Cerca de 40 miembros de la Fuerza Pública al parecer trabajaron de la mano con los ‘paras’ del Bloque Libertadores del Sur. Solo dos han sido condenados por estos hechos y diez de los cuestionados siguen activos, incluido el actual subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
“Sin límites”, así calificaron los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá la articulación en el departamento de Nariño de militares, policías, políticos y empresarios con el proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) liderado en esa región por el Bloque Libertadores del Sur.
“En Nariño el nivel de penetración e influencia del Bloque en la escasa institucionalidad no tuvo límites, diversas autoridades, actores políticos, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado (Ejército y Policía), la rama judicial, entre otros, se involucraron en el accionar criminal de la estructura armada ilegal”, se lee en la sentencia condenatoria contra Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, jefe de esa facción armada ilegal adscrita al Bloque Central Bolívar.
En el extenso documento que contiene el fallo, los magistrados consignaron los nombres de los miembros del Ejército y la Policía que supuestamente se aliaron con los paramilitares en Nariño. La decisión recoge versiones de los desmovilizados del Bloque Libertadores del Sur entregadas a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía durante los últimos años como parte de sus compromisos con la justicia transicional.
Entre los uniformados mencionados se destaca el coronel Raúl Pico Poveda, quien, en grado de capitán, estuvo destacado en la estación de Policía de Tuquerres. Hoy se desempeña como subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
También está referenciado el capitán Juan Carlos Dueñas Mejía, del grupo Mecanizado Cabal No. 3 de Ipiales, quien está prófugo de la justicia, y el coronel retirado Luis Alberto Cuellar Rojas, excomandante del Batallón Batalla de Boyacá y actualmente es investigado por concierto para delinquir.
Haga clic aquí para descargar el listado completo de los militares y policías que fueron señalados en la sentencia contra el grupo paramilitar de ‘Pablo Sevillano’.
El fallo también menciona al coronel Henry Rubio Conde, quien fue el jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante la primera campaña presidencial en 2001. Al final de esa contienda electoral, Rubio fue reemplazado por el general Mauricio Santoyo, condenado en Estados Unidos por nexos con grupos paramilitares. (Ver:
Santoyo y los paramilitares)
Uno de los testimonios que incrimina a Rubio es el de Luis Alexander Gutiérrez, alias ‘Capi’, quien fue policía antes de unirse al grupo paramilitar. Ante fiscales de Justicia y Paz aseguró que el oficial se reunió con varios paramilitares para organizar el esquema de seguridad que iba a utilizar el entonces candidato presidencial en su visita a Ipiales y Pasto en 2001.
No es la primera vez que Rubio Conde es mencionado en procesos penales relacionados con grupos paramilitares. El exjefe del Bloque Norte de las Auc, Salvatore Mancuso lo señaló de tener vínculos con esa estructura armada que operó en la Costa Caribe.
Según la Fiscalía General de la Nación, fue Salvador Escobar, dueño de la empresa Lácteos Andinos Nariño, quien le pagó a los paramilitares para que “protegieran” al hoy senador Uribe. Por estos hechos el Ente investigador ya compulsó copias contra Escobar.
En una audiencia que realizó en Tumaco en febrero de este año, las víctimas les exigieron a la Fiscalía y a los exparamilitares la verdad sobre los auspiciadores del bloque, incluidos los miembros de la Fuerza Pública, los políticos y empresarios (Ver:
Las víctimas de Tumaco quieren la verdad)
¿Cómo funcionó la alianza?
Como el caso de ‘Capi’, varios desmovilizados pasaron por filas de la Policía y el Ejército antes de incorporarse a las Auc. De los 700 desmovilizados del Bloque Libertadores Sur, 180 hicieron parte de la Fuerza Pública, entre ellos Rafael García Moscote alias “Gallo”, suboficial de la Armada Nacional. Eso facilitó los primeros acercamientos.
Según las investigaciones de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, lo ‘paras’ buscaron a miembros de la Fuerza Pública para que no actuaran en contra de ellos, apoyarse mutuamente en los combates y posicionarse en zonas de disputa territorial con la guerrilla.
“Esto implicaba favorecimientos por parte de la autoridad, como complicidad en el asesinato de población civil (mal llamados falsos positivos), negociar información de inteligencia, realizar acciones armadas en contra de la población civil, ente otros”, aseveró el Ente investigador.
En algunas zonas del departamento de Nariño los militares suministraron armas, munición y material de intendencia e, incluso, buscaron a comerciantes que apoyaran la causa contrainsurgente en la región. Esa misma estrategia fue usada con miembros del DAS, quienes les facilitaron la llegada al municipio de Tumaco, puerto sobre el océano Pacífico.
Para mostrar resultados y ocultar la alianza criminal, los militares inventaron falsos combates. La Fiscalía encontró varios casos. Por ejemplo, en agosto de 2002, en el municipio de Rosario, se presentó un falso combate entre unidades del Ejército e integrantes del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, donde supuestamente murieron dos paramilitares.
Según la Fiscalía, solo se presentó un enfrentamiento real del Ejército con facciones paramilitares en diciembre de 2004 en zona rural del municipio de Leiva, en el que murió un soldado. Los mayores golpes contra grupos de las Auc los dio la Infantería de Marina, que tuvo ocho enfrentamientos con los paramilitares desde junio de 2001, primero en Tumaco y luego en Olaya Herrera.
Las otras alianzas criminales
Los exparamilitares también han confesado su cercanía con mandatarios y empresarios locales. La sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá asegura que entre el 2001 y 2005 los paramilitares tuvieron nexos con 15 alcaldías locales. (Ver listado completo de los alcaldes).
Los desmovilizados aseguraron que Eduardo Alvarado Santander, quien fue acalde de Pasto entre 2002 y 2003, recibió 20 millones de pesos de parte de Jesús Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’. En el fallo también figura Juan Carlos Quiñones, alcalde de Barbacoas entre 2002 y 2003, quien al parecer inscribió a 130 paramilitares en el Sisben y le entregó una placa conmemorativa al paramilitar Rodolfo Useda Castaño, alias ‘Julio Castaño’.
En su llegada al departamento, los paramilitares fueron financiados también por comerciantes, palmicultores, agroindustriales y ganaderos, en especial la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, Sagan.
