La virtualidad se viene consolidando como un escenario más para amedrentar a defensores de derechos humanos y líderes sociales. Aun así, las investigaciones contra quienes lanzan las amenazas en el entorno digital continúan sin resultados.
A Andrea Torres Bautista, abogada de seis casos por desaparición forzada, la amenazaron tres veces en 2015. En todas las ocasiones fue a través de llamadas a su celular: “La vamos a matar, pero primero le pegamos una violada pa que respete a los hombres”. Su caso no es el único. De las 539 amenazas que la organización Somos Defensores registró el año pasado contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, el 12 % se hicieron a través de internet o llamadas telefónicas.
Si bien la mayoría de las intimidaciones siguen llegando como panfletos debajo de las puertas, organizaciones como el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) o la organización Somos Defensores ven con preocupación el aumento de las amenazas vía medios electrónicos y, además, llaman la atención sobre un tipo de agresión que va en aumento: el robo de información sensible a los líderes sociales, que según el último informe de Somos Defensores, ascendió a ocho casos el año pasado, cuando hace cuatro años se registraron apenas tres.
Las alarmas sobre lo que el crimen organizado está haciendo a través medios digitales se prendieron por dos episodios. El primero, el reciente paro armado del clan Úsuga, en el que en Urabá, Córdoba, Sincelejo (Sucre) y Barranquilla (Atlántico) se viralizaron mensajes de voz a través de Whatsapp. Y el segundo, la circulación de panfletos amenazantes por Facebook y por el servicio de mensajería Whatsapp en Soacha (Cundinamarca), que la Policía logró establecer existen desde 2014 y que desde entonces han sido utilizados para generar “falsas alarmas” en Antioquia y Bogotá.
A raíz de estos hechos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha hecho varios llamados, el último hace un par de días, para que los actos de terrorismo virtual sean castigados y para abrir un debate sobre el potencial de las redes sociales como “armas de terrorismo”. Como era de esperarse, sus palabras causaron ampolla: además de los usuarios de las redes, voces como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), o Diego Santos, director de Información de Twitter en Colombia, se manifestaron contra lo que ellos consideraron propuestas para limitar la libertad de expresión, ya que las redes sociales (Facebook, Twitter) son medios que nada tienen que ver con los aplicativos de mensajería como Whatsapp o Gmail.
A pesar de las críticas, Villegas ha aprovechado cualquier oportunidad –desde ceremonias de ascenso de militares, hasta entrevistas radiales– para insistir en su postura de que “tenemos que defender la libertad en las redes sociales castigando y persiguiendo a quienes las usan para someternos” y que es necesario “llenar los vacíos legales” que dificultan la búsqueda de criminales en la web. Pero, ¿qué tan fácil es investigar a las bandas criminales que delinquen a través de las redes sociales, emails o mensajes de texto?
Fuentes de la Policía señalan que, a pesar de que el nivel de sofisticación de los criminales en la web es bajo, su persecución es una tarea tan compleja que raya en lo imposible. En primer lugar, la falta de sistematización de la información y la falta de coordinación entre distintos organismos del Estado a la hora de indagar por estos delitos retrasan su investigación efectiva. Por esta razón, la Fiscalía creó en agosto de 2015 “un grupo de tareas especiales conformado por cinco fiscales, seis investigadores y analistas de direcciones nacionales y seccionales, que tendrá a cargo los casos de amenazas, atentados y homicidios contra defensores de DD.HH.”.
La idea era que este grupo apoyara las investigaciones de la Mesa Nacional de Garantías, un espacio conformado por la Fiscalía, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y las plataformas de DD.HH. Si bien el grupo logró consolidar la cifras de 729 defensores muertos en los últimos veinte años, organizaciones sociales que trabajan en la mesa aseguran que los avances para determinar la identidad de quienes lanzan las amenazas virtuales son nulos.
A este grupo se le suma el conformado el 15 de marzo pasado a petición del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El funcionario aceptó crear un grupo de garantías de no repetición con participación de los ministerios del Interior y de Defensa, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Policía, la Fiscalía, los movimientos políticos Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Partido Comunista y las organizaciones sociales Congreso de los Pueblos y Somos Defensores.
Este grupo ya tiene una cifra consolidada de asesinatos para los últimos cinco años: 385. Ahora falta sistematizar la información de las amenazas desde 2010, que, según Somos Defensores, ascienden a 1.687. Posterior a la consolidación del total, explicó una fuente de la Policía que tiene presencia en el grupo, es cuando se presenta la segunda de las dificultades: “La atipicidad del delito, es decir, que los casos cumplan con las condiciones requeridas por las entidades judiciales para abrir una investigación”.
En caso de que se abra un proceso judicial, dar con el culpable de la amenaza es una excepción. Esa misma fuente le dijo a este diario que la impunidad en las investigaciones por amenazas en general puede superar el 90 % de los casos. En primer lugar, “la capacidad de delinquir desde el anonimato que permite internet es lo más difícil de combatir. Crear un perfil con datos falsos es muy fácil, comprar una sim card, también. Ellos aprovechan esos vacíos”. Esa misma fuente señaló como complicada la coordinación con las empresas extranjeras –Facebook, Twitter y Google–.
“Casi siempre, cuando hay una amenaza virtual uno lo que trata de hacer es rastrear la IP (huella digital de un dispositivo en internet) desde donde se envió ese correo, para conocer el lugar geográfico de origen. Para eso nos ponemos en contacto con las compañías extranjeras, con quienes el flujo de información a veces es complicado, aunque ha mejorado en el último año. Una vez obtenemos la IP –algo que puede tardar meses, pues las solicitudes son enviadas a las centrales en Estados Unidos–, nos encontramos con que muchas veces las amenazas se hacen desde conexiones públicas a internet”, explicó el investigador.
La mayoría de pesquisas se detienen en este punto. Pero aquellas que llegan a desenmascarar a los culpables, no necesariamente implican un juicio para ellos. “Para el tema de amenazas casi siempre se llega a una mediación. Desafortunadamente, el delito de amenaza, aunque se materialice, no tiene una pena privativa de la libertad, máximo le imputan cargos. Por estas dificultades, ni el 10 % llega a imputación de los responsables”.
La preocupación por este delito –y por la impunidad reinante en sus investigaciones– es un tema que movimientos políticos y sociales han señalado con insistencia, pues el año pasado el 30 % de los asesinados habían sido amenazados de manera previa. No se trata de un problema menor, sobre todo por las implicaciones psicológicas que causan en quienes las padecen, señala el Cinep. De hecho, algunos defensores –entre ellos, Andrea Torres Bautista– han optado por añadir el delito de tortura psicológica a sus denuncias. Esperan que así por fin se conozca a los responsables de la “guerra con palabras” que se viene gestando contra ellos.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/amenazas-web-impunes-articulo-628471
