En el informe anual, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hace especial énfasis en la violación de los derechos de las comunidades indígenas del Cauca, e insta a la Unidad Nacional de Protección, a que adopte medidas para proteger a los líderes nativos del país.
La movilización colectiva en el Cauca y la negociación con las comunidades indígenas, fue un tema que durante el año 2012 acompañó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidades en Colombia.
Frente este tema, la ONU en su informe anual, da a conocer que ante este organismo fueron denunciados «la intensificación del conflicto y el efecto negativo contra sus derechos y su vida cotidiana, exigiendo que el Estado y los grupos armados ilegales respetaran su autoridad tradicional, especialmente en el departamento del Cauca».
Describe además cómo los indígenas llevaron a cabo una movilización colectiva para expulsar a los actores armados de sus territorios.
«Retiraron las barreras de las instalaciones policiales y militares y condujeron físicamente a algunos soldados a otra ubicación. Recurriendo a la justicia tradicional detuvieron y juzgaron a miembros de las FARC-EP. Algunos miembros del Estado estigmatizaron las movilizaciones colectivas con lo que crearon el riesgo de que fueran reprimidas con violencia».
La ONU también confirmó que entre julio y noviembre de 2012, en el norte del Cauca, se presentaron 27 homicidios selectivos de miembros y autoridades de las comunidades indígenas. Lo que motivó que la Oficina en Colombia, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas, el jefe de la Compañía de Jesús en Colombia, y otros, se unieran para ayudar a establecer un clima de calma y diálogo.
En el informe igualmente se destaca que «tras varias semanas de discusiones, el Presidente viajó al Cauca para celebrar, con un grupo de autoridades indígenas de la región, una reunión en la que pidió disculpas por las violaciones de los derechos humanos que habían sufrido durante el conflicto, y puso en marcha con las autoridades indígenas un proceso de alto nivel dirigido por el Ministro del Interior y encaminado a transformar la vida de algunos de los más afectados por el conflicto».
Resaltó además los diálogos que durante varios meses sostuvieron las autoridades indígenas con ministros, viceministros y funcionarios de alto nivel del Gobierno Nacional, reuniones que sirvieron para estudiar el reconocimiento y el respeto de la autonomía, la propiedad, el control territorial y el autogobierno, además de cuestiones relativas a la consulta previa, la salud, la educación y la comunicación.
«Aunque todas estas reivindicaciones están reconocidas por el derecho internacional y nacional, y han sido objeto de clarificaciones detalladas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, queda mucho por hacer para lograr su reconocimiento en la práctica. El proceso instituyó un mecanismo de fomento de la confianza con grupos que siempre han estado marginados. Contribuyó a que los funcionarios del Gobierno entendieran los cambios que se requerían y a que las autoridades indígenas comprendieran que existían posibilidades de colaboración que parecían poco probables antes de las movilizaciones colectivas», se destaca en uno de los aparte del informe.
La ONU, así mismo dio a conocer su satisfacción por los acuerdos alcanzados y «expresa el empeño continuo de la Oficina en Colombia de ayudar a estimular y facilitar el proceso de diálogo. También alienta a todos los interesados a seguir esforzándose por resolver las preocupaciones pendientes y a aprovechar las enseñanzas adquiridas en este proceso para mejorar el respeto de los derechos de los indígenas y de las personas más afectadas por el conflicto».
De igual manera este órgano defensor de los derechos humanos a nivel mundial, exhortó al Ministerio del Interior a que aplique un enfoque diferencial en el proceso de regulación del ejercicio de la autoridad indígena, e instó al «Estado a que lleve a cabo las consultas previas no como un mero formalismo, sino sobre la base de protocolos establecidos con cada comunidad étnica para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos» y e instó a la Unidad Nacional de Protección a que adopte medidas para proteger a los líderes indígenas, periodistas, defensores de los derechos humanos y las personas que participan en los procesos de restitución de tierras.
Problemas que requieren cuidado y especial atención
Frente al caso del Cauca, la ONU, también documentó y recibió denuncias –entre enero y octubre-, de violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal relacionadas con el uso excesivo o indebido de la fuerza por los militares.
Uno de los ejemplos reseñados, ocurrió el 7 de octubre de 2012, día en que miembros del «Ejército entraron en el centro de una aldea en Patía, Cauca, y abrieron fuego contra una tienda, causando la muerte a 1 niña de 13 años de edad y a 3 presuntos guerrilleros, e hiriendo a otros 2 civiles, en violación de los principios del Derecho Internacional Humanitario, entre ellos los de necesidad militar, precaución y no reciprocidad».
El informe, igualmente indica que se presentaron varios casos en los cuales «militares involucrados afirmaron que los guerrilleros habían abierto el fuego, lo que constituyó un menoscabo de la verdad, la rendición de cuentas y la prevención»; entre esos hechos sobresale el registrado en el municipio de El Tambo, Cauca, «el 5 de abril, cuando un miembro del Ejército abrió fuego contra un autobús, causando la muerte a 2 civiles e hiriendo a 8 personas».
«Preocupa a la Alta Comisionada que, en algunos casos, aunque haya evidencias de que se ha cometido una violación de los derechos humanos, los altos funcionarios estén a menudo demasiado dispuestos a aceptar una versión diferente de los hechos, que menoscaba las investigaciones internas y penales».
Este informe podrá ser consultado haciendo clic aquí.
Informe será socializado en el Cauca
El Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Colombia, será presentado en Popayán este martes 26 de febrero, a partir de las 9:00 a.m., en el Teatro Municipal ‘Guillermo Valencia’, ubicado en la Calle 3 # Cra. 7, Esquina.
La presentación de dicho informe lo realizará Todd Howland, el representante de la Alta Comisionada, quien también se referirá al caso puntual del Cauca.
En este espacio se dará la palabra al gobernador, Temístocles Ortega Narváez; al defensor Regional del Pueblo, Víctor Meléndez; y a representantes de diferentes organizaciones sociales del Cauca, entre las que se destacan la Red por la Vida y los DDHH Cauca; Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC; el Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN; Proceso de Comunidades Negras, PCN, y el Consejo Comunitario La Toma; el Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca, entre otros.
La entrada es libre.
