Volmar Pérez, quien fue Defensor del Pueblo entre 2003 y 2011 fue criticado principalmente por su silencio. Aunque estuvo durante nueve años en una de las posiciones en las que más se espera activismo por parte de un alto funcionario, Pérez se concentró en no pisar callos. Tanto así que hasta el mismo Uribe lo elogió en una ocasión diciendo que nunca se imaginó que iba a tener a un defensor del Pueblo «tan prudente».
Y es que al Defensor del Pueblo, según la Constitución, le corresponden funciones que no exigen precisamente prudencia sino todo lo contrario. Como encargado de la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, al Defensor le corresponde orientar a los ciudadanos y a los funcionarios públicos en el tema, divulgar y recomendar políticas, y enfrentarse en los tribunales y en el Congreso con nuevas propuestas o con críticas a las existentes. Aunque la Defensoría no tiene dientes, como si los tiene por ejemplo la Procuraduría, definitivamente sí tiene voz.
Estos nueve años dejaron buenos ejemplos de gestión en algunas de sus Delegadas y defensores regionales. A pesar de eso académicos y ex funcionarios coinciden en que esa no fue una política o direccionamiento del Defensor sino que fue fruto del trabajo individual de las personas encargadas de cada tema.
La primera tarea que tendrá Otálora será retomar esas buenas políticas, recuperar el protagonismo que Pérez perdió en la agenda nacional de derechos humanos y por encima de todo, romper el silencio.
Cuando Volmar decidió quedarse mudo
Como lo contó La Silla, Volmar Pérez ha venido brillando por su ausencia y en varias de las crisis de derechos humanos más graves del Gobierno del expresidente Uribe no se pronunció.
Cuando estaban en discusión proyectos tan importantes para los derechos humanos como la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas (las de Uribe y la de Santos), Pérez pasó de agache. También lo hizo cuando se armaron los mayores escándalos de violaciones de derechos humanos del Gobierno de Uribe, las chuzadas y los falsos positivos. Además, dejó pasar sin protagonismo alguno debates como las capturas masivas, el estado de cosas inconstitucional del desplazamiento, el riesgo electoral para las elecciones de autoridades locales y la independencia judicial, para nombrar solo algunos ejemplos.
Mientras Pérez estuvo en la Defensoría, las nuevas leyes (justicia y paz y víctimas) le aumentaron la planta, la nómina y las responsabilidades. Pero eso, aunque volvió a la institución más importante en la agenda política, no la volvió más activa.
“El crecimiento en la planta y en la nómina no vino de la mano con una política de control, que garantizara la creación de nuevos cargos más eficientes y libres de incentivos de corrupción”, le dijo Camilo Sánchez, un investigador de Dejusticia a La Silla.
Cuando sí se supo de Volmar Pérez fue al momento de su reelección, que fue anulada porque se hizo con una terna de tres hombres que desconocía la ley de cuotas. Pero el silencio de Pérez fue estratégico incluso para eso, y pese a que su primera elección fue declarada nula, no tuvo dificultad en salir elegido en la segunda. Su «prudencia» le garantizó la reelección.
Como la Defensoría no era una institución nueva, los nueve años de Volmar Pérez también tuvieron el efecto de dejar que se marchitara en muchos casos el trabajo de sus antecesores: Eduardo Cifuentes, José Fernando Castro Caicedo y Jaime Córdoba Triviño. El primero y el último reconocidos por su trabajo en el tema de derechos humanos, también desde la Corte Constitucional. Y Castro Caicedo, quién fue ex jefe de Pérez en la Defensoría, cuando este manejaba una Delegada y luego una veeduría.
Por ejemplo, el programa creado por Cifuentes que hacía seguimiento a políticas públicas relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales desapareció. En el caso del Sistema de Alertas Tempranas, en el que la Defensoría jugaba un papel determinante, éste se mantuvo por presión de otras instituciones o de agencias internacionales como USAID, pero no por el apoyo que le correspondía darle a la Defensoría.
