En su informe anual sobre la situación mundial de los derechos humanos, Amnistía Internacional advirtió que en Colombia la población civil —especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, los defensores de los derechos humanos, las mujeres y niñas, los activistas comunitarios y los sindicalistas— siguió siendo la más afectada por el conflicto armado.
Entre los abusos sufridos por estas personas se incluyen desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos, toma de rehenes y secuestros, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. En este sentido, la oenegé señala que los grupos guerrilleros, las bandas criminales surgidas tras la desmovilización de los paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado fueron los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos, con el agravante de que la impunidad sigue siendo una característica general, pues muy pocos de los autores de esos hechos rinden cuentas ante la justicia.
El documento sugiere que las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc que se llevan a cabo en La Habana (Cuba) siguen representando “la mejor oportunidad de poner fin a las hostilidades en más de una década”. Sin embargo, aunque reconoce que los avances en el punto de los derechos de las víctimas suponen un importante paso adelante, ya que ambas partes asumieron su responsabilidad por los abusos contra los derechos humanos y admitieron que eran esenciales para el proceso y que no eran negociables, en esencia no figura “un compromiso explícito de garantizar la justicia para todas las víctimas”.
De hecho, para la organización sigue siendo preocupante la legislación para ampliar el ámbito de la jurisdicción militar y el Marco Jurídico para la Paz. “El Gobierno promovió una legislación que amenaza con exacerbar la impunidad y socavar los escasos avances efectuados en los últimos años para procesar a algunos de los sospechosos de cometer delitos de derecho internacional y otros abusos y violaciones de derechos humanos”, consigna el informe.
También agrega que todas las partes en el conflicto cometen violaciones y otras formas de violencia sexual, sobre todo contra mujeres y niñas. Además, revela que la ayuda de Estados Unidos a Colombia ha seguido disminuyendo y que en 2014 se asignaron alrededor de US$214,5 millones en concepto de ayuda militar y cerca de US$164,9 millones en ayuda no militar, cifras inferiores a las de 2013.
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