Lars Vaagen y sus homólogos de otros países buscan cooperar para que estos crímenes no se repitan.
Los disparos de un arma rompieron la rutina de Fernando Salazar, líder minero del resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta –ubicado entre Supía y Riosucio (Caldas)–, el 7 de abril del 2015. En las escaleras frente a su casa, donde a diario se sentaba a departir con amigos, un tirador que todavía no ha sido identificado acabó con la vida del embera de 52 años.
“Él era muy voluntarioso y era el que se encargaba, con la guardia indígena, de ir a cerrar las minas que no cumplían con normas de seguridad o derechos de los trabajadores. Por eso ya le habían dicho varias veces que dejara de ser tan sapo”, recordó Héctor Jaime Vinasco, exgobernador del resguardo, mientras recorría una carretera sin pavimentar para asistir a un cabildo.
El embajador de Noruega, Lars Vaagen, escuchó el relato con atención y sin sorpresa, porque se sabe bien la historia de Fernando. Es la razón por la que estuvo a principios de julio pasado recorriendo el occidente de Caldas. Lo conoció en una visita anterior a Riosucio y lo define como “un hombre muy serio y muy comprometido con su trabajo”.
El diplomático viajó con la intención de hacer visible el caso de Fernando, dentro de una iniciativa que lidera con colegas de otros países en Colombia, a la que han llamado ‘Embajadores con defensores de derechos humanos’, la misma que llevó al delegado de la Unión Europea para el proceso de paz con las Farc, Eamon Gilmore, hasta el golfo de Urabá hace tres semanas.
La narración se interrumpió al pasar por Villa Luichy, una hacienda abandonada que, según la comunidad, les perteneció a varias generaciones de narcotraficantes. Allí fueron torturados y asesinados otros líderes indígenas. Un lugareño comentó luego lo que sabía de oídas: “Hasta Pablo Escobar venía a veces de visita en helicóptero”.
A lo mejor, el jefe del cartel de Medellín nunca estuvo en persona, pero sí su poder. Esta región de Caldas está en un corredor estratégico entre el Magdalena Medio, Medellín y el Pacífico, que atrajo en su momento a las guerrillas de las Farc y el Epl, a los paramilitares y, claro, las rutas del narcotráfico.
Las autoridades en el departamento aseguran que eso es cosa del pasado. El gobernador, Guido Echeverri, repite con frecuencia que “Caldas ya está en posconflicto”, y se calcula que este año quedará libre tanto de minas antipersonas como de cultivos de coca. Pero en los municipios del occidente sienten que nuevas fuerzas oscuras vienen detrás del oro.
Hay quienes aseguran haber visto encapuchados con armas largas en un sector conocido como La Unión. Quien pone la cara por los testigos es el gobernador de Cañamomo, Carlos Eduardo Gómez, a quien la Unidad Nacional de Protección le tiene asignados un celular y un chaleco antibalas. “Pero más que esas ayudas, uno pide es que identifiquen quiénes son esos grupos”, dice.
Los políticos indígenas, que consiguieron su segunda alcaldía consecutiva en Riosucio y ganaron el año pasado por primera vez en Supía, temen que haya represalias de los “políticos tradicionales” o de “los inversionistas ilegales que puede haber detrás de minas legales, en las que algunos indígenas actúan como testaferros”. Y al “estigma que hay sobre nuestros pueblos por causa del conflicto”.
Al menos dos de los cuatro resguardos de Riosucio, Cañamomo Lomaprieta y San Lorenzo, son sujetos de reparación colectiva reconocidos por la Unidad de Víctimas. La guerrilla hizo lo suyo y luego los paramilitares los acusaron de auxiliarla. Solo en Cañamomo se cometieron dos masacres –La Rueda (2001) y La Herradura (2003)–, que dejaron 11 muertos y una niña desaparecida. También les asesinaron a sus candidatos a la alcaldía en 1987, 2002 y 2003.
No obstante esta historia, que impide superar la zozobra y el miedo que dicen sentir los habitantes de estos resguardos cuando pasan por sus vías el Ejército y la Policía, está claro que la intensidad del conflicto en la zona por lo menos sí se ha reducido. Por eso la Gobernación insiste en que no hay presencia de armados ilegales allí.
El embajador reconoce que hay regiones más críticas. “De pronto Caldas no es el sitio donde hay más peligro para los defensores de derechos humanos, pero pasaron tiempos muy duros y quise venir aquí primero porque conocí a Fernando personalmente y por eso me afectó cuando lo mataron”, explicó camino del cementerio, donde visitó la tumba y le dejó una ofrenda de flores.
