AI, que hoy trasladó a la ONU su postura sobre la situación en Colombia, mostró su satisfacción por el «compromiso» del país «para fortalecer la independencia de la judicatura», al tiempo que reiteró su «preocupación» por la legislación que amplía el alcance de la jurisdicción militar.
El Congreso colombiano aprobó el pasado 14 de diciembre una ley que establece que la justicia castrense se encargará de las infracciones al derecho internacional humanitario que las fuerzas del Estado cometan en actos de servicio.
«La nueva ley consolida la impunidad porque facilita que los tribunales militares asuman la potestad de juzgar violaciones a los derechos humanos y a la ley humanitaria internacional que cometan las fuerzas de seguridad colombianas», señaló Marcerlo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.
Para la organización, la Ley de Justicia y Paz aprobada por el Gobierno colombiano «también hará más sencillo para otras partes en el conflicto, como miembros de los grupos guerrilleros, evadir la justicia en casos de abusos graves contra los derechos humanos».
Amnistía «ha subrayado desde hace tiempo los fallos de las autoridades colombianas a la hora de proteger a los civiles de las violaciones de derechos humanos», resaltó Pollack.
