Se acaba de aceptar una nueva demanda en contra de su elección en el Consejo de Estado ¿Le da miedo eso?
No. Confío en mi juez natural. Las autoridades tenemos controles y eso es normal en la actividad pública. Los ciudadanos tienen instrumentos para lograr esos controles y eso me parece sano.
Muchos sectores sienten que a usted nadie lo controla. ¿Quién controla a la Procuraduría?
El procurador tiene controles institucionales y sociales. Mi juez disciplinario es el Consejo de Estado, además tengo un juez penal. El fiscal me investiga y la Corte Suprema me juzga.
¿Cómo ve el enfrentamiento entre la Fiscalía y miembros del Consejo de la judicatura?
Las divergencias entre instituciones deben dirimirse en los escenarios institucionales. Sin embargo, las controversias en muchas ocasiones, más que generar crisis institucionales, lo que demuestran es su fortaleza. A mí no me escandalizan.
¿Y a todas estas cómo esta su relación con el fiscal general?
La relación personal es muy buena, a veces desayunamos o tomamos tinto. Pero desde luego discrepamos en los aspectos conocidos y eso lo que demuestra es la vitalidad de nuestro sistema jurídico y político. Gracias a Dios acá no existe el unanimismo.
¿Qué hay detrás del choque entre la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura? Se habla de presiones para que se dé una reforma a la justicia.
Es difícil saberlo. No pienso en principio que ese sea el móvil de las controversias entre ambos órganos judiciales.
¿Cree que hay sectores que se están moviendo en aras de desestabilizar el sistema judicial?
Esa es una hipótesis que he oído y que a mí no me parece traída de los cabellos. Puede haber sectores a los que les interese crear escenarios para justificar esas reformas.
¿Apoyaría una nueva reforma a la justicia?
Si una reforma se dirige a resolver su gran talón de Aquiles, que es la congestión, es indudable que sería bienvenida. Reforma que no ameritaría, como algunos creen, modificación constitucional. Con simples medidas de gerencia judicial podrían solventarse adecuadamente.
¿Por qué razón pidió usted la nulidad del fallo de la Corte Constitucional que le exige nombrar por concurso a los funcionarios de la Procuraduría y no a dedo?
Porque la Corte Constitucional condena a que dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del fallo se inicien los procesos administrativos para convocar un concurso para 735 personas. Y éste no se puede convocar con la premura que considera la Corte. Para ello debemos hacer licitaciones, implica altos costos que el actual presupuesto de la Procuraduría no puede cubrir. Por otro lado, la Corte equipara a los procuradores judiciales con los magistrados y los jueces, pero no existe ni régimen de carrera ni órganos de administración que se puedan equiparar.
¿Cómo no interpretar que eso se debe a que usted quiere seguir nombrando esos cargos a dedo?
Si se interpreta así es por desconocimiento de la realidad jurídica y administrativa. No puedo hacer concurso con la premura ordenada, tengo las limitaciones presupuestales. No olvide que el presupuesto aquí depende de la Nación.
Usted pidió otra nulidad ante la Corte Constitucional por la sentencia de las pensiones millonarias. ¿Cuál es la lógica económica en este caso, a diferencia de la anterior?
Mi posición frente a las pensiones ha sido consistente y coherente desde hace 20 años. Lo que pasa es que hoy el asunto pasa por dos posiciones, una de conveniencia y otra jurídica. Respecto a la de conveniencia, ésta se apoya en criterios de orden económico o de sostenibilidad fiscal. Sin embargo, dicha postura deja de lado un asunto superior como el de los derechos adquiridos, que justifica la posición de la Procuraduría. Por tal razón consideré que la sentencia de la Corte debía anularse. Yo acepto que eso, en materia de conveniencia, puede ser cuestionable. Pero jurídicamente es incuestionable.
¿Ustedes han sido muy críticos desde la Procuraduría con la Corte Constitucional, qué pasa entre estos dos entes?
