La banda criminal prohibió la distribución de alimentos en el pueblo. Las tiendas cerraron y las familias que viven allí están en riesgo de desplazarse por las amenazas y el control armado.
En Achí, municipio del suroccidente de Bolívar, atravesado por el río Cauca y vecino del departamento de Sucre, nadie quiere hablar. El miedo lo impusieron las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’, y sus controles afectan a por los menos tres mil personas.
La situación ocurre desde hace varias semanas, cuando integrantes de  esta organización criminal que hacen presencia en la región les  prohibieron a los habitantes de varias veredas el acceso a alimentos,  obligaron a los dueños de las tiendas de víveres a cerrar, restringieron  la circulación por las calles después de las seis de la tarde y les  impusieron ‘cuotas’, extorsiones que deben pagar en dinero, con  alimentos o con lo que tengan en sus casas (Ver mapa Sur de Bolívar)
 
La situación no es muy distinta a la documentada por VerdadAbierta.com sobre la Alta Guajira (Lea: ‘Águilas Negras’ amenazan de muerte a indígenas Wayúu).
 
Las víctimas de esta zona de Bolívar son campesinos que viven en el  centro de La Mojana, región irrigada por los ríos Cauca, San Jorge y  Magdalena, que forman ciénagas y caños, y que está conectada con los  departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba, Santander y Sucre. Este  atractivo geográfico ha sido utilizado desde hace cuatro décadas por la  guerrilla y de forma reciente por ‘Los Urabeños’, que buscan el control  de la producción de cocaína en la región.
 
Las autoridades y las organizaciones de víctimas que conocen el  Magdalena Medio advierten que los corregimientos más críticos son Río  Nuevo y Tacuyalta, que están sobre una subregión conocida como El  Corcovado, donde la banda criminal tiene confinada, es decir aislada, a  la población. La amenaza es tal que por lo menos tres mil personas están  en riesgo de desplazarse de forma masiva por miedo.
 
Aunque nadie se atreve a señalar a los responsables, los pobladores  de Achí están atemorizados no solo por las prohibiciones que impuso la  banda criminal sino por los asesinatos que han ocurrido en lo que va de  2014. Los medios de comunicación local registraron en enero el asesinato  de un mototaxista y en julio, los de otro conductor y un comerciante. A  principios de agosto, en las aguas del río Cauca, los habitantes  encontraron un cuerpo decapitado.
 
Sin embargo, las autoridades tienen conocimiento del ‘camino de la  muerte’, una trocha entre Achí y el vecino municipio de Tiquisio, donde  ‘los Urabeños’ torturan y luego asesinan a sus víctimas, la mayoría de  ellas provenientes de los municipios de Guaranda, en Sucre, o de  Tiquisio y Montecristo, en Bolívar.
 
En la región, cuentan algunos pobladores, ‘Los Urabeños’ visten de  civil y cobran en las veredas ‘vacunas’ a los mineros que explotan oro y  a los cultivadores de coca. “Las bandas criminales se instalaron en la  zona porque quieren controlar el negocio del narcotráfico. Para eso han  hecho alianzas con la guerrilla”, indica un conocedor de la región cuya  identidad se reserva por razones de seguridad.
 
Una estrategia de ‘los Urabeños’ para aumentar no sólo el número de  integrantes en sus filas sino para ‘controlar’ la región ha sido el  reclutamiento. Con promesas de un pago en dinero o de regalos, los niños  son utilizados como ‘delatores’, recolectores de hoja de coca conocidos  como ‘raspachines’ o vigilantes de las retroexcavadoras que rasgan la  tierra para extraer oro. Autoridades locales advierten, además, que  algunas niñas han sido abusadas sexualmente, pero nadie se ha atrevido a  denunciar la tragedia por temor a represalias.
 
