Desde hace casi 20 años, habitantes de las zonas afectadas, organizaciones independientes y órganos de justicia se han opuesto al uso de este pesticida, que según un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud podría ser cancerígeno. Sin embargo, pese a las evidencias, todos los últimos gobiernos han insistido en usarlo.
El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, envió una carta al Consejo Nacional de Estupefacientes, en la que le recomienda suspender inmediatamente el uso de la aspersión aérea de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.
Esta recomendación es resultado de un informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), que calificó al glifosato y a cuatro pesticidas como posibles o probables cancerígenos para las personas.
Sin embargo, la advertencia de la OMS no hace sino reafirmar las denuncias que desde hace mucho tiempo se hacían sobre los efectos para la salud que produce este químico, cuya efectividad en la lucha contra los cultivos ilícitos es también bastante discutida.
Estas son las voces en contra de las aspersiones aéreas con Glifosato, que hasta el momento no han sido escuchadas:
Las denuncias de los campesinos
Cada que los aviones pasan fumigando con glifosato, aparecen campesinos que denuncian que el producto afecta los cultivos lícitos que siembran en sus fincas y, en algunos casos, deteriora su salud.
Anita Raquel Chamorro, campesina de la vereda de Alto Mecaya en Villagarzón (Putumayo), le contó a Reconciliación Colombia que las fumigaciones acabaron con sus cultivos de pimienta, chontaduro, plátano, yuca y banano.
“El glifosato va acabando con los cultivos. Algunos son más delicados, les cae la fumigación y se van secando. La pimienta se nos fue acabando hasta el punto de que ya no tenemos nada”, cuenta.
Pero a pesar de las quejas que interpuso en el municipio, no ha existido ninguna respuesta positiva por parte del Gobierno Nacional. “Hoy, no hace mucho, recibí una carta en la que me dicen que mi queja fue rechazada”, explica.
Ella no tiene pruebas de que el glifosato haya afectado su salud, pero Rosa Carmen Ordoñez, quien vive por la misma zona, cuenta que ha oído casos de personas con enfermedades que le atribuyen a las fumigaciones. “A mi familia no le ha pasado, pero en el 2002 si se me murieron las mulas”, dice.
La que si tiene testimonios de personas con afecciones de salud por aparente causa del glifosato es la Defensoría del Pueblo. En una visita a Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón (municipios de Putumayo) entre febrero y marzo de este año, la entidad encontró que las comunidades referían enfermedades dermatológicas, digestivas y respiratorias.
A pesar de las denuncias, las fumigaciones han continuado. En el Putumayo las últimas fueron terminando agosto del año pasado y aunque en algunos lugares del departamento (así como en el Catatumbo, Norte de Santander) los cultivos de coca son una realidad, las fumigaciones terminan afectando a campesinos como Anita o Rosa, quienes se comprometieron con el Gobierno a no sembrar cultivos ilícitos y hoy intentan apostarle a la legalidad.
“Uno quiere trabajar legalmente, y el mismo Estado se encarga de desplazarlo. Si uno tiene una finca y la mandan a fumigar, lo que están haciendo es que uno salga de ahí y deje botado todo lo que tiene”, dice Anita.
La demanda de Ecuador
En 2008 el Gobierno de Ecuador presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya contra Colombia por los efectos que las fumigaciones con glifosato realizadas en la frontera entre 2000 y 2007 tenían en su territorio y su población.
“Ecuador tiene pruebas contundentes de que las aspersiones colombianas traspasaron la frontera y afectaron seriamente la salud y economía de numerosos ciudadanos ecuatorianos”, dijo en su momento María Isabel Salvador, quien era ministra de asuntos exteriores de ese país.
El proceso estaba encaminado a salir en contra de Colombia, por lo que en septiembre de 2013 el Gobierno del Presidente Santos llegó a un acuerdo con el Gobierno del Presidente Correa y Ecuador retiró la demanda a cambio de 15 millones de dólares y el compromiso colombiano de no fumigar a una altura superior a los 40 metros en una zona de 10 kilómetros en la frontera.
Aunque el Gobierno detuvo esa demanda internacional, que de haber prosperado habría sido un escándalo similar al de la pérdida de mar con Nicaragua, aún cursan otros procesos a nivel local.
Pedro Arenas, investigador del Observatorio de cultivos y cultivadores de Indepaz, publicó un análisis en Verdad Abierta en el que dice que, actualmente, “en el Tribunal de Cartagena se tramita una acción de grupo por los daños de las fumigaciones a las comunidades del Sur de Bolívar” y “en el Tribunal de Popayán hay otro caso con casi 35.000 demandas contra el Estado por lo mismo”.
Decisiones del Consejo de Estado
Aunque en octubre de 2004, el Consejo de Estado negó una acción popular contra las fumigaciones aéreas con Glifosato porque determinó que estas no afectaban el medio ambiente, el alto tribunal revisó su jurisprudencia en 2014, con base en nuevas investigaciones que alertaban sobre los efectos que podía tener el químico en el organismo.
“Los resultados obtenidos comprobaron las hipótesis de trabajo. Confirmaron que el glifosato, en altas concentraciones, puede alterar la estructura del ADN en diferentes tipos de células humanas en cultivos in vitro”, afirmaba el estudio ‘Citotoxicidad y genotoxicidad en células humanas expuestas in vitro a glifosato’, citado en sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
“De acuerdo con los anteriores estudios científicos referenciados, tenemos que la fumigación aérea con glifosato es una actividad que engendra un riesgo para el ambiente, por lo cual al Estado le asiste un deber de guarda material sobre este tipo de sustancias que opera, obligación que se origina del poder de instrucción, dirección y control del cual está investido; en consecuencia, es pertinente analizar el sub lite a partir del título de imputación del riesgo excepcional, el cual se enmarca en la responsabilidad objetiva del Estado”, manifestó la corporación.
La entidad exhortó al Gobierno a que examinara “la posibilidad de utilizar otras alternativas diferentes al método de erradicación aérea con el herbicida glifosato sobre cultivos ilícitos, con el fin de prevenir eventuales daños antijurídicos al ambiente y a la población en general”.
Meses antes, en diciembre de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado, con argumentos similares, prohibió la fumigación de cultivos ilícitos en los parques naturales nacionales.
“Este programa amenaza los derechos de miles de habitantes de las zonas fumigadas a gozar de un ambiente sano, a la salud y a la vida, así como los derechos de los niños”, afirmó el fallo.
Informes científicos
Varios estudios nacionales e internacionales han advertido sobre los riesgos de la aspersión aérea para la salud, no solamente como posible factor cancerígeno, sino como generador de problemas dermatológicos, respiratorios, oculares, hormonales e incluso causante de abortos.
Uno de los estudios más completos sobre la materia, fue presentado en diciembre de 2012, por Adriana Camacho, Profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y Daniel Mejía, Director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas.
Esta investigación, hecho con una amplia base de datos, que contenía los registros de consultas médicas registradas entre 2003 y 2007, mostró una relación entre las fumigaciones y el aumento de abortos y otros problemas médicos en las zonas afectadas.
“Nuestros resultados indican que la aspersión aérea del municipio de residencia incrementa el número de consultas médicas relacionadas a la exposición al glifosato; concretamente, encontramos efectos negativos sobre problemas dermatológicos y abortos”, afirmaron los autores en el estudio.