La Procuraduría tiene roles constitucionales que tienen que ver con la defensa y promoción de los derechos humanos, de los derechos colectivos y del patrimonio publico. Lo que ocurre es que en el ejercicio de la función judicial para defender esos derechos no es frecuente el unanimismo y para dirimir esas controversias están los instrumentos que ofrece el ordenamiento jurídico.
¿Cree que en esos enfrentamientos que ha tenido con la Corte Constitucional, ésta ha actuado bien?
Respeto sumamente el actuar de la Corte, porque creo en la institucionalidad. No obstante, dentro de ese respeto hemos considerado que en algunos eventos ha habido desconocimiento de los precedentes judiciales sobre diversidad de temas. Y hemos señalado nuestra posición. Las discrepancias han sido exclusivamente jurídicas. Esos debates no deben escandalizar a nadie, son naturales. No se puede pretender en las sociedades contemporáneas que haya unanimismo sobre temas tan candentes.
Me da pie para preguntarle sobre el proceso de paz. ¿Qué opina del ofrecimiento del Eln?
Si no se van a negociar nuestras instituciones y se realiza sin impunidad, pues es bienvenido. Una cosa es el deseo que todos tenemos de la paz y otra cosa las condiciones que se deben tener para lograrla. Hace ya casi un año el presidente Santos me preguntó qué opinaba de un diálogo con las Farc. Yo le dije: “Presidente, cautela”. Como epílogo de esa conversación añadí: “mucho cuidado con una constituyente”.
¿Sigue pensando igual?
Hay unos inamovibles, unas cláusulas pétreas en las cuales no puede transigirse. No puede aceptarse una paz armada, no puede admitirse que las Farc no entreguen las armas.
Las Farc lo que han dicho es que dejan las armas en custodia como un modelo que ha existido en otras partes del mundo. ¿Por qué no podría ser posible?
Porque si usted analiza con detenimiento las Farc lo que sostienen es que las armas no las entregan hasta que no se cumpla el último de los acuerdos, porque es la garantía para que éstos se cumplan. Lo que el gobierno sostiene es que una vez firmados los acuerdos las armas se deberían entregar. Por eso sostengo que uno de los inamovibles, porque hay varios, debería ser ese.
Sí, pero que no se entreguen las armas no significa que se esté en utilización de ellas…
Eso es una ilusión. Es imposible garantizar la no repetición en esos términos. Pero es que hay más: las Farc piden impunidad porque ni siquiera les sirve el marco jurídico para la paz. Hoy la discusión del marco jurídico es inútil porque las Farc no lo aceptan. No aceptan ser judicializadas ni por nuestros jueces ni por ningún otro. Ellos no se consideran victimarios sino víctimas y en esas condiciones es imposible un dialogo donde se admita la impunidad. Es imposible admitir que quienes son responsables de delitos de lesa humanidad y genocidios sean actores políticos.
¿Es decir, usted se opone a que las Farc hagan política?
Los miembros de las Farc que sean responsables de esos delitos internacionales, claramente no.
¿Cuáles serían las condiciones en una negociación?
En la justicia transicional se aceptan las reducciones sustanciales de la pena, pero lo que nunca se ha admitido es la impunidad. Aquí tenemos justicia transicional desde 2005. Que los guerrilleros rasos sean amnistiados e indultados, pero no los responsables de delitos de lesa humanidad. Pueden beneficiarse de reducciones de penas, como aconteció en Justicia y Paz con líderes paramilitares, condenados a penas entre cinco y ocho años.
¿Ningún miembro del secretariado de las Farc puede beneficiarse de indultos?
No podrían beneficiarse de la impunidad que algunos quisieran porque son las cabezas de una empresa criminal y responsables de todos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos.
En ese orden de ideas no tendría ningún tipo de viabilidad el proceso de paz…
Lo que ellos quieren es impunidad y eso el Estado no puede aceptarlo. No se trata de la posición del Procurador, sino lo que ha dicho el sistema interamericano de derechos humanos, el Estatuto de Roma, los convenios de Ginebra.
