En algunas organizaciones campesinas ya se escuchan voces que buscan alentar a los productores agropecuarios para que le reclamen de nuevo al Gobierno que cumpla con los pactos acordados después de los paros del año pasado. Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, aseguran que de los 183 compromisos adquiridos con los productores, se ha dado trámite a 70. “Ese es el inventario de los compromisos en 22 mesas de concertación”, dijo el jefe de Estado a algunos representantes del agro que expusieron sus inconformidades en la Casa de Nariño.
Según un reciente balance del Gobierno, algunos de los acuerdos cumplidos consisten en poner un techo al precio de los agroinsumos, eliminar un contingente para importar 3.000 toneladas de lactosueros, hacer compras de papa y leche por parte del Estado, dar apoyos a la comercialización del cacao y activar salvaguardas para productores de papa, cebolla, fríjol, arveja, tomate, quesos y lactosueros.
El listado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asegura que otros compromisos cumplidos radican en más de $1 billón de ayudas para los cafeteros —desde octubre de 2012—, la activación de una franja de precios para los arroceros y mesas de trabajo con representantes campesinos de Cauca, Boyacá y Nariño.
En cuanto a crédito, uno de los temas que más preocupan a los representantes campesinos, el presidente Santos dijo que para el agro se han desembolsado 953.000 préstamos en su administración. “El año pasado activamos unos programas que se llaman PRAN (Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional) y Fonsa (Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria), y el mes pasado emitimos un decreto para reglamentar la normalización de la cartera. Vamos a hacer un esfuerzo grande para la compra de cartera y permitirles a los campesinos que están colgados tener una forma de aliviar su situación”.
“Este fue un ejercicio importante. El presidente Santos quiso que se repitiera el próximo 19 de marzo con la totalidad de los líderes campesinos que participaron en las mesas de diálogo y de concertación que se establecieron el año pasado. El próximo miércoles tendremos una reunión donde participen, y haremos de nuevo el balance”, dijo Lizarralde.
Pese a este balance entregado por el Ejecutivo luego de que los principales gremios agropecuarios manifestaran al presidente Santos su disgusto ante la falta de políticas claras para el campo, los representantes de las dignidades agropecuarias y de organizaciones del sector han puesto en entredicho las afirmaciones del Gobierno.
Por ejemplo, Olga Quintero, vocera de la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo, sostiene que la efectividad de los pactos firmados ha sido “lenta y nula. Este fin de semana, con organizaciones como Marcha Patriótica, la Mesa Nacional Agropecuaria y el Coordinador Nacional Agrario, se sacarán conclusiones”.
Entre tanto, César Pachón, representante del movimiento Dignidad Agropecuaria, señala que en el campo los costos de producción no bajaron luego de que terminaran los paros y que los precios que reciben los productores aún no compensan las inversiones. Explica que algunas de las cosas que más preocupan a los campesinos son la compra de cartera y la condonación de deudas.
“No hay que comprometer más productos en acuerdos comerciales. Lo hicieron con la Alianza del Pacífico. Además, hay que reducir los precios de los insumos. Una tarjeta para adquirirlos no es la salida. ¿Quién nos asegura el precio de venta de nuestros productos?”, manifestó el dirigente, y aseguró que de los 86 acuerdos que el Gobierno firmó con las dignidades (papera, cafetera y arrocera) no se ha cumplido ni un 5%.
Aunque el Gobierno busca que los agroinsumos tengan un precio límite desde la otra semana, entre los gremios del agro se dice que la compra de fertilizantes y herbicidas a través de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) y de la firma Vecol puede constituirse como una restricción al libre mercado.
Adicionalmente a los compromisos, Santos afirmó que el Pacto Nacional Agropecuario —convocado en septiembre de 2012— ha venido funcionando con efectividad. “Se han identificado cerca de 27.000 organizaciones de diversa índole, para que la construcción de la política agropecuaria, sea de abajo para arriba”.
“Es bastante serio lo que puede ocurrir si vuelve a haber otro paro. Hay que manejar bien la parte gremial. Los gremios son indispensables y conocen de primera mano las dificultades; pueden contribuir a crear soluciones. Hay que poner a hablar a productores y comercializadores. Las agremiaciones tienen que poner de su parte y representar a más gente”, dijo un alto exfuncionario del Gobierno que pidió no ser nombrado.
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