Solo resta que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto que define el derecho a la salud, lo regula y crea mecanismos para protegerlo.
El sistema de salud colombiano está un paso más cerca de experimentar un vuelco estructural. Está a punto de ser aprobado en el Congreso el proyecto de ley estatutaria que define el derecho a la salud, lo regula y establece los mecanismos para protegerlo.
Si se le da vía libre a esta iniciativa en la Cámara de Representantes –que tendrá que ser revisada por la Corte Constitucional– sólo quedaría pendiente el trámite de ley ordinaria, que se discutirá en el segundo semestre del año y que definirá el modelo en el que operará el nuevo sistema.
El proyecto de ley estatutaria, que es la columna vertebral de la reforma a la salud y fue radicado por el Gobierno el pasado 19 de marzo, está compuesto por 30 artículos que recogen los principales estamentos que regirán al sistema.
Entre ellos, sobresalen temas como la portabilidad nacional, que establece que el sistema de salud le deberá garantizar a sus usuarios el acceso a los servicios “en todo el territorio nacional, independientemente de su residencia o lugar de trabajo”.
Un artículo que generó un gran debete en el Senado es el que establece que el Estado proveerá los recursos para el sistema sin afectar la sostenibilidad fiscal del país, lo que algunos críticos aseguran que podría limitar el acceso a este derecho. El artículo, que finalmente fue aprobado, reza que “el Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”.
Un punto que generó especial polémica era el futuro de la tutela, mecanismo que hoy es utilizado por miles de colombianos para exigir el cumplimiento de su derecho a la salud. La contralora general Sandra Morelli denunció que una de las propuestas que contiene el proyecto podría afectarla. Se trata de un artículo que establece la posibilidad de presentar una “acción especial de nulidad en salud” ante el Consejo de Estado, en caso de que un servicio o tecnología quede excluido de los beneficios a los que tienen derecho los usuarios. Según Morelli esto crearía una mayor congestión en la rama judicial e iría en contra de la tutela. Ante este panorama la plenaria decidió eliminarlo.
Otros temas que se destacan del proyecto de ley estatutaria son: el capítulo que se refiere al “respeto a la dignidad” de los profesionales y trabajadores de la salud, y que reza que éstos tendrán unas condiciones laborales “justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos”.
También se define la creación de un sistema único de información en salud, teniendo en cuenta que los registros actuales cuentas con enormes vacíos.
Además sobresale un artículo que plantea el deber del Estado de promover la divulgación de los principales avances científicos en salud, y la creación de una “Política de Innovación, Ciencia y Tecnología en salud”, orientada a la investigación y generación de nuevos conocimientos, y a la producción de las tecnologías necesarias para prestar un servicio de alta calidad.
Se propone también la implantación de una “Política Farmacéutica Nacional” que entrará a regular los mecanismos de financiación, adquisición, almacenamiento, producción y distribución de los insumos, tecnologías y medicamentos. Precisamente el vacío legal que ha reinado en el sector farmacéutico en los últimos diez años ha llevado a que Colombia pague por algunos medicamentos más que Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Francia. Según la firma Econometría S.A. en nuestro país algunos fármacos son hasta 240% más costosos que en otras naciones.
Aunque la Cámara alcanzó a votar algunos de lo impedimentos que presentaron los congresistas, el debate se levantó porque el recinto se estaba quedando sin quórum.
Para que la iniciativa pase a sanción presidencial, y posteriormente a revisión de la Corte Constitucional, falta esperar que la Cámara apruebe el proyecto y que posteriormente éste sea conciliado con el Senado.
