Esto después que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazara el recurso que buscaba precluir el proceso.
El juzgado segundo especializado de Bogotá programó para el próximo 22 de julio la reanudación del juicio que se adelanta contra el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo por su presunta participación en los hechos que rodearon la desmovilización de la compañía Cacica ‘La Gaitana’ de las Farc en el año 2006.
Esto después que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazara la solicitud de preclusión presentada por la defensa del excomisionado de paz, argumentando que la ley 418 de 1997 salvaguarda a las personas que participen en acercamientos, diálogos o negociaciones de paz, todo bajo el aval del Gobierno.
El proceso de Restrepo inició después de que la Fiscalía asegurara haber encontrado serios indicios de que la desmovilización de 62 guerrilleros, ocurrida en marzo de 2006, había sido un montaje por el que se les habría pagado a campesinos, habitantes de la calle y desempleados para que se hicieran pasar como pertenecientes a las Farc.
Los delitos por los que está investigado el excomisionado de Paz son concierto para delinquir, peculado, fraude procesal, y tráfico y porte ilegal de armas. La tesis de la Fiscalía es que Restrepo se prestó para engañar al Estado y aumentar las cifras de desmovilización durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
Restrepo, sin embargo, ha negado categóricamente las acusaciones.Asegura que su papel era de negociador político, pero que su gestión se basaba en la información de inteligencia que proveyera el Ejército y los organismos de seguridad. Es decir, que él no tenía manera –ni era su rol– de comprobar los antecedentes penales de quienes entregaran las armas.
En este proceso están vinculados los coroneles Jaime Joaquín Ariza Girón y Hugo Hernán Castellanos Jiménez, así como a los hermanos Miguel Alcides, Flor Inés y José Alfredo Pacheco y Alejandro Salazar Pacheco, así como los guerrilleros desmovilizados Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’ y Felipe Salazar, alias ‘Biófilo’ por una serie de delitos al haber propiciado el proceso de desmovilización de 64 supuestos guerrilleros de las Farc el 7 de marzo de 2006 en Alvarado (Tolima).