El lastre que carga el sur de Bolívar
Las  tierras de Achí son fértiles y de ello sabían los colonos provenientes  de la Costa Caribe, los Santanderes, Boyacá y del Oriente antioqueño,  que pronto lograron convertirlas en sembradíos de pancoger y arroz. Sin  embargo, el complejo cenagoso también fue un atractivo para los  narcotraficantes, quienes, en los años ochenta, vieron allí una ‘mina’  para el negocio del tráfico de estupefacientes. En la zona podían  sembrar hoja de coca, procesarla, extraer la cocaína y distribuirla por  un circuito que va del sur de Bolívar, cruza los departamentos de  Córdoba y Sucre, hasta llegar al Golfo de Morrosquillo, desde donde se  embarca a los mercados internacionales.
 
El drama de Achí es una réplica de lo que sucede en el sur de Bolívar  y en otros municipios como Tiquisio, Norosí y Arenal. El narcotráfico  ha sido el combustible de la violencia que han generado guerrilleros,  paramilitares y de forma más reciente, las bandas criminales. Según  varios informes de organizaciones de derechos humanos, los primeros en  quitarles la tranquilidad a los pobladores fueron los subversivos del  Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y las Compañías Simón Bolívar y  Guillermo Ariza, del Eln, así como el Frente 37 de las Farc.
 
En complicidad con los narcotraficantes que estaban en la zona, que  ya habían incluso instalado pistas para el aterrizaje de avionetas para  el transporte de la droga, la guerrilla se hizo más fuerte atemorizando a  la población. Los insurgentes se encargaban de controlar el cultivo y  les cobraban a los traficantes la coima o gramaje por la cantidad de  hoja que luego sería procesada. Estos cobros también se los exigían a  los mineros. En Norosí, por ejemplo, un pueblo donde hay explotación  aurífera, la guerrilla extorsionaba a todo aquel que sacara una pepita  de oro.
 
Según lo documentó la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía  (anteriormente conocida como de Justicia y Paz) a finales de los años  noventa, el negocio comenzó a ser disputado por facciones de las  Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). A finales de 1995,  los hermanos Castaño tenían un brazo del paramilitarismo en la región.  Comenzó a ser conocido como el Frente Mojana, liderado por Eder Pedraza  Peña, alias ‘Ramón Mojana’, sembrando el terror en varios municipios de  Sucre y Antioquia, así como en Montecristo, San Jacinto y Achí, en  Bolívar.
 
A partir de 2000, en el sur de Bolívar también hizo presencia otro  grupo paramilitar, un tentáculo de las Autodefensas Unidas de Colombia  (Auc), se trató del Bloque Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar,  bajo el mando de Rodrigo Pérez Alzate. Este grupo operó en San Blas,  Morales, Tiquisio, Río Viejo, Arenal, Simití, Santa Rosa del Sur,  Paraíso, Vallesí, El Piñal, San Luis, Pozo Azul, San Pablo, Cantagallo,  Barranca de Loba, Altos de Rosario, el Peñón y Castilla.
 
Guerrilleros y paramilitares entraron en guerra por el dominio del  negocio, situación que ocasionó masivos desplazamientos de población  civil entre 1997 y 2006 de los dieciséis municipios que integran el sur  de Bolívar, según el registro de la Unidad Nacional de Víctimas (Ver tabla aquí).  El período de presencia paramilitar también generó una ola de violencia  que expulsó a mucha gente del campo y que terminó viviendo en  asentamientos construidos irregularmente en poblaciones de los  departamentos limítrofes.
 
El Bloque Sur de Bolívar se desmovilizó en enero de 2005 y un mes  después lo hizo el Frente Mojana, bajo los acuerdos de las Auc con el  gobierno nacional. Por decisión del entonces presidente de la República,  el máximo jefe de ese grupo armado, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias  ‘Macaco’, y ‘Ramón Mojana’ fueron extraditados en mayo de 2008 a  Estados Unidos para que respondieran por cargos asociados al tráfico de  drogas. Por su parte, alias ‘Julián Bolívar’, espera que la Corte  Suprema de Justicia decida una solicitud de extradición.
 