Curiosamente, una de las personas que más le trabajó al tema del Sistema de Alertas Tempranas fue Olga Lucía Gaitán, una de las rivales de Otálora en la terna de candidatos, cuando fue Coordinadora del Área de Fortalecimiento del Estado Programa de derechos Humanos USAID y desde la Defensoría, como Defensora encargada en el periodo de transición entre la renuncia de Cifuentes y la elección de Pérez.
Los que hablaron por la Defensoría
Volmar Pérez, como Defensor del Pueblo, deja el cargo sin mayores reconocimientos, no logró destacarse en la arena pública, no aportó en materia de políticas ni generó controversia alguna que llevara a cambios, ayudara a impedir retrocesos o a construir avances en derechos humanos. Sin embargo, algunas de sus Delegadas sí lo lograron. Y lo paradójico es que en uno de esos casos, el buen ejemplo vino de la otra rival de Otálora en la contienda a Defensor, Beatriz Linares.
Académicos, directivos de algunas ONG, funcionarios y exfuncionarios del Estado consultados por La Silla coincidieron en que de la Defensoría de estos últimos años se puede destacar principalmente el trabajo de dos de sus delegadas. La Delegada en materia de la niñez, la juventud, la mujer y los ancianos, y la de orientación y asesoría de víctimas.
La primera estuvo a cargo durante estos años de Beatriz Linares, María Cristina Hurtado y Pilar Rueda. Tuvo una participación activa en la creación de una Ley para la niñez y la infancia, trabajó conjuntamente con el ICBF y de la mano de Linares, ayudó a regular y a desarrollar una política de prevención de reclutamiento de menores y desmovilización. “A pesar de obstáculos como falta de recursos o planeación, esta Delegada logró avanzar”, le dijo a La Silla Patricia Linares, ex comisionada de la CNRR.
En el caso de la orientación y asesoría de las víctimas, que estuvo a cargo de Patricia Luna, la Delegada se encargó de crear la institucionalidad para que existiera la Unidad de Atención Integral a las víctimas con la que cuenta la Defensoría. Aunque esto no surgió de una política del Defensor o su Delegada, sino de un mandato que viene de la Ley de Justicia y Paz y sus decretos, la participación fue muy activa. Bajo la administración de Luna se produjeron documentos, guías y formatos para garantizarle el acceso a la información sobre sus derechos a las víctimas y la capacitación de los funcionarios a cargo.
En el tema de orientación y asesoría a las víctimas, fuentes consultadas por La Silla también destacaron la labor realizada por algunos de los defensores regionales, y en particular por los de zonas complicadas en el orden público como Antioquia y Córdoba.
Pero la labor de la Defensoría, además de lo que corresponde a sus Delegadas, necesita la voz del Defensor que represente a los derechos de la ciudadanía, así sea en contra del mismo Gobierno cuando sea necesario. Así ocurría antes de la etapa de silencio de Pérez, con Cifuentes. Este último llevo a cabo investigaciones sobre el impacto en las comunidades de las fumigaciones de cultivos ilícitos, cuestionó la actuación de las Fuerzas Armadas en Bojayá, le pidió al Gobiero tomar acciones para proteger a los indígenas de las masacres y cuestionó el alcance del fuero penal militar.
Por eso aunque Otálora fue elegido por una impresionante mayoría y a pesar de las calidades incuestionables de sus competidoras logró rápidamente asegurar el apoyo de las bancadas de la U, liberales, conservadores y el Gobierno, el resultado de su gestión como defensor ya no dependerá de ese apoyo.
La primera tarea que tendrá Jorge Armando Otálora en la Defensoría será romper con el silencio de Volmar Pérez, asumir una agenda política de defensa de los derechos humanos y para eso, si es necesario, hacer lo que Pérez no hizo, enfrentarse con sus electores.
