El consejero presidencial para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, encargado para buscarle una solución a la crisis que se vive en el Catatumbo por las protestas campesinas desde hace 15 días —que ya han dejado cuatro muertos y numerosos heridos, al tiempo que los alimentos y medicinas empiezan a escasear— reconoció la crisis social que se vive en la región y que el Gobierno llegó tarde para su atención.
“Están pidiendo lo mismo que se pedía hace 18 años. Justifico la protesta desde la mirada social y hay que resolverle los temas a la gente”, afirmó Garzón, señalando que no piensa levantarse de la mesa hasta encontrar una solución pacífica a la protesta.
Los manifestantes vienen pidiendo la creación de una zona de reserva campesina y solicitan que se detenga el proceso de erradicación forzada de cultivos ilícitos, pues consideran que esta actividad es una respuesta al abandono estatal, al tiempo que aseguran ser víctimas de detenciones arbitrarias y estigmatización. Asimismo, han denunciado que las muertes de Leonel Jácome, Édison Franco, Humberto Angarita y Hermídez Palacio fueron producto de los disparos indiscriminados de la Fuerza Pública. La Policía, por su parte, confirmó la muertes de estas personas por arma de fuego y sostuvo que la Fiscalía adelantará las investigaciones del caso.
Los hechos ya fueron presentados ante el relator de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, según lo explicó Olga Quintero, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo, quien enfatizó: “Nos mantenemos en la idea de que se sesione en la mesa de interlocución y acuerdo en Tibú en cuatro temas: zona de reserva campesina, suspensión del programa de erradicación forzada de cultivos ilícitos y del Plan de Consolidación, suspensión de iniciativas minero-energéticas hasta que se adelante una consulta previa con los campesinos y derechos humanos”. El Gobierno pide que se trabaje en tres mesas paralelas. Nosotros creemos que eso sería dividirnos”.
Por: Redacción Política
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