En la región los pobladores pensaron que con la dejación de armas de  las distintas facciones de las Auc se iba a reducir la violencia, pero  la guerrilla siguió en la región y el conflicto recrudeció con la  aparición de las bandas criminales, surgidas a mediados de 2006, una vez  concluyeron las desmovilizaciones colectivas de las Auc.
 
Los pactos rotos
La violencia que hoy sufren los  habitantes de Achí es el resultado de la mutación de los actores  armados y de alianzas rotas entre ellos. Después de la desmovilización,  en la zona aparecieron hombres rearmados que llegaron amenazando con el  rótulo de ‘Águilas Negras’. Más tarde mutaron y se incorporaron a las  ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.
 
Viendo que tenían una nueva competencia en terreno, las guerrillas de  la zona decidieron hacer un pacto en 2009. El Eln y de las Farc  acordaron que retomarían el control de la producción y rutas del  narcotráfico, y que sostendrían el ‘modelo’ de financiación de su  aparato de guerra con el cobro de extorsiones a la producción de cocaína  y a la extracción de oro.
 
Después de Nariño, Putumayo, Guaviare, Cauca y Meta, Bolívar fue  entre 2007 y 2009 uno de los municipios del país con más hectáreas de  coca sembradas al año, 5 mil hectáreas, según el Informe de la Oficina  de las Naciones Unidas contra la Droga y El Delito. (Ver tabla de hectáreas cultivadas)
 
De acuerdo con registros de las autoridades, el pacto entre las  guerrillas se quebró en 2011 cuando el Frente 37 de las Farc se alió con  ‘Los Urabeños’. El nuevo acuerdo consistió en hacer una llave para  sacar del ‘negocio’ al Eln. En agosto de 2011, la prensa local registró  una masacre en la vereda Casa de Zinc, municipio de Montecristo. Según  los testigos, integrantes de la banda criminal llegaron a un  asentamiento y asesinaron a tres personas acusándolas de ser  “colaboradores del Eln”.
 
‘Los Urabeños’ instalaron, desde 2011, varios retenes en los caminos  veredales, reteniendo a jóvenes, varios de ellos mototaxistas, para  extraerles información; también comenzaron a reclutar menores. Para ese  año, las autoridades advirtieron que a los niños que utilizaban como  ‘raspachines’ les pagaban 800 mil pesos al mes, mientras a quienes les  encargaban el cuidado de las retroexcavadoras para la explotación del  oro les daban 200 mil pesos.
Según datos del Dane, los municipios del sur de Bolívar presentan  altos índices de pobreza. En Tiquisio, por lo menos 12 mil de 60 mil  habitantes viven en la miseria, lo que hace a los niños y jóvenes más  susceptibles de ser reclutados.
 
En la actualidad, la alianza Farc-Urabeños continúa. Los primeros se  encargaban del cultivo y la producción, mientras los segundos compran,  distribuyen y exportan. Las autoridades han identificado que una gran  parte de los integrantes de la banda criminal son exparamilitares de  diferentes grupos, la mayoría del Bloque Central Bolívar y del Frente  Mojana que conocen las rutas del narcotráfico.
 
Con amenazas y crímenes, la banda criminal ha logrado atemorizar a  toda la población. El más reciente caso fue el del concejal de Tiquisio,  Yair Guillermo Hernández, quien presuntamente fue asesinado por no  haber pagado unas extorsiones que pedía el grupo armado ilegal.
 
En Achí, ‘Los Urabeños’ se creen los dueños de todo, al punto que  hasta prohibieron el tránsito de animales incluso antes de caer la  tarde, controlan la duración de las llamadas telefónicas que hacen los  habitantes y ahora, el acceso a alimentos.
 
Las autoridades locales hacen un llamado urgente al gobierno nacional  para que ponga los ojos sobre esta región y todos los municipios del  sur de Bolívar, pues sus habitantes no se atreven a contar lo que sucede  por miedo a que ‘Los Urabeños’, como han hecho otros casos, cumplan con  las amenazas.
	
 


					