Especialmente dramático fue el episodio de la muerte de una niña indígena ante la mirado atónita del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y el relator de derecho humanos de la ONU, Todd Howland, en el destartalado centro de salud de Riosucio, donde en sólo dos meses una veintena de niños han muerto por desnutrición y enfermedades gastrointestinales causadas por el consumo de agua contaminada.
La desgarradora imagen retrata el estado deplorable de la salud en el departamento, la indiferencia de las autoridades encargadas del tema y la impotencia de los ciudadanos.
La falta de infraestructura sanitaria, que es una condición estándar del territorio chocoano, ha hecho que los casos de morbimortalidad infantil se repliquen en otros municipios de nuestra geografía.
Sin embargo, el caos en el sector salud es generalizado.
Por una lado están las inmensas deudas que las EPS a las IPS, que a mediados de febrero obligaron a los administradores de estas últimas a cerras las puestas de Caprecom en Quibdó, para protestar por el no pago de sus acreencias.
Acudir a las vías de hecho fue una medida desesperada de las IPS, que han llegado a declararse al borde de la quiebra.
Para citar un ejemplo del angustioso panorama, las obligaciones de las EPS con el hospital San Francisco de Asís sobrepasan los siete mil millones de pesos; el 70% de esa suma la debe Caprecom.
En decir, el único centro hospitalario de segundo nivel en todo el departamento presenta una crítica situación financiera que podría resolverse con el pago efectivo de la EPS estatal, cuyo representante legal es nadie menos que el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Mientras no se rescindan las deudas de las EPS con las IPS del departamento, no será posible revertir esta perversa situación, de manera que se pueda brindar una adecuada atención a los pacientes. Aunque siendo realistas, para garantizar plenamente el derecho fundamental a la salud y hacer que el sistema funcione eficazmente, lo ideal sería que el Estado eliminara la intermediación de las EPS y girara los aportes directamente a las instituciones prestadoras del servicio.
Esa sí serías una solución de fondo. No menos álgido es el tema de la corrupción de las IPS públicas, donde la malversación y el peculado parece estar a la orden del día. En ese sentido, llaman la atención las connotaciones disciplinarias. Fiscales y penales del informe de la Contraloría Departamental en el caso del hospital San José de Tadó. El ente fiscalizador reportó hallazgos en los gastos de representación de la gerente, quien en 2014 se pagó más de 12 millones de pesos por este concepto, sin tener derecho a ellos.
De otro lado, los investigadores no encontraron registros bancarios de los copagos recaudados en el centro médico, suma que en los últimos tres años alcanza los 116 millones. Los resultados de esta auditoría pueden ser sólo una muestra de lo que está ocurriendo en otros centros asistenciales de similares características.
Las cosas en el sector salud pueden complicarse más sin no se aprueba el Plan de Desarrollo propuesto por el gobierno de Santos, en el cual se prevé establecer copagos por el No POS y la liquidación de los hospitales públicos que estén en riesgo financiero, implementando luego las alianzas público-privadas.
Esto implica la entrega de hospitales y centros de salud a la voracidad de los operadores privados.
Es este caso el remedio sería peor que la enfermedad.