Hay quienes dicen que usted no debería opinar sobre lo que está sucediendo en la Habana. ¿Eso está dentro de sus funciones?
Si hay algo en lo que debe intervenir el procurador es en este tema, por eso esta plenamente justificada mi actuación. Simplemente estoy advirtiendo los riesgos que observo. He hablado y seguiré hablando porque pienso que después se me podría endilgar el silencio. El mismo presidente ha advertido tímidamente todo lo que yo he dicho. Lo que pasa es que el procurador suscita algunas reacciones alérgicas en lo que dice.
¿Respecto de un proceso de paz, jurídicamente la Procuraduría tiene alguna función disciplinaria en la forma en que se ha llevado a cabo?
No. Las decisiones que se tomen en La habana no tienen ningún valor jurídico sino político. Eso se tiene que institucionalizar cuando pase por el Congreso. Es en ese escenario donde el procurador deberá intervenir.
¿Qué opina de las marchas que está organizando el alcalde Gustavo Petro contra el pliego de cargos de la procuraduría?
Los ciudadanos públicos tienen diferentes formas de expresar su inconformidad o complacencia frente a las decisiones que las autoridades disciplinarias formulen. El doctor Petro tendrá que ejercer su derecho a la defensa y puede estar absolutamente tranquilo de que se le respetará el debido proceso.
El alcalde ha dicho que este pliego de cargos tiene una carga ideológica y asegura que, por ejemplo, del carrusel de la contratación no ha habido ninguna investigación de la Procuraduría. ¿Por qué este proceso ha sido tan rápido en comparación con otros?
En materia del carrusel de la contratación fue la procuraduría la primera que emprendió investigaciones. Recuerde las audiencias verbales contra el contralor distrital, un representante a la cámara por Bogotá, un senador hermano del alcalde Moreno que fue suspendido y sancionado por la Procuraduría. Si hay alguien activo en materia de los carteles de la contratación de Bogotá ha sido la Procuraduría. Lo que sucede con los concejales es que hasta ahora se están conociendo las pruebas que reposan en la Fiscalía.
¿Acaso las dos entidades no comparten las pruebas?
No siempre, por razón de la diferencia en la naturaleza de los procedimientos. En el caso de los concejales las pruebas no se habían descubierto, por eso no teníamos la posibilidad de acceder a ellas.
¿Por qué pareciera que está haciendo carrera que es lo mismo equivocarse que ser corrupto? ¿No pueden los funcionarios equivocarse?
El derecho disciplinario protege la función pública no sólo de la corrupción sino también de las irregularidades administrativas en las que puedan incurrir los servidores públicos. Yo no hice el Código Disciplinario de 2002. En el artículo 48 hay cerca de 63 faltas gravísimas que no solamente incluyen las relativas a corrupción, que son muy pocas. La mayoría tienen que ver con temas administrativos que protegen a la función pública de equivocaciones de servidores públicos.
¿No pesa el ingrediente político en las decisiones de la Procuraduría?
No. Y no puede ser porque mi entidad tiene control judicial, yo no puedo hacer lo que yo quiera.
¿Control judicial de quien?
Del Consejo de Estado. Todas las decisiones de la Procuraduría son actos administrativos y como tales el juez contencioso puede anularlos por falsa motivación o desviación de poder.
¿Alguna vez en la historia eso ha ocurrido?
Cuando yo era consejero de Estado en el tribunal le anulamos varías decisiones al procurador de la época.
Siendo el Consejo de Estado tan cercano a usted parece difícil que eso pueda pasar…
Creo y respeto profundamente a los magistrados del Consejo de Estado.
¿Cuándo Bogotá conocerá la decisión sobre el alcalde?
Según la ley serían seis meses. Pero en un proceso se pueden presentar nulidades, interponer recursos. No sabría decirle a ciencia cierta.
¿Todavía se habla de su intención de ser presidente, tiene ese objetivo a futuro?
Cada día trae su afán y yo hoy quiero ser buen procurador. Por eso quise reelegirme. Si hubiera querido lo otro no me hubiera reelegido.
