“Cuando el pueblo se organiza, cuando reclama sus derechos, el gobiernos estigmatiza y trata de ponernos como lo peor… aquí no hay vandalismo, nosotros no hemos quemado casas y eso tiene que quedar muy claro; aquí está el pueblo organizado luchando por lo que por años se nos ha sido negado… se nos han incumplido muchos acuerdos, como la constitución de la Zona de Reserva Campesina, la puesta en marcha de los proyectos productivos y la sustitución progresiva de los cultivos ilícitos”.
Campesino del Catatumbo
Teniendo presente las diferentes luchas campesinas que se han librado en todo el territorio nacional por el derecho a la tierra, incluyendo Risaralda, donde también se han adelantado luchas como la de los mineros artesanales en Quinchía en contra de las políticas minero-energéticas, la de los pequeños y medianos productores de café, y donde también se ha presentado un aumento en los desplazamientos del campo a la ciudad por el conflicto político, social y armado; y siendo conscientes de la importancia de que la ciudadanía conozca las causas reales de estos conflictos, sobre todo cuando se adelantan los diálogos de paz entre la insurgencia y el Estado, queremos exponer a la ciudadanía Risaraldense la situación de nuestros hermanos campesinos del Catatumbo.
Es fundamental visibilizar las razones por las cuales más de 16.000 campesinos del Catatumbo en Norte de Santander, se vienen manifestando desde el 11 de junio en movilizaciones convocadas por la Asociación Campesina del Catatumbo -ASCAMCAT-, buscando la solución a una crisis social, económica y humanitaria provocada por:
1. Una campaña de erradicación forzada de los cultivos de coca que impactó a las familias campesinas y la economía regional, el gobierno ni propuso ni implementó ninguna alternativa económica a la coca.
2. La implementación de la política petrolera y minero – energética del gobierno en la región, representa la descampesinización del Catatumbo, desplazamiento, pérdida de la tierra y el territorio.
3. El paramilitarismo de Estado implementó en la región el agro-negocio de la palma aceitera, legalizando con este modelo económico las masacres, las desapariciones y los miles de desplazados.
4. Más de 200 campesinos presos del Catatumbo, víctimas de supuestos delitos de narcotráfico (ley 30) y rebelión, configuran un nuevo modelo de represión judicial regional, modelo que criminaliza la posición política y la economía campesina del cultivo de la coca.
5. El gobierno lleva a cabo un plan de consolidación militar contrainsurgente bajo el sofisma del desarrollo rural, el plan va en contravía de la iniciativa de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y en la práctica recrudece las violaciones a los derechos humanos y la victimización del campesinado por parte de la Fuerzas Armadas.
6. El gobierno se niega a declarar la Zona de Reserva Campesina -ZRC- del Catatumbo atendiendo a un veto ilegal del Ministerio de Defensa, incumpliendo los acuerdos y violando la ley 160 de 1994.
En el desarrollo de dichas manifestaciones se ha desencadenado una brutal ofensiva por parte del ESMAD, policía nacional y el Ejército, que con sus armas y tanquetas han despojado a los campesinos dentro y fuera de la manifestaciones de sus pertenencias: víveres, carros, motocicletas, incendio de casas, entre otras acciones violentas, además de torturas, tratos crueles e inhumanos.
La repercusión de dicha ofensiva ha dejado ya un gran número de detenidos, decenas de heridos por amputación, consecuencia de los explosivos con esquirlas del ESMAD, así como bombas aturdidoras, granadas de fragmentación, balas de goma y plomo, incluso se denunció el disparo de ráfagas de ametralladora por parte del Ejército, pero lo más grave de todo, la muerte de cuatro campesinos por la defensa del territorio. La violencia que han ejercido los campesinos sólo ha sido una respuesta defensiva, consecuencia de los atropellos de la autoridad.
El 20 de Junio se logra establecer una mesa de negociación, que los delegados campesinos de ASCAMCAT rechazaron, ya que fueron invitadas las fuerzas armadas; resulta ser una provocación que si los campesinos protestan contra los abusos de la militarización y la consolidación militar, sean invitados a una reunión en la que no tienen nada que aportar.
El campesinado insiste en la interlocución y los acuerdos y plantea el siguiente pliego de peticiones:
1. Instalación de una Mesa de Interlocución y Acuerdo entre campesinos y las autoridades locales, departamentales y nacionales.
2. Aprobación de la Zona de Reserva Campesinas -ZRC- por parte del Estado.
3. Ejecución de un programa de sustitución gradual de cultivos de coca, subsidios para mitigar la crisis alimentaria generada por las erradicaciones forzadas.
4. Suspensión de las políticas y planes minero-energéticos que se quieran desarrollar en el Catatumbo.
5. Suspensión del Plan de Consolidación militar.
6. Programas, proyectos y políticas de inversión social para la región.
Las tensiones que produce el conflicto por la tierra y la organización del campesinado alrededor de la misma por su defensa, no sólo se originan en el Catatumbo o en nuestra región, son problemáticas que se viven cotidianamente en departamentos como Tolima, Meta, Cauca, Putumayo, Guaviare, entre otros; la dinámica de las luchas por parte de los reclamantes de tierra no cesan y es deber de todos atender a estos llamados, pues es finalmente del campo que recibimos todos los recursos naturales que necesitamos de manera vital, es el campesino quien con su mano y trabajo produce nuestros alimentos, por ello no debemos justificar ni negar la guerra que contra ellos ejerce el Estado, manifestar estos hechos y solidarizarnos para que otros descubran la verdad que viven en sus territorios es nuestra obligación.
Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado, Capitulo Risaralda
Comité de Solidaridad y Defensa con los Prisioneros Políticos de Risaralda
Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica Risaralda
Comité de Solidaridad y Defensa con los Prisioneros Políticos de Risaralda
Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica Risaralda
