A los tribunales de Justicia y Paz comenzará a llegar una avalancha de solicitudes de libertad de exparamilitares, que en el segundo semestre de este año cumplirán los 8 años de pena alternativa, acordada en el proceso de paz de Santa Fe de Ralito con las Auc.
Esas peticiones, explicaron fuentes del tribunal, serán resueltas por magistrados, que estudiarán caso por caso si los postulados en Justicia y Paz cumplieron o no con cinco compromisos: contar la verdad, reparar a sus víctimas, buen comportamiento, su reintegración y no volver a delinquir después de la entrega de armas. Como el análisis se hace de manera individual, “no habrá una salida masiva”, explicó una fuente del Tribunal.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo, en entrevista con EL TIEMPO publicada este domingo, que en total son 1.147 los desmovilizados que hoy están en cárceles y que podrán hacer la solicitud. Aseguró que el ente investigador no pondrá trabas para expedir los certificados de aval a quienes en realidad cumplieron los compromisos, sin importar si no han sido condenados. Hasta la fecha, la justicia ha expedido tan solo 15 condenas y en Justicia y Paz hay 2.784 postulados.
Fuentes de la Fiscalía dijeron que, en el proceso de libertad, los desmovilizados deberán radicar la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento ante el Tribunal. Luego, la Fiscalía emitirá certificados para cada caso, en los que debe indicar si el postulado cumplió o no.
Montealegre afirmó que ese trámite no debe tardar más de tres meses. Por eso, desde ya unidades especiales de la Fiscalía trabajan en detectar posibles contradicciones en los testimonios entregados por los exparamilitares, tanto en las versiones libres como en procesos penales ante la Corte Suprema u otras instancias.
También, tratan de establecer si, después de la entrega de armas tras la desmovilización, escondieron sus bienes.
“Estamos revisando si propiedades que debían ser entregadas al Fondo de Reparación fueron puestas a nombre de terceros. O si los nombres de postulados están involucrados en procesos penales por hechos ocurridos después de su desmovilización”, explicó una fuente de la Fiscalía. Con esos certificados, los magistrados decidirán si conceden o no la libertad o con medidas como la vigilancia electrónica. Este año ya han ordenado la libertad de tres desmovilizados.
Según las cuentas del Gobierno, este mes 60 podrán iniciar el trámite, entre ellos varios exjefes ‘paras’, y esa cifra crecerá a partir de mediados de agosto. En su actualización, la Ley de Justicia y Paz fijó que la suma de los 8 años de pena alternativa comienza en su reclusión en centros carcelarios, y que, así se declare la libertad, los postulados deberán seguir acudiendo a las audiencias.
En caso de que más adelante la Fiscalía establezca que escondieron bienes y volvieron a delinquir, podrán ser recapturados y perderán los beneficios.
Víctimas, en alerta
Aseguran que temen por su seguridad
Ludys de la Ossa, representante de la Mesa Nacional de Víctimas, dice que la libertad de exparamilitares y sus jefes puede poner en riesgo la seguridad de las víctimas. “Sentimos que muchos de los que podrían quedar libres no han sido claros del todo con las víctimas. Sentimos miedo”, dijo.
Agregó que los desmovilizados saben dónde viven y podrían tomar represalias una vez estén en libertad.
A esa alerta se suma la que la misma Fiscalía ha lanzado de que ‘exparas’ puedan volver a delinquir. “Unidades de inteligencia y de investigación criminal tendrán la misión de establecer si vuelven a delinquir”, informó la Fiscalía. Por su parte, Janeth Bautista, presidenta de la Fundación Nidya Érika Bautista, que atiende a víctimas de desaparición forzada, dijo que los postulados aún no han contado toda la verdad.
Exjefes de Auc que este año cumplen la pena alternativa
Ramón Isaza, el ‘Viejo’, cumple la pena alternativa el 15 de agosto próximo. La Unidad de Víctimas dice que entregó menos bienes que otros postulados de su bloque, el del Magdalena Medio.
El 12 de junio se ordenó la libertad de Édgar Fierro Flórez, ‘don Antonio’. Fiscalía y víctimas apelaron al considerar que tiene procesos pendientes y no ha reparado a todas sus víctimas.
Edward Cobos Téllez, ‘Diego Vecino’, ya pidió su libertad. La Fiscalía debe resolver la compulsa de copias que hizo la Corte Suprema por presunto falso testimonio.
En agosto, Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, cumple 8 años en prisión. Su negativa a declarar sobre nexos de políticos con las Auc es motivo de revisión por la Fiscalía.
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