación, bonificaciones por servicios y recreación, incremento de antigüedad y una prima de productividad.

Alvarado (quien hoy está a un año de cumplir la edad de retiro) indicó que para el cálculo pensional se debían tener en cuenta todos los factores salariales. (Lea además: Gobierno y altas cortes chocan por pensiones millonarias).

Por ese fallo, el Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecon) recibió más de 60 demandas para la reliquidación de las pensiones a su cargo. Los pleitos terminaron a favor de los demandantes, lo que llevó a la entidad a presentar cuatro tutelas ante la Corte Constitucional para que diera claridad sobre el tema.

Otro fallo -también proyectado por Alvarado- le permitió al excongresista Fernando Rueda Franco jubilarse con solo haber ejercido su investidura durante 49 días. Franco fue nombrado en 1994 y su pensión debió ser liquidada con base en el 75 por ciento de lo que ganaban los congresistas en el 2002.

Las dos sentencias restantes que analiza la Corte fueron proyectadas por el entonces magistrado y hoy procurador, Alejandro Ordóñez. Una favoreció al consejero Tomás Javier Díaz Bueno. El Consejo de Estado ordenó liquidar la pensión igual que a los congresistas (con base en el salario del último año) y no con el promedio de los últimos 10 años.

Tres años después, también con ponencia de Ordóñez, otro fallo favoreció al excongresista Jesús Orlando Gómez, esposo de la magistrada Julia Emma Garzón, implicada en el juicio fiscal que adelanta la Contraloría por el ‘carrusel’ de pensiones.

La decisión desconoció una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba que la liquidación se hiciera sobre el sueldo del congresista durante el último año de ejercicio y que esos otros ingresos tuvieran que ver con el trabajo de representación política.

Hoy vuelve la expectativa sobre la decisión que debe tomar la Corte frente a las pensiones de excongresistas y exmagistrados y, según las entidades afectadas, sobre la manera como en adelante estas deben liquidarse.

Como procurador, Alejandro Ordóñez expidió una circular el 3 de noviembre del 2010 en la que citó jurisprudencia del Consejo de Estado -entre ellas sus fallos como consejero- y «conmina» a los funcionarios de Cajanal, ISS y otras administradoras de pensiones a que cumplan las sentencias. 

Este concepto, provocó, en su momento, la protesta de los ministerios de Hacienda y del Trabajo, hecho que Ordóñez calificó como una «asonada ministerial».

Según un informe de la Contraloría, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aumentado el valor de las pensiones de excongresistas y exmagistrados entre 45 y 261 por ciento en los casos en que se incluyen todos los factores salariales.

REDACCIÓN JUSTICIA