Como si ya no hubiera suficientes señas de que quien empuña el bastón de mando en Colombia es Alejandro Ordóñez, Juan Manuel Santos acaba de dar una más: en entrevista con Yamid Amat, el presidente, elegido por 9 millones de votantes, delegó en el procurador, elegido por 81 senadores bien recompensados, una decisión que no tomaría nadie distinto al propio jefe de Estado, si este fuera firme.
Ocurrió cuando Yamid le preguntó al mandatario si el ministro Miguel Peñaloza era “un activo” o “un pasivo” de su gobierno. Amat se refería al gran lío ético y tal vez jurídico del líder de la cartera de Transporte por los múltiples contratos que su esposa tiene con el Ejecutivo, de acuerdo con las denuncias que Daniel Coronell publicó en Semana. El ocupante de la Casa de Nariño respondió: “… le dije (a Peñaloza): vaya donde el procurador y le pide que lo investigue. El procurador dirá ‘aquí hubo algo indebido o no’. Y si hay algo indebido, se va. Si no, se queda… Y punto”. El propio Santos lo ha sentenciado: Ordóñez tiene la última palabra, no él. El jefe de Peñaloza no escogerá, por su conveniencia política o la de la salud moral de la Nación, su destino. Prefiere dejarle esa responsabilidad al procurador. Como en tantas otras ocasiones en que también lo consulta, lo llama, lo consiente, le cede acción.
La vida ministerial de otro miembro del gabinete depende de Ordóñez. Y Santos no se inmuta, no apoya, no destituye, calla. Germán Vargas Lleras está sometido a investigación por la presunta ayuda del paramilitarismo a su elección como senador. Una Procuraduría verdaderamente imparcial nos habría dado la tranquilidad de que la justicia no es para los de ruana. Pero no hay garantía de que el camino que tomará este proceso sea el jurídicamente correcto. Existen ejemplos: conceptos favorables de la Procuraduría para varios parapolíticos condenados y, en cambio, destitución fulminante para la enemiga de Ordóñez, Piedad Córdoba. Lo raro, en el caso Vargas, es que se opte por revisar testimonios en su contra después de años, en momentos en que: 1. Se escuchaba el rumor sobre el supuesto impulso de Vargas a Augusto Ibáñez para asumir el puesto que Ordóñez no quiere soltar, justo en la etapa final de la campaña de éste por su reelección. 2. Vargas e Ibáñez (expresidente de la Corte Suprema) son los objetos del odio de Álvaro Uribe. 3. El viejo mejor amigo de Ordóñez y poder en la sombra de la Procuraduría, Fernando Londoño, es homenajeado por su viejo mejor amigo Álvaro Uribe en el lanzamiento de un movimiento de la ultraderecha necesitada de personajes con escenario público. Londoño los cría, ellos se unen.
La capacidad de lobby del procurador y la debilidad del equipo presidencial habrían hecho posible, además, la designación de Ruth Stella Correa, una abogada de la que Santos ni siquiera conocía el nombre, en el conflictivo Ministerio de Justicia. El hiperactivo Ordóñez tiene tres ministros y se mueve en las cortes. Ahora está empeñado en poner a sus candidatos en la Constitucional, en donde hay una vacante y pronto habrá otra. No cesará hasta lograr desequilibrar la ecuación ideológica de la guardiana de la Carta. Sigue la Corte Suprema, donde hay cuatro vacantes y una a punto de producirse. Del omnipotente se dice que ya tiene el reemplazo de… ¡Augusto Ibáñez! Lo logrará. Ya lo veremos.
A Santos no le falta sino postular a Ordóñez para que continúe otros cuatro años en su silla. Y cuando lo haga, habrá terminado de transferirle su poder a un gemelo de su antecesor. El presidente estará, entonces, liquidado en mitad de su período, catatónico, porque tiene pánico de “enterrar el relato de Uribe” del que con razón habla en su columna Álvaro Forero Tascón.
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