“La expresión ‘bacrim’ desconoce la naturaleza de tales organizaciones, su estructura y modus operandi. La realidad de la confrontación armada nos muestra que su accionar violento conculca gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Con estas palabras, directas y concisas, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, puso de nuevo sobre la mesa un viejo debate: que las bacrim son mucho más que simple delincuencia. En un documento enviado al ministro de Defensa, rotulado como “urgente”, Otálora fue aún más directo al sostener que, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, las bacrim no pueden ser consideradas otra cosa que un actor armado.
Con este argumento, Otálora pasó a engrosar la lista de voces que vienen insistiendo en que el gobierno nacional deje de considerar sólo como bandas al servicio del narcotráfico (es decir, delincuenciales) a grupos como ‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Paisas’ o las ‘Águilas Negras’. Basado en informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) elaborados a lo largo del año, Otálora señaló que tener poder sobre los cultivos ilícitos o las rutas de droga no es el único interés de estas organizaciones. Al contrario, cada vez es más evidente que también les interesa el control de la población o castigar a las personas de quienes sospechan que colaboran con sus enemigos.
Como lo han hecho los grupos armados ilegales en Colombia, esas bandas criminales provocan desplazamientos forzados y asesinan colectiva y selectivamente. Por ejemplo, según las cuentas de la Defensoría, ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’ son los responsables de que 365 personas hayan tenido que abandonar sus hogares en Segovia y Remedios (nordeste antioqueño) en lo que va corrido del año, y de que otras 268 hayan sido asesinadas en esos mismos municipios. En Buenaventura se cuentan más de 2.000 desplazamientos intraurbanos, en los barrios, además de atentados con granadas y desapariciones forzadas.
En Vichada y Guaviare, advierte la Defensoría, hay grupos ilegales provenientes de los bloques paramilitares que se aprovechan del aislamiento geográfico y la falta de recursos estatales para intimidar, asesinar y desaparecer. En San José del Guaviare, incluso, han aparecido “listas negras” en las que se considera como objetivos de “limpieza social” a las prostitutas y los drogadictos. Las comunidades indígenas son —como lo han sido de las autodefensas y la guerrilla— particularmente vulnerables a la violencia de estos nuevos grupos, que además, anota la Defensoría, tienen la capacidad de reclutar a niños y jóvenes, tanto para “destinarlos a actividades bélicas” como para utilizarlos en actividades sexuales.
Organizaciones como Human Rights Watch llevan buen tiempo llamando la atención sobre este asunto. Desde 2010, esta ONG internacional ha señalado en sus reportes que las bacrim no son más que herederas de los ‘paras’, un resultado “predecible de una desmovilización deficiente”. Según el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, “operan en las mismas regiones y tienen vínculos con el narcotráfico”. Juan Carlos Jiménez, investigador de Indepaz, señaló que los paros armados o la aparición de una nueva bacrim en El Catatumbo “son sólo algunos ejemplos recientes que demuestran la dimensión que está tomando el fenómeno paramilitar”.
El presidente Santos se ha inclinado, como su antecesor Uribe, por la postura de que las bacrim son sinónimo de delincuencia. Sin embargo, a finales de agosto, se radicó en el Congreso una iniciativa para atacar una de las problemáticas que precisamente resaltó Otálora en su comunicación al ministro Pinzón: que las Fuerzas Militares no combaten a las bacrim sino que delegan esta misión en la Policía, por considerarlas “simplemente” redes delincuenciales. De ser aprobado el proyecto, estas bandas estarán en el mismo nivel de la guerrilla. Sin embargo, comprender su participación en el conflicto y la manera como afectan a los civiles requerirá un esfuerzo mucho mayor que aprobar una norma.
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