Pero el objetivo de Vaagen y sus colegas de Canadá, México y Suecia, entre otros países, es influir nacionalmente. De ahí, la visita de Gilmore a Urabá y la programación de otros viajes de diplomáticos a varias regiones del país. Según la ONG Somos Defensores, las más críticas están en los departamentos de Cauca y Valle, el Bajo Cauca antioqueño y la zona del Catatumbo en Norte de Santander.
La iniciativa de los diplomáticos se definía de manera informal desde abril pasado, cuando esa organización dio a conocer que en el primer trimestre del 2016 habían sido asesinados 19 defensores de derechos humanos en el país. A la fecha, ya son casi una treintena, según calcula esa entidad, que está ultimando detalles de su segundo informe del año.
Los números son similares a los del año pasado, cuando fueron asesinados 63 defensores de derechos humanos, y muy superiores a 2012, cuando fueron 37 casos.
Vaagen afirmó que “en marzo pasado hubo una oleada de 12 asesinatos y otras 63 agresiones, según Somos Defensores, que nos impulsó a hacer algo más visible al respecto”.
En diferentes escenarios de Riosucio y Supía, ante políticos y líderes comunitarios, el noruego insistió en la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos en la coyuntura del proceso de paz. “Estoy muy feliz de estar aquí, pero muy triste de que pasen estas cosas en un país que vive un proceso de paz muy prometedor, con los niveles más bajos de violencia en su historia”, fueron sus palabras en el cementerio.
La familia de Fernando no quiso asistir a la ceremonia. Según los amigos que estuvieron presentes, esos que departían y jugaban cartas o billar con Fernando, los hermanos agradecieron el gesto, pero dijeron que sentarse a recordar a su difunto ser querido los afecta más. Cuentan que “hay una hermana en particular que no ha podido hacer el duelo, porque vivía con él y lo vio morir”.
¿Cómo superar la pérdida, si todavía no se sabe quién lo mató, quién se lo ordenó ni por qué? ¿Cómo –dicen–, si la familia no ha recibido la atención psicosocial adecuada?
En respuesta a derechos de petición interpuestos por la comunidad y también en una reunión con el embajador y autoridades militares, políticas e indígenas de la región, la Fiscalía ha dicho que la investigación avanza y relata algunos procedimientos que se han realizado para ese efecto. Pero todavía no hay respuestas concretas. “Ellos dicen que van por buen camino, ¿pero cuál camino?”, reclamó un líder indígena en Riosucio.
La intención de los embajadores es poner en evidencia la situación de los defensores de derechos humanos y cooperar con el Gobierno para que estos crímenes y amenazas no se repitan. Entre otras razones, porque esto es parte fundamental de los acuerdos logrados entre las Farc y el Gobierno en La Habana.
“Como embajadores tratamos de aportar un granito de arena en este sentido, en cooperación con el Gobierno, las autoridades y la sociedad civil”, asegura Vaagen. Para que en un futuro, líderes como Fernando puedan hacer su trabajo, defender los derechos humanos y completar su rutina, sin miedo a que los maten.
¿Acuerdo en un mes?
El embajador de Noruega en Colombia, Lars Vaagen, dice tener la “esperanza” de que el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla termine con la firma de un acuerdo definitivo antes de que llegue su reemplazo, y él regrese a Oslo a ocupar un nuevo puesto en la Cancillería de su país, lo que sucederá aproximadamente en un mes.
“Desde luego, no se puede descartar que haya alguna dificultad y que las partes necesiten un poco más de tiempo”, dice Vaagen, que asumió el cargo en 2012, el mismo día en que se hizo el anuncio oficial de los diálogos con el grupo insurgente, de los que Noruega ha sido garante desde la etapa exploratoria.
Aspira a ser, así, el embajador noruego que vivió toda la segunda fase del proceso de paz con las Farc en Colombia. Quien llega a sucederlo, Johan Christopher Vibe, es el actual representante del país nórdico en Madrid (España) y será el testigo de la tercera fase, la de implementación de los acuerdos, en lo que tiene experiencia por su trabajo diplomático en Centroamérica y otras regiones que han superado la guerra.
Para Vaagen, “Colombia es muy especial, porque representa una esperanza de que se puede lograr la paz a través del diálogo, ahora que estamos preocupados por la situación en Europa y Medio Oriente”, por lo que insistió en reconocer “el coraje, la voluntad y el compromiso de las dos partes”.
Recordó que “para conseguir una paz estable y duradera es necesario lograr muchas transformaciones en la sociedad y, en particular, superar la desigualdad y la falta de oportunidades para todos”. Finalmente destacó que los acuerdos entre el Gobierno y las Farc incluyan problemáticas de fondo como el desarrollo agrario integral, los cultivos ilícitos y la participación política.
