Al menos siete oficiales de la Policía tendrían también relaciones con grupos ilegales, tal y como ocurrió con el exjefe de seguridad de Presidencia, el general Mauricio Santoyo.
Así lo denunció ayer el representante a la Cámara del Polo Iván Cepeda, durante un debate en la Comisión Segunda, en el que se analizó el caso de Santoyo, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos y confesó sus nexos con grupos paramilitares.
Cepeda le dijo a EL TIEMPO que contra estos uniformados «hay unos indicios que señalan que estarían puestos al servicio de distintas operaciones ilegales: contacto con paramilitares en Santa Fe de Ralito, fabricación de testimonios contra el entonces senador Gustavo Petro y labores de hostigamiento contra el periodista Daniel Coronell».
Los oficiales de los que habló el congresista son los generales retirados Jorge Daniel Castro, Teodoro Campo, Julio César Santoyo y Flavio Buitrago Delgadillo; los coroneles Luis Alfredo Rodríguez Pérez y Jorge Vargas Peña, y el mayor Mario Fernando Herrera.
Según Cepeda, sus denuncias son fruto de «un rastreo de procesos judiciales y de información que hemos recibido por distintas vías».
Luego de escuchar las conclusiones del congresista, el general Édgar Orlando Vale Mosquera, subdirector de la Policía y director encargado, afirmó que pidió a la Fiscalía que inicie una investigación.
El general Vale aseguró que la Inspección General de la institución tiene investigaciones contra oficiales, «y dentro de ellas hay casos de comprometimientos con todo», y que se han tomado medidas. Aclaró que «son un porcentaje muy pequeño frente a la grandeza de la institución».
Al ser consultado sobre el tema, el general Jorge Daniel Castro dijo que no se iba a referir a las acusaciones, las cuales calificó de «muy graves e injustas».
Y el general Campo, exdirector de la Policía, tampoco respondió porque, según dijo, estuvo en un debate hace 15 días en el que se hicieron los mismos señalamientos. «Me menciona como si a mí me hubiera impulsado Pedro Juan Moreno, cuando yo no lo conocía a él, ni tuve ningún trato con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe», aseguró.
El exmandatario ha manifestado su rechazo a las actuaciones del general Santoyo y en una carta al embajador de Estados Unidos en Colombia, Peter Michael McKinley, pidió que lo investiguen para «salvaguardar» su «derecho al buen nombre y a la honra».
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